El Concejo Deliberante aprobó, en general, la ordenanza impulsada por el Ejecutivo municipal, con la cual se quiere dar un marco legal y otorgar beneficios a los vecinos que formen consorcios para la realización de obras como cordón cuneta y asfalto, una iniciativa que viene generando cuestionamientos de la oposición por la falta de precisiones sobre los fondos que aportará el municipio y la posibilidad de que una política de obra pública público-privada tienda a profundizar las desigualdades.
En este contexto, el jefe comunal, Pablo Petrecca, destacó que el proyecto surgió de la escucha y cercanía de su gestión con los vecinos y destacó su importancia en un marco de “discriminación por parte de la Provincia y Nación” para el envío de fondos a los municipios.
“Esta herramienta surge de escuchar a los vecinos, es producto de una escucha y cercanía, una marca registrada en nuestra gestión. De esa escucha y cercanía surge esta ordenanza, que no es más que otra herramienta que ponemos a disposición de los vecinos, de los barrios, de los fomentistas, para que puedan anticipar, en el caso de que los vecinos lo decidan, obras para sus barrios", afirmó Petrecca.
"Con esta ordenanza queda claro que no nos desentendemos de nuestra obligación como Estado, ya que es una herramienta que los vecinos podrán utilizar o no", remarcó el funcionario. Y añadió: "Esta ordenanza también establece que, aquellos vecinos que participen de un consorcio por obras, recibirán como reconocimiento un porcentaje de exención en el pago de sus tasas".
Y señaló: "En la actualidad tenemos muchas presentaciones hechas por grupos de vecinos que están dispuestos a aportar para la realización de algunas obras, como cordón cuneta o asfalto, pero cuando buscábamos una herramienta legal para poder avanzar, nos dábamos cuenta de que no la teníamos".
"Consideramos virtuosa esta asociación entre el municipio y los vecinos, y es mucho más efectiva cuando nos encontramos con un Estado provincial y nacional que no envía los fondos como debería mandarlos, que discrimina a los municipios, para que podamos seguir avanzando con más obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Por eso se hace más necesaria la intervención de este tipo de ordenanzas", argumentó.
"Estamos realmente muy contentos con la aprobación de esta ordenanza que impulsó el municipio y que sabemos que muchos vecinos estaban esperando. Es una herramienta muy importante para el desarrollo urbano y para el crecimiento de Junín", afirmó la concejal por Pro Melina Fiel. En este sentido, la edil aseguró que se trata de un método de trabajo ya probado y destacó el compromiso y la permanente voluntad de trabajo del intendente y su equipo para que Junín siga creciendo y generando oportunidades.
Por su parte, el titular de la dirección de Tierras y Vivienda municipal, Juan Mucciolo, afirmó: "Se trata de una modalidad de ejecución de obra pública en la que los beneficiarios de la obra contratan directamente a la empresa encargada de ejecutarla, pero la Municipalidad de Junín ejerce el control total: desde la aprobación del proyecto, hasta la recepción final".
"Esta modalidad permite un repago inmediato de la obra a través de los vecinos beneficiarios, lo que mantiene en cierta medida los precios y permite la ejecución de más obras".
Críticas del FDT
Pablo Petraglia, concejal por el Frente Renovador, afirmó a este diario: “El municipio no quiere informar cuándo y cuánto dinero destina en cada aporte. No se sabe a quién ayuda ni por qué monto. Proponíamos la creación de un fondo especial para cumplir con un fin público y que se afectara a los barrios que no pudiesen pagar, pero sigue todo atado a una lógica de mercado”.
Y amplió: “Aprobamos el proyecto en general, pero con muchas modificaciones que introdujimos en comisión, porque la iniciativa original tenía muchas falencias”.
En esta línea, el edil meonista advirtió, además, sobre un problema “técnico”, dado por el hecho de “cómo, cuándo y a qué título” se le cobrará la deuda a los vecinos que no firmen, “ya sea porque no quieren o porque no pueden pagar”. Y graficó: “Si hay diez vecinos, y firman siete, el costo total de la obra se prorratea en siete, a los tres restantes les va a cobrar la Municipalidad, y el Estado va a tener que hacer muchos trámites y burocracia, y no va a cobrar nunca”.
Clara Bozzano, concejal de La Cámpora, afirmó a este diario: “El Estado es el que tiene que llevar adelante la obra pública y obviamente es el que tiene que poner los fondos para hacer crecer los barrios y no que los vecinos, que ya bastante tienen con llevar adelante su vida, su trabajo, además de juntar el dinero y tener el trato directo con la empresa”. Y agregó: “El Estado debería estar ahí, porque es una obligación como gobierno”.
“Hay un porcentaje que va a aportar el municipio en cada consorcio, pero no indica qué porcentaje, es arbitrario, porque cómo va a decidir el municipio cuánto aporta en cada barrio, es discrecional. Nosotros propusimos que haya un porcentaje establecido para todos los barrios, porque aporta a la transparencia de la herramienta, pero no se aprobó”, agregó.
“Los consorcios los van a llevar adelante aquellos barrios que tengan el poder adquisitivo para hacerlo. Espero que todo el dinero que se ahorra el municipio llegue a esos barrios que no van a poder hacer obras a través de este mecanismo. Son muchos los barrios que necesitan obras y a los cuales el gobierno de Pablo Petrecca no está llegando con ninguna obra”, cuestionó.
Por su parte, el presidente del bloque opositor, Lautaro Mazzutti, afirmó: “Lamentamos que el bloque de Juntos no haya permitido incluir dentro de las modificaciones que el Ejecutivo debía informar el monto estimado o porcentaje con que el municipio contribuirá en cada uno de los contratos que se celebren en forma de consorcio”.
Y agregó: “Como así también, que se cree un Fondo Compensatorio afectado al desarrollo de obra pública en barrios donde no se puedan realizar consorcios por incapacidad de pago de los vecinos”.
COMENTARIOS