Ante la explosión del narcotráfico, los secuestros extorsivos y estafas virtuales organizados desde las cárceles, como se verifica en la crisis de seguridad que afronta Rosario, la Procuración General de la Nación exhortó al Gobierno a que extreme los recaudos para erradicar la utilización de teléfonos celulares en los penales y solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que coordine una política entre los diversos poderes del Estado para atacar el problema.
"No podemos permitir que con un celular se controlen las calles desde la cárcel", manifestó el director de Seguridad del municipio de Junín, Marcelo Loyola. Es que el crecimiento de estos delitos cometidos desde las cárceles, donde los presos tienen permitido utilizar teléfonos celulares -a raíz de la cuarentena por el coronavirus- sigue generando debate y preocupación.
Si bien la utilización de equipos o terminales móviles por parte de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios se encuentra prohibida por la ley 24.660, la llegada de la pandemia modificó la aplicación de las normas al verse restringidas las visitas a los reclusos en razón de la situación epidemiológica.
Así cobró fuerza la idea de que el uso de teléfonos celulares contribuía a mantener el vínculo de aquellos con sus grupos familiares y, de esta forma, contribuir al objetivo de resocialización al cual toda privación de libertad debe propender.
En contraposición a ese concepto, el crimen organizado sacó provecho de esta situación para seguir operando desde las unidades penitenciarias. En efecto, el secretario de Seguridad municipal, Andrés Rosa solicitó “derogar este protocolo que vino en un contexto como fue la pandemia” y pidió “implementar los inhibidores de teléfonos móviles”, explicó.
“Al quitarle esta herramienta, el Servicio Penitenciario debería recomponer lo que eran los teléfonos que hoy no están, ya que de esa manera tiene que existir el derecho a la comunicación y no como lo está hoy”, indicó.
“Está claro que se cometen delitos no solamente vinculados al narcotráfico, sino a todo lo que tiene que ver con las estafas virtuales con los cuentos del tío. Esta situación actual deteriora la seguridad interna de los penales e impacta en la seguridad de todo nosotros”, subrayó.
Por último informó que mantuvo una reunión con el juez de Ejecución Penal Silvio Galdeano “para conversar este tema y otras cuestiones como los beneficios y la falta de control y algunas situaciones que venimos observando”.
En la misma línea, Loyola destacó: “Hoy por hoy estamos viviendo una situación que es muy alarmante para la sociedad en general, según trascendió en medios nacionales en dichos del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el intendente de la ciudad de Rosario, quienes afirmaron que el 80% de los delitos que suceden allí son orquestados desde las cárceles”.
“No cabe dudas que con la pandemia los delitos orquestados vía celular crecieron, tras haberse permitido el uso de celulares durante la cuarentena porque los presos no podían recibir visitas”, señaló.
“La situación se agravó notoriamente ya que le abre una puerta al delincuente para seguir operando delitos de manera virtual o bien para orquestar robos que llevan a cabo sus secuaces”, explicó el funcionario.
“Hay delitos violentos que fueron planificados y guiados desde establecimientos penitenciarios, como secuestros extorsivos, amenazas coactivas etc. Autorizar el ingreso de un teléfono móvil sin especificaciones limitantes es definitivamente ensanchar, sin ninguna justificación, la brecha de vulnerabilidad que en términos de seguridad existe en las cárceles”, manifestó.
Sobre la posibilidad de volver a prohibir el uso de los teléfonos en las unidades penitenciarias, Loyola explicó que “requiere de una decisión política fuerte, implementando inhibidores de teléfonos, algo que es simple y acabaría con la corrupción carcelaria”.
“También hay que crear una unidad específica que investigue lo que sucede dentro de la cárcel. Este tipo de organización por parte del criminal en muchos casos no es ajena a los ojos de los agentes, sino que requiere de una eventual connivencia y esos agentes deben ser castigados”, concluyó. “De manera urgente”
La Procuración le pidió al Gobierno Nacional que “de manera urgente” tome medidas para evitar que desde las cárceles federales los jefes narcos sigan manejando el negocio de la droga y ordenen crímenes, secuestros y amenazas, como se detectó en investigaciones judiciales.
Para eso le volvió a enviar una serie de propuestas que le había remitido en octubre de 2021, como la instalación de inhibidores de celulares, más requisas en los pabellones y menos beneficios.
“En función de la extrema gravedad y relevancia de la problemática expuesta, reitérense al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, las recomendaciones formuladas por este Ministerio Público Fiscal el 12 de octubre de 2021, para que, de manera urgente, todos los organismos de la Administración Pública Nacional, extremen las medias”, señala la nota de la Procuración.
Los fiscales agregaron que así se debe “evitar los diversos factores que facilitan o promueven este tipo de maniobras y mitigar los serios deterioros que estos delitos representan para la sociedad, la seguridad interna dentro de los establecimientos penitenciarios y los distintos actores del proceso penal (jueces, fiscales, funcionarios y agentes de los poderes judiciales y ministerios públicos, víctimas, testigos y personal policial), atendiendo a la finalidad de la prevención general y, eventualmente, que informe las acciones que se hayan adoptado a esos fines”.
Además de la nota al Gobierno Nacional, la Procuración General —a cargo de Eduardo Casal— le pedirá al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, que se promueva un abordaje entre distintos organismos del Poder Judicial para continuar con el análisis de propuestas sobre el tema. Cabe destacar que esta semana se hicieron allanamientos en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Trelew a las celdas de los jefes de las organización de Rosario “Los Monos” y se encontraron dos celulares. Y en Trelew se halló en una celda un hueco en la pared por donde los internos se pasan los celulares.
Por ese motivo otro de los puntos fue la “complicidad de agentes penitenciarios con el crimen organizado”. Al respecto la PIA presentó un informe sobre las acciones que vienen realizando para prevenir e investigar la connivencia del SFP.
En octubre de 2021, la PROCUNAR elaboró un informe que dio cuenta de 19 casos de jefes narcos que desde las cárceles continuaban manejando el negocio de la droga y cometían otros delitos. “Se viene advirtiendo, con gran preocupación, el avance de una manifestación criminal que trae aparejadas serias amenazas contra la seguridad de la población, en general, y de los operadores del sistema de administración de justicia, en particular. Este es el caso del incremento de las maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados (lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas), planificadas o llevadas a cabo desde los establecimientos penitenciarios”, señalaba el informe.
Junto con el trabajo la Procuración le hizo llegar al Gobierno Nacional una serie de propuestas para evitar que esos delitos se sigan cometiendo. Entre ellas, que se instalen en los pabellones inhibidores de celulares, que los lugares de detención tengan requisas más periódicas, que se controle la complicidad de agentes penitenciarios y que haya más rigor en los beneficios que puedan obtener los presos de un perfil de mayor riesgo.
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