El ex secretario General del municipio de Junín Luis Chami realizó una acción de amparo con una medida cautelar al Comité de Cuencas Hídricas del Rio Salado para que “tome una medida, rápida y eficaz, frente a la fuga de millones de litros de agua diarios que afectan a los ciudadanos, la flora y la fauna de Junín”, en un contexto de sequía.
Chami denunció “graves omisiones por parte de las autoridades responsables que tienen a su cargo la administración del agua”.
El oficio
El agua es un elemento insustituible para el sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres vivos, siendo al mismo tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. A pesar de ser renovable, la escasez del agua se manifiesta gradualmente a medida que aumentan las demandas y los conflictos por su uso. Su carácter de vulnerable se manifiesta en la creciente degradación de su calidad, lo cual amenaza la propia existencia de la vida. Toda el agua que utilizamos, ya sea que provenga de una fuente atmosférica, superficial o subterránea, debe ser tratada como parte de un único recurso, reconociendo así la unicidad del ciclo hidrológico y su importante variabilidad espacial y temporal. La conectividad hidrológica que generalmente existe entre las distintas fuentes de agua hace que las extracciones y/o contaminaciones en una de ellas repercutan en la disponibilidad de las otras. De ello se desprende la necesidad de que el Estado ejerza controles sobre la totalidad de las fuentes de agua, dictando y haciendo cumplir la normativa para el aprovechamiento y protección de las diversas fuentes de agua como una sola fuente de suministro.
La preservación de un recurso natural esencial como el agua es un deber irrenunciable de los Estados y de la sociedad en pleno. Por ser así, la gestión hídrica realizada en el PNLG falla en considerar al ambiente en todas sus actividades, desde la concepción misma de los proyectos y programas hasta su materialización y continua evolución. La incorporación de la dimensión ambiental en la gestión de los recursos hídricos se debe lograr mediante el establecimiento de pautas de calidad ambiental, el desarrollo de evaluaciones ambientales estratégicas para planes y programas (etapa de preinversión), y la realización de evaluaciones de riesgo e impacto y de auditorías ambientales para proyectos específicos. Así, mediante el análisis de la vulnerabilidad ambiental, buscar reducir los factores de riesgo y lograr el equilibrio entre el uso y la protección del recurso.
La interrelación que existe entre la gestión de los recursos hídricos y la problemática ambiental no admite compartimentos estancos entre las administraciones de ambos sectores. De ello se desprende la necesidad de otorgarle al manejo de los recursos hídricos un enfoque integrador y global, coherente con la política de protección ambiental, promoviendo la gestión conjunta de la cantidad y calidad del agua. Ello se debe lograr mediante la actualización y armonización de las normativas y una sólida intervenció n tendiente a articular la gestión hídrica con la gestión ambiental, actuando en el marco constitucional vigente.
La gestión integrada de los recursos hídricos debe prever y controlar externalidades negativas, explicitando los impactos ambientales y perjuicios a terceros que pudiera aparejar un determinado manejo, asignación del recurso o contaminación de una fuente de agua. Ello determina la obligatoriedad por parte de los responsables de internalizar los costos y asumir la recomposición o reparación de los daños ocasionados. En este contexto es donde falla la aplicación de instrumentos jurídicos y económicos por parte de las autoridades intervinientes en nuestra región para desalentar los problemas que hoy denunciamos. Las inundaciones recurrentes y la obstrucción del escurrimiento natural de las aguas constituyen serios problemas para vastas zonas del territorio local. Las soluciones que se adoptaron fallaron en la premisa esencial, la cual buscaba evitar la traslación de daños y la adopción de medidas de mitigación y de restricción de ocupación de las áreas de riesgo, respetándose el valor ambiental de las planicies de inundación para mitigar el impacto de las inundaciones. En situaciones de inundación no se logró mitigar el impacto de las inundaciones, y en situaciones de escasez tampoco se evitó la presencia de extracciones descontroladas de aguas superficiales y subterráneas que actualmente están degradando los ecosistemas y atentan contra la sustentabilidad del recurso hídrico, esto generado esencialmente por la implementación de compuertas que evitan el paso del agua hacia la laguna, lo cual si bien evita que el nivel del agua crezca desmesuradamente, en épocas de sequías, como la que estamos transitando actualmente, genera que el nivel del agua baje demasiado, creando un desastre ecológico para el PNLG, y que ninguna de las autoridades parece tomar en consideración.
El agua es tan importante para la vida y el desarrollo de la sociedad que ciertos aspectos de su gestión deben ser atendidos directamente por el Estado, y específicamente por el órgano denunciado en esta medida de amparo, el COMITÉ DE CUENCAS HÍDRICA DEL RÍO SALADO, creado pura y exclusivamente para la formulación de la política hídrica, la evaluación del recurso, la planificación, la administración, la asignación de derechos de uso y vertido, la asignación de recursos económicos, el dictado de normativas, y muy especialmente la preservación y el control como responsabilidades indelegables del órgano.
Las políticas que se han implementado en los últimos años en nuestra comunidad tuvieron todas la perspectiva de evitar las reiteradas inundaciones que sufrimos los vecinos de la ciudad de Junín. Y la idea primordial siempre fue la de implementar un desagüe y de la limitación en la circulación de las cuencas del río que desembocan en la Laguna de Gómez.
La actual situación climática ha generado que la laguna baje su nivel de agua, afectando en primer lugar a las especies de animales y de plantas que habitan en el ecosistema, afectando también a las diversas actividades comerciales que se sirven del recurso hídrico. Se afecta al sector agropecuario, dado que se está limitando la irrigación de las zonas aledañas a la laguna, agravando la sequía que la zona padece. También a las diversas actividades económicas como lo son la turística, comercial, gastronómica, pesquera, entre otras, que ven severamente afectado su funcionamiento normal, culpa de la mala implementación de medidas por parte de las autoridades intervinientes, y por el desdén de los mismos hacia los reclamos de los ciudadanos.
Ante la inactividad y omisión del Comité de Cuenca es que acudo ante VS a los fines de que intervenga con carácter de urgente.
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