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LO ANUNCIO JORGE SAN MIGUEL, PRESIDENTE DEL OCEBA

Aplicarán en Junín la Tarifa de Interés Social a consumidores de energía

Afirman que se quiere evitar el clientelismo político, por lo que proponen que el municipio, el Concejo Deliberante e instituciones intermedias que trabajen en problemáticas sociales, determinen quiénes serán los beneficiarios.

El ingeniero Jorge Alberto San Miguel, presidente del Organismo de Control de Energía de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) estuvo ayer en Junín para informar sobre la aplicación obligatoria de la Tarifa de Interés Social en el consumo de energía eléctrica, que beneficiaría a unas 500 a 600 familias pobres.

En contacto con la prensa, el ingeniero San Miguel, acompañado por los ediles Cristina Tejo y Gustavo Traverso, integrantes del bloque Militancia Social- Evita Capitana, expresó que había estado reunido con el intendente Mario Meoni para hablar sobre el tema de la mencionada Tarifa, y que este se había mostrado interesado en brindar esta posibilidad cierta a la población de escasos recursos.

Apuntó que Ejecutivo y Concejo Deliberante serán los encargados de implementar desde el punto de vista legislativo-práctico el tema de la comisión que determinará quiénes serán los beneficiarios y convocar a las instituciones intermedias confiables para la ciudad de Junín, a fin de que trabajen en la cuestión.

De acuerdo a lo explicado, el beneficio sería para un mínimo de 2 por ciento de la población, el descuento sería de un 60 por ciento sobre la tarifa normal de consumo eléctrico. Como ejemplo dijo que si una persona está pagando una factura de 40 pesos pasaría a pagar 16 pesos.

Es de destacar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, según la ley provincial, determinaría para aquellas empresas que apliquen la tarifa de interés social, un descuento del 100 % los impuestos provinciales, y se solicita a las municipalidades que les quiten los impuestos municipales, como podía ser la Tasa de Seguridad e Higiene o la Tasa de Alumbrado público.

A la pregunta de a cuántas personas pensaban beneficiar en Junín, San Miguel manifestó que solicitaban a las empresas distribuidoras de energía que como mínimo se la aplicara al 2 % del padrón de usuarios residenciales, que en Junín serían de 500 a 600 personas o familias.

«Si bien la ley existía desde hace bastante tiempo, era optativa para las empresas de distribución de energía eléctrica y EDEN y EDES todavía no la habían implementado. A través de una modificación del marco regulatorio, hace pocos meses, se ha implementado la obligación, entonces la empresa tiene un compromiso con el OCEBA de comenzar a implementar esta tarifa de interés social, ya lo ha hecho en algunos distritos, y esperamos que lo hagan en Junín. A través del pedido del Poder Político vamos a beneficiar a los usuarios con mayor rapidez», opinó.

Señaló que las condiciones que debían cumplir los beneficiarios estaban estipuladas en la ley 12.698: consumir menos de 150 kw mensuales, tener un plan social o no tener ingresos o tener una jubilación graciable. «Hay determinadas escalas porque muy posiblemente sea más del 2 % de los usuarios los que se quieren anotar y van a tener que darle prioridad. Recomendamos desde el gobierno provincial, desde el OCEBA que se forme de acuerdo a lo que dice la ley las comisiones distritales que tienen que tener representación del Poder Político (Ejecutivo y Deliberativo) y algunas organizaciones sociales para que sea justa la distribución, que haya un montón de gente que estén analizando quiénes van a ser los beneficiarios y que se evite que un sector tenga hegemonía o algún tipo de clientelismo, por lo tanto la ley es muy clara en ese sentido y las condiciones y prioridades se van a discutir en el seno de la comisión distrital», explicó.

El funcionario reiteró que la aplicación de la tarifa social por parte de EDEN era obligatoria a partir de la modificación 13.173, que es el marco regulatorio realizado hace cuatro meses atrás.

Aplicación

Ante la acotación de por qué se tenía que acudir a un Poder político para su aplicación, ya que era obligatorio para la empresa, el funcionario respondió que el tema pasaba por a quién se aplicaba ya que el Poder Político a través de sus asistentes sociales, sociedades de fomento, y trabajadores sociales podían determinar con «mayor justicia» a quién se le podía aplicar este beneficio y no que la empresa, tal vez, sin conocer la población, la aplicara.

El rol de las organizaciones sociales

«Confiamos en la participación social, confiamos en las organizaciones sociales, en que ellos van a conocer mejor a los vecinos de Junín que precisen este tipo de servicio», aseguró.

En algunas ciudades las propias comisiones tienen gente que trabaja en lo social y pueden aportar, en otras se determina que la asistente social de cada comisión municipal son las que hacen la encuesta socio-cultural y las que determinan las prioridades. Eso lo define el Poder Político (Ejecutivo y Deliberativo) junto con las instituciones sociales.

Por su parte la concejal Cristina Tejo aclaró cómo había sido tratado este tema en el Concejo años atrás, cuando la aplicación de la Tarifa Social no era obligatoria, y afirmó que hoy «lo que menos pretendemos es hacer una manipulación política del tema sino que realmente llegue para aquellos que sabemos que no pueden pagar».

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