El Departamento Ejecutivo municipal envió en las últimas semanas un proyecto de Ordenanza al Concejo Deliberante, para generar un nuevo marco normativo para la habilitación de establecimientos destinados a actividades comerciales, industriales, productivas o de servicios.
El espíritu de la iniciativa, de acuerdo con el discurso oficialista, apunta a "desburocratizar" el procedimiento previsto para iniciar un emprendimiento comercial en el distrito, pero, en los hechos, el texto municipal será el puntapié de un largo debate hasta su aprobación en el recinto.
Ocurre que mientras funcionarios de gabinete del intendente Pablo Petrecca destacan que el documento significa un paso adelante en el ordenamiento y la agilización de las solicitudes para iniciar proyectos comerciales e industriales, sectores de la oposición del Frente de Todos advierten sobre supuestas fragilidades jurídicas en su redacción, que podrían conducir a una aplicación "discrecional" de la norma.
De acuerdo con la letra del proyecto, al que accedió Democracia, el trámite de habilitación -en caso de llegar a la sanción de la norma- comenzará con "el ingreso, acreditación de usuario y transferencia electrónica de datos en el sitio web que al efecto disponga la Municipalidad de Junín".
Luego, el solicitante deberá avanzar con una consulta de factibilidad positiva, que se evalúa en función de distintos ítems, como "actividades a desarrollar", "domicilio de establecimiento", "superficie del establecimiento", "partida municipal o inmobiliario" y "plano de obra aprobado".
Superada esta instancia, y tras una presentación de declaración jurada con la información requerida al solicitante, comenzaría el trámite de habilitación, que contempla, además, la orden de inspección del establecimiento y el pago de la Tasa de Habilitación, entre los pasos administrativos centrales.
Desde el municipio explicaron que el proyecto "es el resultado de un trabajo interdisciplinario, que involucró la colaboración de distintas áreas municipales, entre ellas, la Secretaría del Concejo, con el aporte de legislación local y provincial que involucra el tema de habilitaciones".
"El intendente nos solicitó que los comercios, las industrias y los servicios puedan abrir sus puertas lo más rápido posible. Y hacia allá fuimos, con la cautela permanente de no descuidar la seguridad", aseguró la secretaria de Gobierno del municipio, Agustina De Miguel, en comunicación con Democracia.
Entre los puntos salientes del proyecto, De Miguel subrayó que "la gran novedad es que muchos comercios van a poder abrir sus puertas con una declaración jurada". Del mismo modo, recordó que "la Ordenanza vigente ya tiene 30 años de existencia y se hace necesario una nueva reglamentación".
Debate anticipado
Sobre el nuevo régimen propuesto por la Ordenanza, De Miguel señaló que la clave está en que la habilitación de una actividad se realizará en base a una Matriz de Riesgo, un concepto introducido en el Capítulo Primero del proyecto, que, a su vez, se regirá por un "Nomenclador Municipal Riesgo de Actividades".
"Eso se fija de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que tiene el establecimiento y el tipo de actividad que se va a realizar", afirmó De Miguel, a la vez que indicó que el Nomenclador clasifica a las solicitudes en "Riesgo Bajo", Riesgo Medio" y "Riesgo Alto".
"A partir de esta determinación que se hace mediante la Matriz de Riesgo, el trámite de habilitación se torna más accesible, más ágil y menos burocrático, en particular para aquellos establecimientos de hasta 500 metros cuadrados, con actividades de 'Bajo Riesgo' o 'Riesgo Medio', que son la mayoría en el Partido de Junín, y van a poder obtener la habilitación provisoria de forma rápida, apenas se presenta la declaración jurada", insistió la funcionaria.
Sin embargo, sectores de la oposición del Frente de Todos consideran que el proyecto presenta graves inconsistencias técnico-jurídicas, que podrían decantar en arbitrariedades a la hora de expedir habilitaciones o, incluso, con perjuicios legales tanto para solicitantes como para el propio municipio.
Para el concejal Pablo Petraglia, la primera falencia aparece en la definición de la autoridad de aplicación de la Ordenanza, que es el Departamento de Habilitaciones de la Municipalidad, es decir, "un funcionario de cuarta categoría" en el escalafón político.
"Todos estamos de acuerdo en que hay que actualizar la normativa, pero la solución que nos traen es peor, porque concentran todo el poder de decisión en un único funcionario, de cuarto nivel", cuestionó Petraglia, en diálogo con Democracia.
Desde su perspectiva de especialista en las ciencias jurídicas, considera una falla de origen el hecho de que los términos de la aplicación de la Ordenanza sean conferidos a un agente que, en la jerarquía del gabinete, está por debajo de la intendencia, la Secretaría General y la Secretaría de Gobierno.
Asimismo, Petraglia sostiene que otro de los puntos endebles es el hecho de que la definición y la modificación del Nomenclador de Riesgo "está librada al arbitrio de una potestad administrativa, que ejercerá un funcionario de bajo rango, que el que decide qué es riesgoso o qué no".
"Esto es muy grave en términos de la potencial arbitrariedad y discrecionalidad que podría significar, porque el Nomenclador se podría cambiar con una Resolución administrativa del mismo funcionario que lo definió antes", insistió.
Visto desde un ángulo político, en el bloque oficialista creen que el proyecto va en línea con una tendencia de los municipios gobernados por Juntos hacia la implementación de políticas para "facilitar" las condiciones de generar emprendimientos locales.
"A la Ordenanza de habilitaciones que todavía está vigente se le han ido sumando parches durante años y llegamos a este punto, en el que el proceso se torna muy difícil para quien quiere habilitar una actividad económica", aseguró a Democracia Adrián Feldman, concejal de la bancada que responde al intendente Petrecca.
"Muchas veces, se vuelve muy complicado llegar a habilitar incluso un comercio extremadamente simple. Por eso, siguiendo una forma de trabajar que tienen muchos distritos gobernados por Juntos, lo que se está tratando de hacer es simplificar los pasos para llegar a la habilitación", agregó.
Con respecto a las objeciones planteadas por Petraglia, Feldman negó que pudieran producirse "arbitrariedades" y dejó en claro que la autoridad de aplicación de la Ordenanza "naturalmente es el municipio de Junín, con la excepción de aquellos casos en los cuales también intervienen organismos provinciales, como, por ejemplo, en las clínicas privadas, que además del permiso municipal para funcionar requieren de la autorización del Ministerio de Salud". "De todos modos, estamos dispuestos a escuchar las sugerencias de la oposición, si es que las tienen", ironizó.
Largo recorrido
El proyecto registra como fecha de ingreso el 21 de septiembre pasado y se encuentra en comisión, a la espera de un extenso recorrido de debate, antes de llegar finalmente al recinto.
Desde el Municipio, por lo pronto, bajaron el tono a la polémica por las críticas opositoras y confiaron en que habrá acuerdo entre las fuerzas para la sanción de la Ordenanza.
Petraglia, por su parte, estimó que la discusión "no debería extenderse demasiado en el tiempo, siempre y cuando el oficialismo comprenda las observaciones y esté dispuesto a trabajar para mejorar el proyecto".
En el listado de las críticas a la presentación, también sobresale el hecho de que, según advirtió Petraglia, "no existe una Ordenanza de gobierno electrónico" que asegure respaldo legal al procedimiento de habilitación propuesto por el municipio.
"La Municipalidad no tiene ningún proceso de expediente electrónico validado. Generar un procedimiento administrativo para conceder o revocar un derecho, no puede estar legislado sin un marco normativo que le dé soporte", explicó.
"Es un debate central, estamos hablando de la legalidad del proceso respecto a la virtualización. De de lo contrario, es todo nulo y un papelón. Una mala habilitación puede derivar en un conflicto", advirtió Petraglia, al mismo tiempo que remarcó que "hay que trabajar en una ordenanza previa de gobierno electrónico", mientras que consideró que "el Nomenclador de Riesgo ya debería estar incluido como Anexo de la reglamentación", para "evitar discrecionalidades o arbitrariedades".
Y agregó: "Estamos pidiendo que se realice una convocatoria más amplia, que incluya a las entidades que nuclean a los comerciantes e industriales y también a los colegios profesionales".
En el gobierno local, finalmente, mostraron expectativas favorables acerca de las chances de que el debate llegue a buen puerto. "Los proyectos que parten del Ejecutivo se elevan al Concejo para que se debatan en las comisiones correspondientes, se haga un ida y vuelta, y, si hay consenso, se aprueben", concluyó De Miguel.
Maroscia: "Es positivo que se empiece a debatir"
El presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, Marcos Maroscia, aseguró que la entidad ve con buenos ojos la presentación de un proyecto de Ordenanza para agilizar los procedimientos de habilitación, pero aclaró que "se está estudiando detenidamente", en conjunto con los referentes del sector.
"El tema de las habilitaciones siempre fue engorroso y burocrático y está claro que el sistema habría que cambiarlo. Normalmente, se hace difícil para un comerciante terminar de reunir toda la documentación y después también se complica con el trámite de seguridad antisiniestral en Bomberos", reflexionó.
"Estamos estudiando los aspectos positivos y negativos de este proyecto, pero en principio es positivo que se empiece a dar el debate", afirmó Maroscia, en diálogo con Democracia.
"Tenemos entendido que vamos a ser convocados al Concejo Deliberante para exponer nuestro punto de vista y cuando eso suceda, estaremos ahí", resumió.
Las claves del proyecto
-Se busca que el inicio del trámite de habilitación se realice por vía digital.
-Se define una Matriz de Riesgo, a través de un Nomenclador que clasificará a los establecimientos y actividades solicitadas en "Bajo Riesgo" (comercios minoristas de hasta 100 metros cuadrados, como, por ejemplo, kioscos); "Riesgo Medio" (establecimientos de más de 100 metros cuadrados, ejemplo, ferretería); "Riesgo Alto" (establecimientos de más de 500 metros cuadrados, ejemplo, taller mecánico o local gastronómico).
-El certificado de seguridad antisiniestral (Bomberos) se solicitará "solamente en casos específicos, exigidos por normativas nacionales, provinciales o locales". En los demás, se solicitará únicamente un informe técnico en seguridad e higiene.
-Se establece un régimen especial para habilitación de locales gastronómicos, transporte de productos alimenticios y funcionamiento de carros gastronómicos o foodtrucks.
-Los establecimientos y actividades calificadas como de "Bajo Riesgo" podrán obtener con celeridad la habilitación provisoria para comenzar a funcionar.
-Con respecto a las habilitaciones otorgadas de manera definitiva, los titulares deberán realizar un reempadronamiento cada cinco años, a través de declaración jurada.
COMENTARIOS