Los avances tecnológicos de las herramientas de monitoreo inauguraron en los últimos tiempos un nuevo paradigma en la política de seguridad pública de los gobiernos en todas sus jurisdicciones.
La realidad de la Región no es ajena a la tendencia que se abre paso en los grandes centros urbanos y los municipios apuestan a ampliar progresivamente la capacidad de sus centros de monitoreo.
En Junín, la administración del intendente Pablo Petrecca proyecta llegar a las 300 cámaras de videovigilancia en funcionamiento en todo el distrito, para antes de fin de año. Desde la Secretaría de Seguridad municipal, su titular, Andrés Rosa, explicó a Democracia que el monitoreo de la vía pública a través de cámaras "es uno de los ejes centrales" de la política que lleva adelante su área, junto con " el trabajo coordinado con las fuerzas operativas y la participación comunitaria" en la prevención o esclarecimiento de hechos delictivos.
"Vamos a llegar a las 300 cámaras para el final del año, lo cual significa una inversión importante en materia de tecnología. También estamos próximos a lanzar unas aplicaciones, siempre teniendo en cuenta que la videovigilancia es uno de los ejes centrales de nuestro plan de seguridad", aseguró Rosa.
Con respecto a la tarea conjunta con la ciudadanía, el funcionario resaltó que "se han formalizado mesas de trabajo desde hace ya más de dos años" en los distintos barrios juninenses, al mismo tiempo que aseguró que existe una respuesta favorable de los vecinos frente a la existencia del sistema de vigilancia y, aún más, se trata de "una de las principales demandas" en aquellos sectores de la ciudad a los cuales aún no llegó la tecnología.
Por su parte, Marcelo Loyola, otro de los funcionarios que forma parte del equipo de la Secretaría de Seguridad y cuenta con experiencia de trabajo en ciudades de la Región, afirmó en diálogo con este medio que "dentro de las políticas integrales de seguridad del gobierno de Junín, aparece como una prioridad fortalecer el Centro de Operaciones y Monitoreo, que es uno de los más completos de la zona".
"Hacemos especial hincapié en la capacitación de los operadores, hoy contamos con unas 250 cámaras y dentro de la planificación anual se estima llegar a fin de año a 300 cámaras en todo el partido de Junín", amplió Loyola.
En esa línea, según explicó Loyola, la actividad del Centro de Monitoreo, que tiene como director a Raúl Orrico, pivota sobre dos funciones fundamentales: una preventiva, en base al material que se visualiza; y otra de "aporte del material fílmico a la Justicia para el esclarecimiento de eventuales hechos delictivos".
"El trabajo es mancomunado con las fuerzas de seguridad, en lo que tiene que ver con implementar operativos de prevención estratégicos en los barrios de Junín y, por supuesto, en las rutas adyacentes", insistió Loyola.
En ese esquema, el también ex secretario de Seguridad del distrito de Chacabuco señaló que "es clave la interacción entre el municipio y los vecinos".
"Consideramos que el vecino es sabio, es materia de seguridad, conoce su barrio, que tiene su propia problemática, su propia idiosincrasia, y a partir de allí bajamos al territorio, dialogamos con los vecinos, recogemos sus inquietudes y trabajamos para fortalecer la seguridad", reafirmó.
La situación en la Región
Al igual que en Junín, autoridades de los municipios de la Región consideran a la ampliación de la capacidad de monitoreo en la vía pública como una horizonte legítimo para la política de Seguridad.
En General Viamonte, se encuentra operativo el Centro de Monitoreo, bajo la órbita de la Secretaría de Relaciones Institucionales, que controla unas 90 cámaras, luego de la última incorporación de 12 unidades para la localidad de Baigorrita.
"Estamos con intenciones de ampliarlas, parte de los recursos del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad de la Provincia lo destinamos a eso. Apuntamos a esa dirección, pero está claro que es algo que demanda más infraestructura, más monitores, más pantallas y más operadores de monitoreo", explicó Pablo Palasi, secretario de Seguridad del municipio conducido por el intendente radical Franco Flexas.
Por otra parte, el funcionario admitió que, con las herramientas de monitoreo disponibles, "no se alcanza a cubrir todo el distrito". "Hay lugares puntuales en los que se han colocado cámaras por razones históricas. Sin dudas, ayuda a esclarecer hechos delictivos, pero también hay algunas falencias, sectores en donde todavía no tenemos cámaras", reconoció.
En Lincoln, el municipio también trabaja para lograr el máximo potencial de monitoreo, aunque las urgencias del gobierno local del intendente Salvador Serenal chocan con los obstáculos de la situación económica adversa.
Actualmente, la Municipalidad contabiliza unas 38 cámaras "en correcto funcionamiento" en las calles, mientras que unas 30 se encuentran en reacondicionamiento con el Fondo Provincial de Fortalecimiento de Seguridad.
Además, con los domos y cámaras situados en los exteriores de edificios públicos, el número final supera holgadamente el centenar. De esta manera, la videovigilancia alcanza al Palacio Municipal, el Hospital "Rubén Miravalle", la Plaza Rivadavia, el Acceso Yrigoyen, el Corralón Municipal, entre otros espacios estratégicos.
En esa línea, el subsecretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Oscar Carrizo, confirmó a Democracia que las cámaras "han dado buenos resultados y, además, siempre han servido para prestar ayuda al Ministerio Público Fiscal y a la Policía, para lograr muchos esclarecimientos".
En la planificación a corto plazo, el objetivo es "colocar unas cuatro cámaras fijas debajo de cada uno de los domos" y fortalecer el monitoreo en las tres zonas críticas delineadas por la comuna: el microcentro, el macrocentro y la zona periférica o "zona de escape".
En Chacabuco, por su parte, el secretario de Seguridad del municipio, Darío Ciminelli, recordó en diálogo con Democracia que el Centro de Monitoreo local "está dotado con cámaras LPR (Levantamiento Automático de Patentes), con las cuales se controlan los vehículos que acceden a la ciudad".
"La idea es avanzar en el corto plazo con más cámaras de este tipo en accesos alternativos, para ir cerrando paulatinamente el anillo de seguridad. El objetivo es que cada vehículo que ingrese al partido de Chacabuco sea registrado por cámaras de seguridad, porque sabemos que hay hechos delictivos que son cometidos por bandas que vienen del Conurbano o zonas calientes y los pueblos del Interior suelen ser un blanco accesible", sostuvo.
En esa línea, Ciminelli destacó que hay más de una centena de cámaras en funcionamiento en el distrito y se prevé "incrementar en un 50%" ese número, con un llamado a licitación próximo a publicarse.
"Lo que buscamos es establecer un anillo de seguridad, que permita que cualquier persona que ingrese al microcentro pueda ser captada por las cámaras", insistió.
"Recepción positiva"
Con la proliferación de cámaras que monitorean de manera centralizada, se abre el debate acerca de si la ampliación de la capacidad de control estatal sobre la vía pública roza de cerca el "derecho a la intimidad" de los ciudadanos o fortalece el control social desde la vigilancia permanente.
En los municipios, sin embargo, descartan esa perspectiva y sostienen que el monitoreo no solamente goza de "una recepción positiva" de las comunidades de la Región, sino que, en simultáneo, "crece la demanda de más cámaras".
"Las cámaras son solicitadas por todos los vecinos, de todos los barrios de Junín. Por eso, estamos diagramando un programa de esfuerzo conjunto entre vecinos y el municipio para colocar más cámaras, porque no tenemos dudas de que representan un salto de calidad para la seguridad de cada barrio", sostuvo Marcelo Loyola.
Esa visión es reafirmada por el secretario del área de Seguridad del Municipio juninense, Andrés Rosa: "En ningún momento hemos tenido rechazo, sino que por el contrario, hay una gran demanda. Cada vez que vamos a los barrios, incluso en donde no hay delitos denunciados, aún así nos piden cámaras".
Para Rosa, este fenómeno guarda una explicación. "Tiene que ver también con un aspecto subjetivo del delito, porque a veces puede resultar más fácil bajar el delito objetivo, es decir, el de las cifras, que el que llamamos el delito subjetivo, o sea, la sensación de inseguridad. Las cámaras, entonces, contribuyen a que los vecinos se sientan seguros", reflexionó.
Desde Lincoln, Oscar Carrizo aclaró que "las cámaras están pura y exclusivamente puestas al beneficio de esclarecimiento de los delitos", con lo que descartó cualquier otra función que exceda lo estrictamente vinculado con la seguridad.
"Están para la prevención y así son entendidas por todos. En el Centro de Operaciones Lincoln (COL) -ubicado en el edificio del Centro Cívico- contamos con cuatro operadores por turno, un encargado de operadores y un supervisor. Es decir, seis personas que trabajan en el monitoreo", destacó el subsecretario de Seguridad Ciudadana.
Por su parte, Pablo Palasi subrayó que en General Viamonte "no hay reclamos por el uso de las cámaras, sino que, en todo caso, las quejas aparecen cuando una cámara no anda".
"Nuestro Centro de Monitoreo es un lugar vidriado, visible y transparente, la gente puede pasar y ver que las cámaras están funcionando y cómo se trabaja", afirmó.
Idéntica es la postura del titular de la Secretaría de Seguridad de Chacabuco, Darío Ciminelli, para quien la ampliación del alcance del sistema de monitoreo forma parte del cumplimiento del deber del Estado de velar por el bienestar de la comunidad.
"La recepción hacia las cámaras es positiva, porque hoy la seguridad es una de las principales preocupaciones de la sociedad, pero también es un deber del Estado provincial, nacional y el municipio tiene que cooperar", señaló.
"No hemos tenido observaciones con respecto a la invasión al derecho a la intimidad, por el contrario, la comunidad demanda más cámaras", concluyó.
Preocupación por la situación social
Funcionarios de Seguridad del municipio de Junín expresaron su "preocupación" por el impacto de la crisis económica y sus coletazos en la situación social de los distritos.
En esa línea, en diálogo con Democracia, coincidieron en que los gobiernos locales están "en alerta" frente al posible impacto del deterioro de los indicadores socioeconómicos en el nivel de conflictividad social.
Para el secretario de Seguridad de Junín, Andrés Rosa, "mucha evidencia científica de que la desigualdad conlleva un aumento de la conflictividad y el delito".
"Estamos teniendo ya en Junín la presencia de delincuentes de la zona del AMBA, esto empezó a verse en la pandemia, con la modalidad estafa virtual y ahora empieza a notarse en el delito predatorio, con algún grado más de planificación", aseguró.
"Esto viene de la mano del desmejoramiento de las condiciones sociales. Estamos muy preocupados y en alerta, porque sabemos que esto es así", insistió Rosa.
Por su parte, Marcelo Loyola reconoció: "Por supuesto, hay una situación social que preocupa, desde la Seguridad lo que queremos hacer siempre es trabajar con los vecinos de cada barrio y brindar respuestas a sus necesidades".
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