Plou declaró inconstitucional a las alícuotas de los derechos de exportación.
Plou declaró inconstitucional a las alícuotas de los derechos de exportación.
CAMPO

Afirman que el fallo judicial contra las retenciones representa “un avance para legitimar el reclamo”

Para los dirigentes rurales, además, la decisión del juez federal de Junín, Héctor Plou, les abre la puerta a muchos más productores para que puedan hacer el reclamo. Pero aclaran que “no significa que esto vaya a ser una resolución definitiva con un fallo firme”.

Luego de que el juez federal de Junín, Héctor Plou, declarara inconstitucional a las alícuotas de los derechos de exportación (DEX), en vigencia y fijadas por el decreto 851/2021, decisión que tomó tras una presentación de productores de esa ciudad, los dirigentes rurales consideran queda esperanzas a que esto de a poco pueda irse solucionando”. Creen que abre la puerta a más reclamos.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Moutous, afirmó a Democracia que “sin duda es un avance importante, pero no significa que esto vaya a ser una resolución definitiva con un fallo firme”. “Es un avance para legitimar el reclamo que se viene haciendo con respecto a las retenciones y su inconstitucionalidad. Y obviamente que esto sienta un precedente para que muchos más productores puedan hacer el reclamo”, afirmó.

Cabe recordar que la SRA, en conjunto con la Sociedad Rural de Jesús María, en Córdoba presentó el 21 de febrero pasado una acción de amparo “por la falta de sustento legal en el impuesto a las retenciones con el fin de que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación”. 

En el caso cordobés, el juez federal Ricardo Bustos Fierro reconoció la acción colectiva presentada por la entidad en contra de las retenciones, pero no se expidió sobre esa cuestión de fondo y la causa aun está sin resolverse. Esto no ocurrió en Junín, ya que Plou no hizo lugar a la acción de amparo “promovida por Jorge Andrés Moutuos y Gerardo René Aperlo, en representación de la Sociedad Rural de Junín”, patrocinados por Alejandro Barbieri y Luis Panetta. Pero el magistrado avanzó sobre la inconstitucionalidad.

El fundamento de este fallo de primera instancia es que como el Congreso no sancionó el presupuesto para este año, no se prorrogó tampoco la vigencia de la Ley de Emergencia Económica que le daba la facultad al Poder Ejecutivo de fijar las retenciones.

El texto de Plou señala que el argumento del Poder Ejecutivo frente a esta circunstancia “omitiendo explicar por qué solicitó una extensión temporal de la delegación, se limitó a decir que el decreto cuestionado fue dictado mientras estaba vigente la delegación, esto es, antes del 31 de diciembre de 2021. Esto es cierto, pero omite la cuestión central: pretende regir después de vencida esa facultad”.

Sobre el veredicto, la titular de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco, sostuvo a este diario que “nos parece muy positivo”, pero destacó que “falta la instancia judicial siguiente de a ver cómo se determina finalmente”. Además, reconoció que “muchos productores intentarán hacer lo mismo”. En la misma línea, el presidente de la Sociedad Rural de Arenales, Matías Di Prinzio, expresó: “Es una muy buena noticia, ya que abre un montón de puertas para que los productores se animen a realizar el reclamo. Es un paso firme en este gran reclamo para que se termine con las retenciones a las exportaciones agropecuarias”.

Este fallo está muy bien visto por el sector y da esperanzas a que esto de a poco pueda irse solucionando. No es el primero, ya que hubo otros y es una muy buena noticia”, cerró. 

“Trascendental”
Por su parte, el dirigente de Carbap Gustavo Frederking destacó que el “fallo es muy importante y trascendental. Es importante tanto para el campo como para los argentinos porque estamos en un país en el que se acostumbra a normalizar cosas y eso es malísimo”.  

“El fallo del juez es un fallo evidente, ya que había una Ley de Emergencia Económica que le otorgaba al Ejecutivo la posibilidad de aplicar alícuotas de los derechos de exportación (mal llamados retenciones). Esta caducó el 31 de diciembre de 2021, al no aprobarse el Presupuesto. Es tan simple como eso, cuando algo finaliza por ley, se termina”, apuntó. Además, continuó, “la atribución de cualquier impuesto tiene que ser por el Congreso y no del Ejecutivo. Ya arrancamos con problemas de constitucionalidad muy evidentes. Es por eso que el fallo no me sorprende, ya que era algo que tenía que pasar”. 

“Al campo claramente se le abren las puertas para que de alguna forma se logre un efecto boomerang. Viendo el caso de la Justicia de Junín deja las puertas abiertas para que los demás productores inicien sus planteos pertinentes, siguiendo la jurisprudencia de este juez”, dijo Frederking.

“A la vez si bien es una noticia positiva, hay que ser claros, ya que tengo la certeza de que este fallo se va a apelar y va a pasar por la Cámara Feral y de ahí a la Corte Suprema. Queda un largo trecho. Pero creo que la Corte va a fallar en el mismo sentido que el juez de Junín porque es evidente lo que falló y así tenía que pasar”, remarcó.

“La Justicia dijo que ‘tienen razón’”
El productor agropecuario y concejal de Junín Rodrigo Esponda resaltó “el trabajo de la Sociedad Rural de Junín y principalmente de Alejandro Barbieri, expresidente de esa institución y abogado que ha presentado los textos de la demanda presentada en el Juzgado Federal que le han dado la razón en una primera instancia, por lo que hay que ser cauteloso, pero es una excelente noticia”.

“Al no haber un Presupuesto para el 2022, las retenciones se caían porque no corría la Ley de Emergencia, con lo cual para poder cobrarlas debería volver al Congreso nacional para que sancione una norma que habilite al Gobierno a cobrarlas”, sostuvo. Y agregó: “Como eso no sucedió, se hizo esta presentación, que también habilita a otros productores a seguir por la misma línea, con la cautela de que es un fallo de primera instancia, pero que es una excelente noticia, ya que la Justicia ha dicho que ‘tienen razón’”.

“Esperemos que los siguientes pasos también sean favorables y el Gobierno no haga lo que se le antoje, escuche a la Justicia y mande al Congreso los proyectos que tienen que mandar para que se debatan donde se tienen que debatir”, concluyó.

 

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