El debate por los planes sociales se metió en la Región y sigue la tensión

El discurso de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la sede Avellaneda de la CTA, en ocasión del Día de la Bandera, reavivó el fuego del debate sobre la instrumentación política de los planes sociales, en tiempos de crisis económica a nivel nacional.

Allí, en el acto en el que se mostró con el titular de la entidad, Hugo Yasky, y el ministro de Hábitat de la Nación -e intendente en uso de licencia del distrito anfitrión-, Jorge Ferraresi, la vicejefa de la entidad obrera sostuvo que “el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la ejecución de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”, en un mensaje directamente dirigido a las organizaciones territoriales, en particular al Movimiento Evita.

“El peronismo no puede depender del dirigente barrial, para que me dé la alta y la baja”, insistió la vicepresidenta, que con su discurso liberó un debate que desde hacía varias semanas se había instalado en el arco político nacional. 

Las palabras de Cristina, además, fueron decodificadas como un triunfo simbólico por la oposición de Juntos: en los días anteriores al discurso, más de un representante de la primera línea de la coalición -como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; o la presidenta del PRO, Patricia Bullrich-, habían planteado la conveniencia de ir hacia una progresiva eliminación de la política de asistencia social.

El posicionamiento vicepresidencial tuvo eco en Junín y la Región: el martes pasado, los responsables del Interior de la provincia de Buenos Aires del Movimiento Evita, Beltrán “Chino” Besada y Micaela Román, llegaron a Junín para encabezar una reunión seccional del espacio, junto a la responsable local Florencia Müller. En la rueda de prensa posterior, el discurso de Cristina fue una parada obligada.

Previamente, otras voces de Junín y la Cuarta Sección Electoral sentaron postura sobre el tema. Pablo Micheli, dirigente oriundo de la localidad de Ferré (distrito de General Arenales), referente de la CTA y desde hace tiempo radicado en Junín, se subió al discurso de Cristina, pero advirtió que el sentido político que busca imprimirle la oposición amenaza con "desviar el eje de la discusión".

"Los planes sociales no son más que políticas de Estado que vienen a paliar situaciones de crisis a la que miles de vecinos y vecinas, compañeros y compañeras, compatriotas han sido arrojados, primero durante el macrismo (que quintuplicó la asistencia social), y luego por la pandemia, que no solo fue una desgracia en materia de salud, sino que puso en jaque a las economías del mundo (incluso las más poderosas)”, sostuvo Micheli, en un escrito difundido por el órgano de prensa de la CTA.

“Nadie está en ese lugar porque quiso. Quien tiene que acceder a una ayuda del Estado está ahí porque no le dieron otra opción. Hacer tabla rasa sobre un tema tan sensible, no lleva más que a atentar contra el único ingreso que tienen hoy miles y miles de familias”, agregó el dirigente del Movimiento Político Cultural y Ecológico Para la Unidad (MPCE).

Independientemente de la ventaja política que pudo haberse atribuido la oposición, lo concreto es que la alocución en la central obrera abrió una profunda grieta al interior del oficialismo.

En términos políticos, más de un analista la emparentó con una disputa territorial de poder entre los movimientos sociales -alineados con el Presidente Alberto Fernández- y La Cámpora -encolumnada detrás de la Vicepresidenta-, en la antesala de 2023, cuando vuelva a ponerse en juego en las urnas la conducción del gobierno nacional.

Sin embargo, para referentes de las organizaciones sociales, las diferencias van más allá de las luchas de poder y llegan también al territorio de la caracterización del sistema económico y el funcionamiento de las sociedades contemporáneas.

"El discurso de Cristina fue doloroso, porque nosotros somos parte del Frente de Todos, pero nos preocupa que haya un sector de la dirigencia que no comprende al nuevo sujeto trabajador, que es el de la economía popular. Ese desconocimiento conlleva una invisibilización de las tareas laborales que realizan cada uno de los trabajadores y trabajadoras en su cotidianidad ", explicó a Democracia Micaela Román, dirigente provincial del Movimiento Evita, oriunda del distrito de Chivilcoy.

En esta línea, planteó que definir el problema como una mera disputa territorial entre el kirchnerismo y el Movimiento Evita significa caer en la trampa del reduccionismo. "No tiene que ver con eso, la discusión pasa por un posicionamiento político. En el Siglo XX, la modalidad de generar puestos de trabajo y la matriz productiva no igual a la actual", insistió.

"Hoy vivimos en un mundo en el que el trabajador empieza a subsistir y organizarse de maneras distintas y el kirchnerismo parece haber quedado atado al pasado y olvida que la tecnología vino a reemplazar al factor humano y en un lugar de trabajo en donde antes había 20 operarios, hoy hay 4, porque hay una máquina que reemplaza a los otros 16", afirmó Román, sin dejar de aclarar que "esto está pasando en el mundo, no es un invento del Movimiento Evita".

Trabajo genuino

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo" es uno de los ejes del debate. 

En Junín, según el relevamiento realizado por Democracia, se estima que son más de 1.000 los beneficiarios de la herramienta, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación e implementada a través de sus correspondientes unidades ejecutoras.

Para la referente local del Movimiento Evita, Florencia Müller, como también lo planteó Micheli, el discurso de Cristina reveló que "no se discute realmente cómo resolver el problema de la informalidad en la economía", sino que únicamente evidenció "una disputa alrededor de quién maneja los programas, sin plantear una propuesta superadora".  

Del mismo modo, en la Región también rechazaron el argumento que partió desde sectores del kirchnerismo duro, que recordaron que los movimientos sociales "arreglaron con (el ex Presidente, Mauricio) Macri", durante la gestión de Cambiemos, entre 2015 y 2019.

"Eso es falso, porque fuimos las organizaciones sociales las primeras que salimos a la calle a reclamar por los derechos de la Economía Popular, en los momentos en los que el gobierno de Macri se acercó al FMI", aseguró Müller, en diálogo con Democracia.

En la misma sintonía se pronunció Micaela Román, al recordar que "los trabajadores de la Economía Popular están nucleados en la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), que fue uno de los gremios que más enfrentó en la calle a la gestión de Mauricio Macri y esa dinámica sigue con este gobierno".

Tampoco se quedaron en silencio desde las organizaciones frente a la sugerencia que partió de la voz del principal intendente del camporismo en la Cuarta Sección Electoral, el pehuajense Pablo Zurro, de "transformar a los planes en trabajo genuino".

De acuerdo con la explicación de mandamás en declaraciones a AM750, "en Pehuajó, un pueblo de 42 mil habitantes, aparecieron 334 planes de distintos movimientos" y lo que se le propuso al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, es que el Municipio "pondría $4.000 por plan más la obra social —que es un convenio con IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial, la obra social de la provincia de Buenos Aires)—, a cambio de 20 horas de trabajo semanal en su barrio, en un lugar en donde, una vez que puedan salir de la pobreza estructural, puedan fomentar la cultura del trabajo".

El propio Zurro difundió en sus redes sociales una reunión con la Vicepresidenta de la Nación, en la que le habría transmitido personalmente la iniciativa. No obstante, en la Región consideraron que se trata de una provocación a los movimientos sociales, que en algún punto termina legitimando el posicionamiento opositor, según el cual "los planeros no trabajan".

Desde Chacabuco, la referente del Movimiento Evita, Lucía Cantero, aseguró que, al menos en su distrito, "las organizaciones sociales ya demostraron con hechos que se trabaja y mucho". "En Chacabuco demostramos con hechos que se trabaja, con cooperativas y unidades productivas que funcionan", afirmó, al mismo tiempo que desconfió de la propuesta de "municipalizar" los programas sociales, porque podría llevar a un conflicto entre los trabajadores de las comunas y los de la economía popular.

"No creemos que sea esa la solución, porque terminaría llevando a una pelea de trabajadores entre trabajadores y de pobres contra pobres", advirtió Cantero. En Junín, Müller recordó que, a través del Potenciar Trabajo, "se pintaron siete instituciones educativas y también funciona la huerta agroecológica en la localidad de Agustín Roca". 

Por su parte, Román también resaltó que en el territorio de Chivilcoy, las organizaciones sociales consiguieron articular proyectos en conjunto con el gobierno municipal del intendente vecinalista Guillermo Britos.

Entre ellos, destacan la fábrica de caños y herrería que funciona en el Corralón Municipal y operan los beneficiarios del Potenciar Trabajo y la obra de construcción de un SUM y un playón deportivo, en un terreno cedido por el Municipio.

"En nuestro caso, con un gobierno local que no forma parte ni del Frente de Todos ni de Juntos, pudimos desarrollar una política en conjunto, sentarnos en una mesa de diálogo y poner las coincidencias sobre las diferencias. Después, cada cual tiene su espacio para disputar en las elecciones", aclaró Román a Democracia.

Polémica

Desde el massismo juninense también sentaron postura sobre la discusión y advirtieron que la problemática de los programas sociales no pasan tanto por su existencia sino por "quiénes los administran y para qué lo hacen".

En esta línea, la diputada provincial del Frente de Todos Valeria Arata apuntó días atrás contra la administración municipal del PRO del intendente Pablo Petrecca como la presunta responsable de haber desarticulado el programa Argentina Trabaja, en la etapa política anterior.

"En el caso de Junín, estuvo a cargo del Municipio y lo único que se logró fue la disolución de fuentes de trabajo, una gran cantidad de personas que dejaron de recibir beneficios y se quedaron sin plan y sin trabajo, la desaparición de cooperativas de trabajo y según lo que manifiestan los beneficiarios de aquel entonces, la desaparición de las herramientas y maquinarias que se habían comprado", advirtió la legisladora, en una columna de opinión.

Tras ello, reivindicó el convenio firmado entre Daniel Arroyo, en sus días como ministro de Desarrollo Social, y el fallecido Mario Meoni, cuando se desempeñaba como ministro de Transporte, para que la empresa estatal Trenes Argentinos Capital Humano asumiera "la responsabilidad de ser una Unidad de Gestión del Programa Potenciar Trabajo".

"La empresa Trenes Argentinos Capital Humano a partir de ese momento, creó el programa Cooperar a través del cual tiene decenas de beneficiarios en la ciudad de Junín. Los beneficiarios del Plan Potenciar que se integraron al programa Cooperar de Trenes Argentinos Capital Humano, realizan contraprestaciones para mantener el cobro del plan social", aseguró Arata.

En esa línea, consideró que "el problema de los planes sociales es quiénes los administran y para qué lo hacen" y afirmó que "la salida de los planes sociales es transformarlos en trabajo genuino" es un planteo que viene reivindicando el espacio del Frente Renovador, liderado a nivel nacional por Sergio Massa, e insistió en que el proceso se está viviendo en el presente en Junín, "a través de Trenes Argentinos Capital Humano".

En el discurso cristinista, en contrapartida, la cuestión del "quién" sí emergió como un eje medular de las "altas" y "bajas" de los programas. Pero, desde los movimientos sociales en la Región, responden que todo pasa por la órbita del Ministerio conducido por Zabaleta.

"Lo que hacemos desde el Movimiento Evita es proponer proyectos productivos al Ministerio de Desarrollo Social y ellos aprueban o no", aseguró Müller, que también se esforzó por descartar toda duda sobre las contraprestaciones de los beneficiarios de los programas sociales. 

"Tenemos muchos casos de trabajadores de la economía popular que perdieron su ingreso y piden sumarse a nosotros, porque quieren trabajar", afirmó. En Chacabuco, Lucía Cantero reforzó la perspectiva y contradijo el discurso vicepresidencial: "Es cierto que el peronismo es trabajo, pero las organizaciones sociales trabajamos. Y nosotros no estamos autorizados para dar de baja a nadie, eso lo decide el Ministerio".