Roberto Amette, director de Registro y Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se refirió -en diálogo con Democracia- al fallecimiento de una mujer en un geriátrico juninense, en el cual estaban alojadas doce personas, en condiciones deplorables, y apuntó al municipio por la falta de controles.
En este sentido, si bien remarcó que el principal responsable es el particular que violó la faja de clausura, señaló que también las autoridades municipales tienen el poder de fiscalizar y hacer trámites relativos a estos centros de salud.
El geriátrico, situado en Malvinas Argentinas al 200, en nuestra ciudad, seguía funcionando a pesar de haber sido clausurado un mes atrás. En solo un mes, sus dueños ingresaron a trece ancianos para alojarlos allí, sin que ninguna autoridad tomase nota de lo que estaba ocurriendo, con el lamentable desenlace de una mujer de 97 años fallecida. Es dable señalar que los funcionarios competentes, que ya estaban al tanto del mal funcionamiento del geriátrico, demoraron varios meses en decretar la clausura definitiva, que nunca se hizo efectiva porque fallaron los controles posteriores a la colocación de la faja de clausura.
Paralelamente, hay otros dos geriátricos locales en una situación similar, que no fueron clausurados de manera definitiva, por lo que siguen en funcionamiento. El tiempo en que se tarda en hacer las cosas, los trámites burocráticos y demás para lograr finalmente una clausura, no es el mismo que el que tienen los ancianos, vulnerables por su avanzada edad, por las patologías que padecen y por las malas condiciones de donde son alojados, vulnerándose sus derechos.
¿Qué dice la ley?
Según señaló Amette, el control de los geriátricos está regido por el decreto 1190 de 2012, que pone a los municipios como los encargados de fiscalizar y realizar tareas administrativas relativas a los mismos. Ahora, cómo se controlan los geriátricos cuando son efectivamente clausurados, nadie lo dice, porque “teóricamente” no están funcionando.
“Con respecto a la situación –dijo Amette- hay tres cosas que me parecen claves. En primer lugar, la norma, el decreto 1190 de 2012, por el cual los municipios tienen la competencia de fiscalizar y de realización de tareas administrativas relativas a geriátricos, y el personal en cuestión, del área de Adultos Mayores, deben formarse en los cursos que da el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Registro y Fiscalización Sanitaria. Por otro lado, en lo que es la operatoria relativa a clausuras, es competencia de los municipios, es decir el efectivo cierre, sacar a la gente de adentro, etc.”.
“Ahora, ¿qué sucedió en este caso?, hubo un trabajo coordinado entre el Ministerio y el Municipio y el 19 de mayo se decidió la clausura. Se puso la faja de clausura y nadie puede volver a ingresar a ese establecimiento. Cuando esa faja es violada, lo que me parece fundamental entender es que el responsable es quien viola la faja de clausura. Las autoridades también tienen responsabilidad y la norma que pone en cabeza de los Municipios este trabajo tan operativo a nivel territorial lo hace porque entiende que quienes tienen un mejor control territorial y más acceso a los problemas son los municipios”, apuntó.
Antecedentes
En cuanto al antecedente que tenía dicho establecimiento, de no cumplir con las normas ni con la clausura preventiva impuesta el año pasado, Amette manifestó: “Uno no puede cerrar un establecimiento y dejar a toda la gente suelta o a la deriva. Tiene que haber un trabajo bastante detallado en cuanto a relocalización, búsqueda de establecimientos donde van a estar y durante el período ese de cuatro o cinco meses es que se hizo ese trabajo. En cuanto estuvo vacío el establecimiento se le puso la faja de clausura (el 19 de mayo del corriente año). Son procesos lentos”.
Según lo expuesto, la clausura provisoria dictada en primer momento por el Fiscalización Sanitaria, órgano que le compete hacer la misma, implica que nadie podía entrar al establecimiento y el pago de una multa y además readecuar las instalaciones, de lo contrario se cierra, cosa que finalmente se dispuso después de varios meses.
Denuncia penal
Durante el tiempo que funcionaba el geriátrico, al parecer las autoridades que tenían que controlarlo tenían inconvenientes para entrar, o eran maltratadas, por eso se hizo una denuncia ante la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Junín.
“Por la dificultad que tenía el establecimiento en cuanto a la forma de actuación de la persona que estaba a cargo, hicimos una denuncia penal ante la Justicia para poder ingresar. Se realizó el 23 de marzo último, ante la UFI N° 1”, destacó Amette. “Entendíamos que podrían estar produciéndose delitos adentro del geriátrico y el motivo de la denuncia fue porque como autoridad sanitaria no estábamos pudiendo ingresar al establecimiento y resolver los problemas que ahí se estaban produciendo, se acudió a la Justicia”, explicó.
Otros casos en la ciudad
“Hay otros establecimientos que alojan adultos mayores que están en situaciones, no sé si iguales, pero análogas, por lo cual estamos interviniendo y estamos atentos para tomar medidas”, aseguró Amette.
“En unos dos hay algún tipo de controversia, con clausuras provisorias por parte del Ministerio”, agregó. En lo que respecta al geriátrico ubicado en Malvinas Argentinas al 200, señaló que hay una intervención judicial, con desalojo y faja de clausura.
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