La pelea entre el campo y el Gobierno por las retenciones se reavivó el lunes con la presentación en la Justicia de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y otras entidades agropecuarias en el interior, para exigir el cese del cobro de ese tributo a la exportación, que además consideran “inconstitucional”.
A través de un recurso de amparo, que fue presentado en la Justicia Federal de Córdoba (y elevado junto a la Rural de Jesús María, “para poner en valor el federalismo”), la SRA expuso que las retenciones ya no son aplicables por no haberse prorrogado la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que en 2019 le permitió al Gobierno subir las retenciones a la soja del 24,7 al 33 por ciento actual.
Esa normativa le puso también un tope del 15 por ciento a los derechos de exportación del trigo y el maíz, que hoy tienen una tasa del 12 por ciento. Pero esa ley de emergencia que Alberto Fernández impulsó ni bien asumió venció el 31 de diciembre de 2021. Y aunque dos semanas antes el Presidente había establecido por decreto las alícuotas del impuesto para este año, en la Rural insisten en que esa decisión carece de sustento legal al no haberse aprobado en el Congreso el Presupuesto 2022 que incluye la extensión de las retenciones hasta 2024.
“Las retenciones deberían ser cero”
“A nuestro modesto entender, al caerse la ley de emergencia y no aprobarse la ley de presupuesto, al no existir esos dos elementos a partir del 1° de enero las retenciones deberían ser cero”, advirtió el presidente de la SRA, Nicolás Pino, durante una conferencia de prensa que compartió junto a otros representantes de la entidad y de la Rural de Jesús María.
“Lo que hay que tener claro es que lo presentamos porque las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista debe existir una ley que lo avale”, subrayó Pino con un argumento que fue rechazado por el Gobierno.
Consultado el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Moutous, aseguró que “es un tema que se viene tratando hace mucho tiempo. La posición de casi todas las entidades es que se trata de un impuesto distorsivo, es decir que retiene directamente de un precio en bruto y con un dólar también distorsivo”.
A modo de ejemplo señaló: “De lo que uno vende cobra el 40% de lo que en realidad debería cobrar, entre el valor del dólar y retenciones”.
Concretamente sobre el amparo aseguró: “Coincidimos porque al haberse caído el decreto anterior de estado de emergencia y al no haberse votado un presupuesto nuevo, pasaría a ser inconstitucional”, y aseguró que más allá de las versiones del Gobierno, “ahora tiene que intervenir la Justicia”.
El reclamo “no es válido”
Según lo consignado por la agencia estatal Télam, fuentes de la Casa Rosada aseguraron que “las medidas que se dictan en uso de facultades a ese momento siguen vigentes hasta que se derogan. Y eso no ha sucedido”, por lo que consideraron el reclamo del campo como “no válido”.
En tanto, el asesor legal de la Rural, Carlos Laplacette, precisó que “ante la finalización del plazo por el cual el Poder Ejecutivo podía fijar retenciones y ante la no sanción de la ley de presupuesto que preveía la prórroga de esa facultad extraordinaria, todas las medidas de emergencia tomadas al amparo de una ley de emergencia cayeron. Por lo tanto, a partir del 1° de enero de este año no existe una ley que justifique el cobro de retenciones y lo que se pretende con este tributo es que esa discusión se dé en el Congreso. Hasta que esa discusión no se dé, no es legítimo cobrar ni a los productores ni a ningún ciudadano argentino un impuesto que no tiene sustento en una norma aprobada por el Parlamento”.
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