El Gobierno nacional confirmó el congelamiento de más de 1500 productos de la canasta básica y renovó la advertencia de que serán sancionadas las empresas que no cumplan con la resolución de la secretaría de Comercio Interior.
En este escenario de fuerte presión inflacionaria e incertidumbre por la escalada de los precios, Democracia consultó a dirigentes políticos y representantes de entidades juninenses sobre el impacto y los alcances de la medida con la cual el Gobierno apunta a frenar la estampida de los precios en las góndolas.
Maroscia: “No soluciona el problema”
Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad de Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a este diario: “Cualquier industria que produce, obviamente busca ser rentable, lo que necesitamos como sector son proyectos a mediano plazo, con medidas concretas y claras, que permitan proyectar a futuro. El congelamiento de precios es una medida paliativa, que no soluciona el problema de fondo. Congelamos por 90 días, pero al que produce le siguen subiendo los costos. Esta medida no conduce a nada”.
Y agregó: “No llegaríamos al desabastecimiento, porque mientras haya materia prima se va a seguir produciendo normalmente. Pero después de los 90 días, cuando termine este plazo ¿qué hacemos?, tiene que volver el producto al precio real, se va un 50 por ciento arriba y ¿qué hacemos?. Esto no soluciona el problema de fondo”.
Aguiar: “Hay una carterización”
Santiago Aguiar, referente económico del Frente Renovador de Junín, afirmó a Democracia que es importante llegar a un acuerdo entre el Gobierno y los formadores de pecios, “porque si no toda medida que tome el Gobierno para recuperar el poder adquisitivo del salario, se la va a consumir rápidamente el sector de alimentos, con el aumento de los precios”.
Y el economista del BICE amplió: “Claramente hay una concentración y una carterización de los productos básicos, que componen la canasta de alimentos. En la medida en que esos productos corran más rápido que los salarios, va a ser imposible controlar la inflación”.
“Los acuerdos de precios o precios máximos no son medidas que se apliquen estrictamente contra la inflación. No es una solución a la inflación ponerles un tope a los precios. La inflación tiene otra explicación, pero es importante dar señales. Y esas señales, en parte, son los acuerdos de precios, en combinación con otras medidas que apunten a evitar el aumento sistemático y prolongado. Esto es parte de un combo. Contener un precio por acuerdo no evita la inflación en el futuro. Pero si uno puede contener las variables macro y lo estructural en la formación de precios, un acuerdo que vaya dando certezas a los consumidores sirve para calmar las expectativas de inflación. Y eso trae referencias al resto de los mercados, como los almacenes de barrio”, señaló.
“Es importante que el Gobierno llegue a acuerdos para construir un escenario de estabilidad, en el cual el empresario se va a sentir más cómodo y también el consumidor. El acuerdo es bueno en la medida en que los supermercadistas lo respeten y haya stock. Es una manera de calmar los ánimos y las expectativas de inflación en el corto plazo, para después poder atacar las variables de fondo”, consideró.
Fiorini: “Generará muy pocos resultados”
Por su parte, el senador provincial Juan Fiorini (Juntos) afirmó a este diario: “Los acuerdos de precios, pensados solo a corto plazo, no funcionan. Hubo muchos intentos de controles de precios, en el pasado, que no dieron resultado y esta vez no va a ser la excepción. La inflación es un problema de fondo, que no tiene como único problema el valor de los alimentos. La emisión es uno de los problemas que hay detrás, pero también la elección del camino económico del país, que genera consecuencias. El sector alimenticio también sufre las consecuencias de la inflación, obviamente que es un sector importante y que tiene una gran participación en el índice de precios al consumidor, pero no es el único. Por lo tanto, me parece que no va a ser una medida que tenga resultados, va a ser una medida que generará buenos títulos y muy pocos resultados”.
Y agregó: “La única solución para la Argentina es trabajar en acuerdos o consensos a largo plazo, pero que estén acompañados por medidas económicas pensadas en bajar la inflación. Hoy la inflación la sufrimos todos y es el principal problema de los argentinos. No alcanza la plata, no se puede llegar a fin de mes, los precios aumentan permanentemente y cae el consumo”.
Bruzzone: “Es una pulseada de los grupos económicos”
El concejal José Bruzzone (Frente de Todos) afirmó a este diario: “En la Argentina la economía ha llegado a tal grado de concentración que unos pocos actores detentan el poder de mover el sistema general de precios. Si ellos deciden aumentar sus precios, el resto los sigue. Ahora, la pregunta sobre por qué deciden aumentar tiene múltiples respuestas. Cuando se dice que si el Gobierno aumenta la masa monetaria circulante se produce inflación, es cierto. Pero la causa es que cuando los formadores de precios se enteran de que va a existir ese dinero extra en el marcado, lo capturan aumentando en lugar de produciendo más. El perjuicio así es doble para quien no ha recibido la ayuda directa del Gobierno, pues de rebote encima liga el aumento. La gente culpa al Gobierno de estos resultados, pero lo cierto es que los beneficiados son los empresarios”.
Y el sociólogo agregó: “Otra de las causas suele ser el precio de los exportables argentinos, que en gran medida son comida animal. Cuando sube el precio internacional o aumenta el dólar, ese insumo impacta sobre toda la economía. Cualquier empresa, aunque no use soja entre sus insumos, se ve influenciada por estos vaivenes, pues al aumentar el valor de la comida tiene que pagar salarios más altos para que sus empleados no pierdan condiciones de vida. Pero eso no está teniendo tanta influencia en estas últimas semanas. Con el dólar estable y precios internacionales que no suben y varias veces bajan, los precios internos suben igual”.
“Creo que estamos viendo una pulseada de los grupos económicos con el Gobierno para imponer condiciones políticas que son su agenda estratégica. No es casual que se hable de flexibilización laboral, de desregulaciones, de devaluación en el mismo momento en que le complican el día a día a la gestión económica. La lógica de la empresa es la de maximizar beneficios. Mientras estas movidas le traigan más beneficios que perjuicios, lo van a seguir haciendo porque está en su naturaleza. Creo que dar vuelta esa ecuación se logra creándoles tanto perjuicio como para que desestimen aumentos espurios. Creo que el nuevo secretario de Comercio lo piensa de ese modo. Pero para eso se necesita poder político, mucho. Un poder que se construye alineando detrás de un objetivo a los que objetivamente están interesados en que se cumpla. En este caso, el poder del Gobierno debe apoyarse en los sindicatos, los jubilados, las Pymes que fabrican cosas que consumen los asalariados”, afirmó.
“En los últimos meses todas las variables históricas que explican la inflación se han movido por detrás de esta. De modo que no la traccionan. Son las grandes empresas las que están pulseando con el Gobierno al mismo tiempo que hacen un colchón de plata con lo que luego aguantan cualquier medida en contra, incluso sin vender. Pasó muchas veces en la Argentina. La más alevosa, tal vez, fue la del 90, previo a la convertibilidad del 91”, dijo.
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