El gobierno bonaerense promulgó ayer una ley que crea un juzgado de familia en el Departamento Judicial de Junín, con asiento en la ciudad de Chacabuco, junto a los cargos de defensor oficial y de asesor de incapaces.
La norma, publicada en el Boletín Oficial del distrito, había sido sancionada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el 19 de agosto pasado.
"Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley", señala la norma.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, designó el 1° de septiembre pasado a través de distintos decretos a 31 jueces cuyos pliegos habían sido aprobados por el Senado provincial en la sesión del 11 de agosto pasado.
Las designaciones fueron para ocupar cargos vacantes en los departamentos judiciales de San Martín, San Isidro, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Morón, La Plata, La Matanza, Azul, Mercedes, Quilmes, Moreno-General Rodríguez, San Nicolás y Bahía Blanca.
La aprobación de esos pliegos en la Cámara alta bonaerense se produjo tras un acuerdo entre Juntos por el Cambio, que tiene mayoría numérica, y el oficialismo, después de que el gobernador firmara el nombramiento de otros 31 magistrados que la oposición había votado durante la gestión de María Eugenia Vidal.
“Teníamos la demanda de necesidad”
En diálogo con Democracia, el senador Agustín Máspoli señaló que “teníamos la demanda de necesidad del Juzgado de Familia, gente que la ha tocado por distintas situaciones, y había que elegir entre ir a Junín, que está con muchos casos, o al Juzgado de Paz local, que tiene mucha competencia, en todo tipo de tareas, pero están con muchas cosas y no tienen gran capacidad para algunos temas específicos” y agregó: “En un juzgado de Familia puede haber demanda por alimentos, pero también un caso grave de violencia de género. Es una demanda que teníamos de profesionales e instituciones”.
En otro orden, Máspoli agregó que “nosotros tenemos mayoría en el Senado, pero no en Diputados y ahí se traba mucho la dinámica legislativa, entonces la mejor opción era hacerlo en conjunto con la diputada Micaela Olivetto, del Frente de Todos, que también estaba con este mismo tema en agenda; presentamos los proyectos espejo, en las dos cámaras, con el compromiso de que el que saliera primero, lo tomaba el otro, en la otra cámara, y así fue. En el Senado pudimos darle media sanción rápidamente y en Diputados, después de la primera o segunda sesión después de nuestra media sanción, lo pudo sacar. Así que el Juzgado de Chacabuco es ley”.
Por otro lado, la diputada Micaela Olivetto, dijo: “El proyecto de ley es parte de una demanda muy fuerte que se manifiesta desde hace mucho tiempo, tiene que ver con la diferencia que existe entre la posibilidad de acceder a un proceso especializado, etapa prejudicial y tener el equipo interdisciplinario para adoptar la temática, que cuentan quienes pueden acceder a un Juzgado de Familia, y quienes tienen que acceder al proceso a través del Juzgado de Paz, que hace su mayor esfuerzo, pero que no tiene el equipo técnico ni recursos para abordar esta materia tan sensible como es la de Familia, que incluye alimentos, adopción, filiación, violencia de género” y agregó: “Frente a esta demanda, nos pusimos de acuerdo con el senador Máspoli para impulsar los dos el proyecto al mismo tiempo, con el compromiso de seguir adelante con el que obtuviera media sanción primero, dejando de lado mezquindades políticas”.
“Llevé adelante reuniones con distintos sectores, para construir un proyecto que sea representativo y participativo, tuvimos el apoyo del Colegio de Abogados del departamento judicial Junín, del Colegio de Magistrados, de las dos juezas de familia, de la Casa de Justicia de Chacabuco, de la Asociación de Abogados de Chacabuco, y de distintos actores, profesionales, de distintas materias que intervienen en las causas de Familia y trabajan esta temática”, apuntó Olivettó
Y añadió: “Llevamos adelante un foro de participación, más de 150 personas hicieron su aporte, contamos con la presencia de Marisa Herrera, que es una abogada prestigiosa y nos manifestó los desafíos a la hora de acercar la Justicia de Familia a territorio: hay familias vulnerables que no tienen la posibilidad de irse hasta Junín para poder tener acceso al equipo interdisciplinario y proceso prejudicial, principalmente; también descongestionar el trabajo del Juzgado de Paz”.
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