La decisión de mudarse de vivienda hoy no resulta tarea fácil, especialmente para una familia tipo, en nuestra ciudad, debido a los altos costos que se deben afrontar y que, según afirman, pueden rondar entre los 80 y 120 mil pesos entre el canon de alquiler, del que se abonan dos meses y uno de depósito, y las comisiones.
Los montos varían según el tipo de vivienda, pero según el martillero Hernán Pietrobón, un departamento con dos habitaciones, cocina, comedor, pequeño patio y garaje “ronda entre los 25 y 30 mil pesos”.
Aseguró que se habla de un departamento para una familia tipo, especialmente “por la falta de vivienda y la dificultad para alquilar casas en Junín”, que además “cuentan con un valor más elevado”, a raíz de este mismo déficit habitacional.
Más de 100 mil
“Mudarse hoy puede ir entre unos 80 y 120 mil pesos”, destaca Pietrobón, dependiendo de algunas cuestiones como el valor del alquiler y la posibilidad de contar con algún pago en cuotas o diferido.
Sin dudas un monto sideral para muchos inquilinos, a los que muchas veces la decisión de mudarse se les da de manera abrupta y no siempre por un deseo de cambio o mayor bienestar, sino por necesidad.
En cuanto a los requerimientos en el marco del contrato de locación, explicó que “se solicitan dos meses de alquiler y un mes de depósito, que muchas veces se abona en dos o tres veces”.
A ello se suma el honorario de la inmobiliaria de alrededor del 4% del total del alquiler, aunque destacó que también “se suelen dar facilidades en dos o tres veces”.
Por la difícil situación, incluido el contexto de la pandemia que golpea en la economía de muchas familias, Pietrobón aseguró: “Tenemos empatía porque sabemos que afrontar todos los gastos puede significar que la persona no se pueda mudar”.
Asimismo, aclaró que la renovación del alquiler, que se debe realizar cada tres años, encarece los costos de manera más abrupta.
Gastos “extras”
Por caso, una mudanza en términos de traslado de muebles y objetos puede sumar tranquilamente unos 10 mil pesos a los costos que deben afrontar los inquilinos.
A ello, se suman también los gastos que implica, muchas veces, equipar y poner a punto la nueva casa.
Según Pietrobón, no se debe perder de vista, “lo que implica dejar una propiedad para mudarse a otra, debiendo cancelar todos los gastos e incluso aplicar pintura y dejar la casa en condiciones, algo que sin dudas suma gastos y que es una cuestión que suele generar cierta fricción entre inquilinos y propietarios”.
Nueva ley
El 1 de julio comenzó la aplicación de la actualización automática de los valores del precio de los alquileres según la nueva ley que rige la actividad desde julio del año pasado.
Se trata de un índice que publica el Banco Central de la República Argentina, que contempla la evolución de los salarios y la inflación anual, y ronda en un 41% por ciento de aumento de los precios que se pactaron a mediados de 2020.
Sin dudas, el impacto para los inquilinos es grande y no deja de afectar a los propietarios.
En diálogo reciente con Democracia, el presidente del Colegio de Martilleros, Daniel Di Palma, reconoció que “un incremento del 41% asusta cuando se lo comunica al locatario, que viene sumido en aumentos generales de toda la Economía. Estamos como ciudadanos golpeados con los aumentos”.
“El locatario siente el impacto si bien es lo que marca la ley. Y también el locador que tiene pérdida de rentabilidad en una Economía fuertemente devaluada y aumentos generales, además de gran pérdida de poder adquisitivo”.
Para Di Palma, “esta ley vino a emparejar posiciones dentro de una locación. Si bien en su momento dijimos que no era necesario, porque el mercado se regula por oferta y demanda y esto solo retrae”. En definitiva, “complica al locatario y se retiran los inmuebles de la locación. Es una regulación que ha perjudicado a las dos partes”, concluyó.
En esa misma línea, Pietrobón marca que “la conclusión de la ley es que lo que pretendía venir a solucionar un problema para el inquilino generó el efecto contrario. Y ahora, prisioneros de esta ley, los propietarios tienen que pagar impuestos que no pagaban y la inscripción en AFIP que se obliga. Todo eso conspira contra el inquilino que afronta más gastos, al extender el plazo y no dejar el acuerdo de partes. Es una ley que perjudica”, concluyó.
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