El congelamiento de los alquileres concluirá a fin de mes, tras lo cual los propietarios e inquilinos deberán acordar cómo continúan los contratos y el financiamiento si hubiera una deuda acumulada, al tiempo que desde el Gobierno afirman que "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación".
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó que cuando venza el decreto que congela alquileres y prohíbe desalojos el 31 de marzo próximo, "no habrá extensión".
Por otra parte, preocupa la renegociación de los contratos cuando venzan y una posible suba en el precio de los alquileres, sobre todo si se tiene en cuenta la caída del salario real de los trabajadores.
La Ley de Alquileres establece que el ministerio de Justicia debe facilitar ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de los alquileres.
En tanto, la obligatoriedad de inscribir los contratos en AFIP entró en vigencia esta semana y los propietarios que no tengan registrado el contrato podrán ser multados, mientras que no podrán llevar adelante juicios de desalojo.
Al respecto, el martillero juninense Daniel Di Palma destacó: “Más allá de ser una medida esperada, es una resolución del Ejecutivo de no prorrogar el DNU y someter a mediación obligatoria. En el 98 de los casos en Junín se han renovado los alquileres más allá de la prórroga. Ha habido entendimiento entre locador y locatario de las medidas y de los DNU de necesidad y urgencia”.
“Durante todo el período de congelamiento, en el Departamento Judicial no hemos tenido mayores inconvenientes y hemos visto un alto porcentaje de soluciones en los contratos”, afirmó.
Pero advirtió que “el hecho inflacionario devaluatorio de los últimos años y los salarios en baja hacen que se pierda poder adquisitivo, que repercute en el pago de alquileres”.
“El panorama es complejo para ambas partes. Esta problemática devaluatoria y de empobrecimiento, con el achicamiento del poder adquisitivo, tiene un impacto en todos los sectores”, subrayó.
“El descongelamiento debería implicar que hayan políticas públicas para reactivar otros sectores de la economía como los créditos hipotecarios y la construcción para generar hábitat para las familias. Son a largo plazo y necesitamos lineamientos desde el Estado que marquen un rumbo”, reconoció.
Cabe recordar que desde el 1 de marzo se deben registrar en la AFIP los contratos de alquileres pactados a partir del 1 de julio de 2020.
Sobre este tema, Di Palma informó: “La responsabilidad en la registración existe de hace muchísimo tiempo y siempre se llevan adelante. Esta nueva norma de ahora es una burocracia más que va implicar en los costos de los alquileres”.
“Creo que el 95 por ciento de los casos, la formalidad ya existe. Lo que cambia ahora que se hace obligatorio”, concluyó.
Preocupación
En este contexto, Inquilinos Agrupados manifestó en un comunicado "preocupación" por la finalización el 31 de marzo del decreto que comenzó a regir un año atrás, entre las primeras medidas económicas de emergencia que tomó el Gobierno por la pandemia.
"El ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció que no se va a extender el decreto que suspende desalojos; a partir del 1/4/21 las familias endeudadas quedarán en la calle y habrá juicios de embargos a mansalva", alertó la organización.
En el caso de que se haya acumulado deuda, el decreto contempla que los inquilinos deberán pagar las deudas de alquileres en un plazo de 6 a 12 meses, sin punitorios.
Según Inquilinos Agrupados, los resultados de la encuesta nacional a inquilinos de enero arrojó que el 40% no sabe dónde va a vivir cuando finalice el decreto.
En tanto, el 35,7% no pudo pagar el alquiler de enero o lo abonó parcialmente, lo que "los ubica en una situación de posible desalojo".
Gervasio Muñoz, presidente de la federación, dijo que "durante la pandemia el decreto evitó que familias quedaran en la calle extendiendo automáticamente los contratos de alquiler y el mercado inmobiliario respondió a esa medida con aumentos de precios que hoy".
"El panorama hoy es: familias que hace meses acumulan deudas, no tienen dinero para mudanza, no tienen dinero para pagar un nuevo alquiler, y mucho menos para saldar las deudas mientras pagan un nuevo alquiler. La única alternativa es la calle", advirtió.
Del otro lado de la mesa, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, dijo que "en el mercado habitacional, la acción judicial en un desalojo y en un cobro no son frecuentes".
"Los conflictos se resuelven entre propietarios e inquilinos", aseguró Bennazar en declaraciones radiales.
El directivo agregó que el sector viene "desde hace 36 meses en un tobogán de caída libre" y aseguró que "el mayor de los problemas para el propietario es la rentabilidad, es la más baja de la historia".
Días atrás, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci) señaló que "continuar con la prórroga indefinida del DNU con las actuales condiciones establecidas profundiza la problemática de los inquilinos, propietarios e inmobiliarios, lo que genera una incertidumbre angustiante".
En ese sentido, la entidad propuso la creación de una "tarjeta alquilar", para subsidiar a los inquilinos y aplicar programas de financiamiento para aquellos inquilinos que hayan generado deudas durante la prórroga del DNU.
El ministro Ferraresi se refirió al endeudamiento de los inquilinos y dijo que a partir de abril se podrá “ver el resultado de esta situación y tener datos reales de quiénes están en posibilidades de desalojo".
"Vamos a tener datos concretos de las familias vulnerables y aplicaremos distintas políticas”, aseguró.
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