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Filas para cobrar el IFE: afirman que la asistencia estatal fue clave para que el panorama no sea más conflictivo aún
ECONOMÍA Y CUARENTENA

Por la pandemia, se generó una suba de la conflictividad laboral en Junín

En la Delegación del Ministerio de Trabajo provincial se realizaron más de 400 audiencias en los últimos siete meses de 2020. Los reclamos más comunes son por incumplimientos de escalas salariales y falta del pago del complemento del ATP o del aguinaldo. Hoteleros, gastronómicos, comercios y empleadas domésticas son los más afectados. Afirman que la asistencia estatal permitió tener un diciembre tranquilo.

El último informe oficial sobre el nivel de empleo en Argentina fue publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) el 17 de diciembre último. Allí se daba cuenta del panorama laboral nacional en el tercer trimestre del año pasado, en el que la desocupación alcanzó el 11,7%, algo menor a los tres meses anteriores (que fue del 13,1%), pero todavía por encima del mismo período del año previo, cuando estaba por debajo de los dos dígitos: 9,7%.
Esto reflejó, entonces, que empieza a verse una moderada recuperación del empleo luego del fuerte impacto del Covid 19 sobre la economía, pero todavía por encima de los guarismos prepandemia.
En Junín, el peso de la recesión no tuvo una influencia tan categórica en cuanto a los despidos, pero sí se observa un aumento de la conflictividad en el mercado laboral. Estos reclamos tienen que ver, principalmente, con diferencias en la liquidación de sueldos, así como falta del pago del complemento del ATP o del aguinaldo.

Reclamos
El titular de la Delegación Junín del Ministerio de Trabajo de la Provincia, Nicolás Gauna, admite que en los últimos meses del año 2020 “se registró un alza en los reclamos, esto es, la conflictividad laboral”. Y profundiza: “Esto no quiere decir que sean despidos o suspensiones: las relaciones laborales tienen diferentes obligaciones y derechos, y si algunos de estos derechos se ven limitados o en peligro, se presentan reclamos que pueden ser individuales, es decir, de un trabajador sobre un empleador, o colectivos, o sea, conflictos que afectan a la categoría completa de los trabajadores”.
Estos desencuentros se resuelven en una o más audiencias y este incremento de los reclamos significó un aumento en la cantidad de audiencias. De hecho, desde que Gauna se hizo cargo de la Delegación, el 30 de mayo de 2020, hasta diciembre del mismo año, se celebraron 404 audiencias.
“En este tiempo predominó el conflicto colectivo, es decir, que abarcan a una gran cantidad de trabajadores, a diferencia de lo que ocurría los años anteriores, en donde eran más comunes los reclamos individuales. Esta prevalencia de la conflictividad colectiva da cuenta de la mayor participación de los sindicatos”, señala Gauna.
Dentro de los reclamos colectivos, una de las temáticas que predomina es el incumplimiento en las escalas salariales de los convenios colectivos de trabajo. “Cada actividad tiene un convenio distinto con su respectiva escala que consta de diferentes ítems -explica Gauna-, y tuvimos varios casos de ítems mal liquidados. Esto es un incumplimiento a las obligaciones de ese convenio. En general fueron estos casos. Hubo muy pocos casos de despidos, salvo por algún cierre, como fue el caso del Hotel Copahue, que se resolvió en la gran mayoría, salvo dos o tres casos que se están discutiendo en la Justicia”.


Otro tema de conflicto fue el pago complementario del ATP por parte de los privados, de acuerdo a lo que explica el delegado de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, Fernando Burgos: “Tenemos muchas consultas porque se ha mal utilizado el ATP y hubo aprovechamiento, porque hubo casos en los que solamente les dejaron a los trabajadores lo que les depositó el Estado, y la parte del privado dejó de existir. Por eso hicimos un trabajo como de docencia, explicando que el empleador debe poner su parte”.
Es que la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) es el depósito de una asignación equivalente al 50% del salario que se cobra, pero la otra mitad la tiene que poner el empleador. Y es aquí donde se advierten fallas. “Tuvimos algunos casos individuales por ese tema, no colectivos”, asevera Gauna.
Otros expedientes que se iniciaron en la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense fueron por una mala aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que implica una suspensión acordada con el trabajador mediante la cual, se le paga el 75% del sueldo pero como una suma no remunerativa, esto implica que no debe abonar las cargas sociales que implicaría ese salario, con la condición de que el trabajador esté efectivamente suspendido y no trabaje. Gauna agrega que “eso requería el consentimiento de los trabajadores, el acompañamiento del gremio cuando son más de diez empleados, y que se homologue en sede administrativa, y en algunos casos este último paso no se hizo, tampoco estaba acreditado el consentimiento de los trabajadores y, lo que es más grave, seguían trabajando”.

Rubros más afectados
Entre los rubros más afectados y en los que se contabilizó una mayor cantidad de reclamos están los comercios minoristas, gastronómicos y hoteleros, más algunos inconvenientes con los trabajadores de la Sanidad “y en el respeto y la aplicación al cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitaria”, ya que en algunas empresas no se tuvieron en cuenta todas las normas para la prevención del Covid.
Burgos ratifica que “creció la conflictividad en sectores que tardaron más tiempo en reiniciar su actividad, como la gastronomía o el turismo, y también en el servicio doméstico, que sigue siendo un área muy crítica en la que hay una gran informalidad, con lo cual, se quedaron sin trabajar en la pandemia porque la familia estaba en cuarentena, y con el paso del tiempo, cuando podían volver, en muchos casos no lo pudieron hacer”. Estos son los temas que generaron más consultas semanales en la delegación.
Algo similar a lo que sucedió en la del ministerio provincial, según lo que explica Gauna: “Es que muchas familias se quedaron en sus casas, y también pasaba que muchas trabajadoras, que son de pueblos aledaños, se habían quedado sin transporte público, entonces hicimos un esfuerzo muy grande para lograr acuerdos que les permitieran mantener una remuneración, porque había familias que no estaban trabajando o se veían afectadas en sus ingresos. Si bien no se pudieron resolver todos los casos, sí se logró llegar a buen puerto en la gran mayoría”.

Asistencia estatal
Desde ambas delegaciones destacan que la asistencia estatal en este escenario resultó determinante para que el panorama no sea más conflictivo aún.
“En ciudades como Junín, que son mayoritariamente de servicios, muchas actividades que tienen que ver con la circulación de personas se vieron particularmente afectadas -indica Gauna-, pero también hay que decir que la gran inversión social que hubo desde los estados nacional y provincial, ya sea con el ATP, con el IFE, con el Programa Preservar Trabajo (PPT) que tenemos en el ministerio bonaerense así como las asistencias a las cooperativas y el Repro, hizo que en Junín se vean favorecidas 20 mil personas, lo que no es poco. Estamos hablando del 20 por ciento de la población, es una llegada importantísima”.
Del mismo modo, Burgos sostiene que estos programas “ayudaron muchísimo”, y remarca que los últimos informes del Ministerio de Trabajo de la Nación “dan cuenta de que, en cuanto al trabajo registrado, formal, hay un sostenimiento del empleo y con un leve crecimiento en algunos meses”.
Según su análisis, la asistencia del estado “fue fundamental y eso se vio en que en diciembre no hubo ningún estallido ni cosas semejantes, cuando en otros años hemos visto que esto sí sucedía”.
En palabras de Gauna “diciembre siempre es un mes difícil”, porque es cuando se paga el medio sueldo anual complementario: “Este diciembre, en particular, tuvimos muchos reclamos. Uno entiende que el escenario es complejo, pero el trabajador muchas veces pasa las Fiestas gracias al medio aguinaldo, así que hubo que trabajar contrarreloj”.

Trabajo informal
Para Burgos, la pandemia “desnudó la precariedad laboral existente”, algo que se vio patentizado en la asignación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un programa que inicialmente se pensó que abarcaría a una población de poco más de tres millones de personas y terminó llegando a más de nueve millones.
Este es el resultado del gran porcentaje de trabajadores que todavía continúan en condiciones de informalidad. “Ante esto -explica Gauna- nosotros tenemos poder de policía. Con una denuncia de un trabajador, de un gremio o anónima, o hasta de oficio si lo advertimos, tenemos la facultad de inspeccionar y, si hay algún trabajador informal, infraccionar”.

Una delegación accesible
Todo este panorama hizo que las delegaciones de los ministerios de Provincia y de Nación tuvieran que ajustarse a estos tiempos.
Respecto de la primera, Gauna explica que se busca “que la delegación sea más accesible, se apunta a ser un ministerio de proximidad, con presencia en el territorio, cercano a los trabajadores no afiliados a un sindicato, a los gremios y a los distintos actores del aparato productivo”.
Es por ello que, según dice, hacen “un culto del diálogo” como la única forma de encontrar una salida. Y, al mismo tiempo, se adaptó el trabajo a la nueva normalidad: “Esto incluye el distanciamiento y el teletrabajo. Nunca se había celebrado una audiencia de manera virtual, sorteando el déficit en materia informática, porque muchas veces el empleado no tiene un celular con buena señal o con datos, así que hubo que trabajar en eso y se aceitó su implementación, así como el expediente informático y la mesa de entrada electrónica, porque la dirección de correo electrónico de la delegación cumplió la función de la mesa de entrada. Además, si bien se hizo un gran esfuerzo en La Plata para absorber las audiencias suspendidas al momento en que se decretó la cuarentena, también nos pusimos al día con lo que teníamos atrasado. En definitiva, hubo que adaptar la forma de trabajo y lo digital ganó mucho espacio, como sucedió en la mayoría de las actividades”.

Por un Observatorio Laboral
Desde la delegación de la cartera nacional, Burgos considera esencial que se cuente con datos concretos en materia laboral, algo que hoy no existe en Junín. Para eso, cree que lo ideal sería tener un observatorio.
“Es un trabajo que no puede hacer solamente el Ministerio de Trabajo -señala- sino que tiene que incluir a todos los trabajadores involucrados, tanto de Nación, Provincia y Municipio, así como la Universidad e instituciones intermedias. Para implementar políticas públicas es necesario tener datos duros. Ahora vemos que la Agencia de Desarrollo está haciendo algún relevamiento, pero sería importante que se tome esa herramienta, así como la del Consejo Económico Social, porque es lo que nos va a permitir tomar acciones correctas. Junín se está debiendo eso, la ciudad tiene que generar empleo y eso va de la mano del apoyo a las pymes porque acá no tenemos grandes industrias. Y es fundamental tener datos para planificar y ejecutar”.
En tal sentido, Burgos recuerda que mantuvo un encuentro con el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, a quien le transmitió su inquietud, y “al poco tiempo se generó desde la Universidad una iniciativa en ese sentido”.

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