El Gobierno nacional rescindió cinco de los seis contratos de Participación Pública Privada (PPP) tras llegar a un acuerdo con las contratistas a cargo de los corredores viales A, E, F y Sur, y extinguió el contrato de forma unilateral con la empresa del corredor C que llevaba adelante la transformación de ruta segura entre Junín y el límite con San Luis (421 km).
La medida fue dispuesta a través del ministerio de Obras Públicas, y a partir de ahora la administración de los corredores quedará en manos de Vialidad Nacional, a través de Corredores Viales S.A, que también se hará cargo de las obras por etapas, se informó oficialmente.
De esta manera, según informaron a este diario, la empresa estatal Corredores Viales se hará cargo del mantenimiento y operación de la Ruta 7 entre nuestra ciudad y San Luis, mientras que Vialidad Nacional llevará adelante las obras, que volverán a ser licitadas.
El primer tramo que estuvo en ejecución con las PPP consistía en la adaptación de 46 kilómetros de la calzada, entre nuestra ciudad y Vedia, donde se encuentra instalado el obrador. “Ahora hay que revisar los proyectos y volver a licitar”, dijo a este diario el gerente de Regiones de Vialidad, Patricio García.
Entre las infraestructuras, además, se encuentra la transformación de ruta segura entre Luján de Cuyo y Potrerillos; Villegas y Rufino (Ruta 33); construcción de una autopista en la travesía urbana de Junín; variantes en Desaguadero y La Picasa.
“Le pusimos fin a un modelo ruinoso”
A dos años de la implementación del esquema de Participación Público Privada (PPP), el Gobierno rescindió cinco de los seis contratos debido a que las empresas a cargo de los corredores viales incumplieron sus obligaciones y solo ejecutaron, en promedio, el 2% del Plan de Obras.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló que rescindieron “los contratos PPP de cinco corredores viales, después de dos prórrogas otorgadas a las contratistas".
"Le pusimos fin a un modelo ruinoso del macrismo, que fracasó y perjudicó los intereses de los argentinos y argentinas”, aseveró el ministro.
Frente a los incumplimientos por parte de las concesionarias, el 27 de mayo se intimó a todas las empresas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindirlos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.
Luego de estas instancias, el ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, llegó a un acuerdo mutuo con las contratistas PPP del Corredor A conformada por Paolini Hnos SA, Vial Agro SA y INC Spa Italia; y del Corredor Sur con Rovella Carranza SA, JCR SA y Mota-Engil (Portugal).
Asimismo, en septiembre ya se había alcanzado un acuerdo mutuo con la contratista conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, Copasa (España), a cargo de los corredores E y F, para la extinción de los contratos.
Para el Corredor C, que estaba a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA, la rescisión del contrato se dio de manera unilateral por falta de presentación del cierre financiero y se le está aplicando la cláusula de ejecución de las garantías.
En el caso del Corredor B, a cargo de China Construction América SA y Green SA, el ministerio de Obras Públicas evalúa el cierre financiero presentado en función del cumplimento de los contratos.
“Fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero. Las obras tuvieron una ejecución de solo el 2% en promedio y le iban a salir al Estado tres veces más. Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares”, señaló Katopodis.
El ministro finalizó que “estas obras van a pasar a Vialidad Nacional, pero se van a hacer de manera responsable, seria y por etapas. En la Argentina que lidera Alberto Fernández, el plan de infraestructura nacional va a ser eficiente, equitativo y federal”.
COMENTARIOS