Ley Micaela, una norma que apuesta a prevenir crímenes y hechos de maltrato

En el mes de la “No Violencia de Género”, la Comisión contra la Violencia y el Acoso Laboral de ATSA filial Junín y la ONG “Las manitos en el bolsillo” organizaron el martes último una conferencia virtual abierta con integrantes de la Fundación Micaela García “La negra”.
Este encuentro abordó el tema de la sensibilización y la concientización sobre la Ley Micaela, que es una norma nueva, vigente desde enero de 2019. Formó parte de una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo del mes con motivo de conmemorarse el 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia de Género.
La Ley 27.499 de Capacitación Obligatoria de Género obliga a quienes se desempeñen en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación a tomar un curso en la temática de género y violencia contra las mujeres. Lleva ese nombre en memoria de Micaela García, una joven víctima de femicidio.
Magri Graf, de la localidad de Ramírez (Entre Ríos), voluntaria en materia de capacitación de la Fundación, explicó cómo surgió esta ley y los puntos importantes que tiene.
En primer término, la nombrada fue a la raíz de lo que impulsó esta norma, que no solo capacita sino que también salva vidas, cuando los responsables de los poderes que aplican toman conciencia de la problemática y vuelcan en sus resoluciones lo mejor para una sociedad sin violencia.
“Cuando se conocen los detalles del secuestro, la violación y el asesinato de Micaela, se pone en evidencia la falta de perspectiva de género entre los trabajadores del Estado.  La perspectiva de género ayuda a que las intervenciones sean más efectivas por parte de los agentes, que también salvan vidas”, manifestó Graf.
“Cuando Micaela fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, este estaba cumpliendo una condena por dos violaciones previas y había habido una tercera también, en la cual su defensoría había alegado que no era él sino su hermano gemelo. Por lo tanto, había que hacer un análisis genético para determinar si esto era así y como el costo era muy elevado porque había que mandarlo a hacer al extranjero, se le dio el beneficio de la duda”, dijo.
“Pero había informes psicológicos que indicaban que Sebastián Wagner no podía quedar en libertad condicional porque iba a volver a reincidir. El juez actúa sin perspectiva de género, no le hace caso a los informes e igualmente le otorga la libertad condicional. Mica fue interceptada por Wagner como una víctima al azar…Lo que le pasó a ella le pudo haber ocurrido a cualquiera”, advirtió.

Todos
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en Género y Violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en todos sus niveles y jerarquías.
“Cuando se sanciona la ley – explicó la capacitadora-  no existía lo que es hoy el ministerio de Mujer, Género y Diversidad, que es el órgano de aplicación de la ley, era el Instituto Nacional de la Mujer, que hoy es absorbido por el Ministerio anteriormente mencionado”.
“En enero de 2019 la ley es publicada en el Boletín Oficial, a partir de esa fecha los plazos empiezan a correr. Establece que los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo tienen seis meses para presentar y  desarrollar un plan de capacitación y que dentro del año que entra en vigencia la ley tienen que desarrollarlo”, apuntó.
“La ley invita a adherir a la Capital Federal y a las provincias, la última que adhirió fue Tucumán, en mayo del corriente año. Hay más de 500 municipios adheridos a la ley. Al ser obligatoria, en su artículo 8 habla de las sanciones si no se cumple. Si alguien se niega sin justa causa a realizar la capacitación, se considera una falta grave, lo que da lugar a una sanción disciplinaria pertinente y en lo posible la publicación del nombre y apellido del que se niega en la página del ministerio actuante. Las sanciones pueden variar de acuerdo a las adhesiones a la ley, en algunos lugares tienen  que ver con el puesto de trabajo, que no se pueda recategorizar, que no pueda ascender.
A través del Consejo Universitario Nacional se adhirieron todas las universidades del país, organizaciones sociales, empresas, instituciones educativas”, informó.
Graf apuntó que la capacitación que se desarrolla en cada área debe ser aprobada por el ministerio de la Mujer, Género y Diversidad.
“Es transversal, la tienen que hacer todos. Si es un municipio el que adhiere, la tienen que hacer todos los empleados y funcionarios hasta el mismo intendente. Y es permanente, cada año se hace, no para”, aclaró.
“Se establecen indicadores sobre cuánto cambia la capacitación a la persona que la realiza, que son tomados en cuenta por el Ministerio para saber si es efectiva o no”, acotó.

El cambio
Andrea Lescano, la madre de Micaela García,  presente en esta charla, apuntó que la Ley Micaela no era solamente para los funcionarios públicos, sino para otras organizaciones y contó que se habían ya adherido universidades.
“Si nos ponemos a pensar, esta Ley Micaela no sería necesaria porque hay muchas leyes argentinas que tratan esta temática, pero no se cumplen, están guardadas en un cajón. Y muchos artículos ni siquiera están reglamentados”, señaló.
Andrea Lescano dijo que esta ley no cuenta con decreto reglamentario, es más bien corta y referencial, puesto que tiene un nombre y no solamente un número.
“No solo trata violencia con perspectiva de género y violencia contra las mujeres, también trata otros temas para realmente poder erradicar la violencia, prevenirla. Se trata de ver la matriz que sostiene toda esta violencia, matriz que se ha ido construyendo a través de cientos, miles de años. Por eso nos parece importante la aplicación de la ley”, dijo.
La mamá de Micaela García dijo que para poder lograr el objetivo no valen clases magistrales, en las que uno habla y el otro solo es receptor, sino de charlas, talleres y actividades.
“Es una construcción entre todes. Vamos a ir construyendo los conceptos y los saberes, a través de nuestras vivencias, que es cómo nos vamos dando cuenta y cambiando nuestras prácticas y comportamientos para poder erradicar esto”.
“No es sencillo, no se puede hacer de un día para otro. Esto va a llevar mucho tiempo porque está arraigado desde cientos y cientos de años, no lo vamos a poder quitar tan fácilmente, más los que tenemos algunos años, que nos cuesta cambiar prácticas de todos los días”.
“Los mayores de 30 a 35 años son los que tienen a cargo la crianza de las nuevas generaciones y, si no cambiamos las prácticas de esas nuevas generaciones, no vamos a poder ver estos cambios”, afirmó Andrea.
Según lo expuesto, la ley apunta a la realización de talleres y  actividades en los que haya debate, “donde cada uno cuente lo que hace en su propia casa, en su lugar de trabajo, para poder ir cambiando prácticas que están tan naturalizadas, que la persona no se da cuenta”, dijo.
“Nos cuesta el lenguaje inclusivo, no insultar con palabras tan comunes, etc. y entran a jugar los prejuicios, los valores que tenemos cada uno”, señaló Andrea Lescano.