El Frente de Todos de Junín denunció ayer “sobreprecios en la compra de alimentos por parte de la Municipalidad de Junín”, y desde el municipio salieron rápidamente a desmentirlo.
“La orden fue cancelada y anulada el 7 de abril”, sostuvieron desde la comuna que gobierna el intendente Pablo Petrecca.
La denuncia
“A raíz de la identificación de sobreprecios en la compra de alimentos por parte de la Municipalidad de Junín y ante la falta de una respuesta oficial de las autoridades municipales, nos vemos en la obligación de exigirlas”, afirmaron desde el Frente de Todos, en un comunicado de prensa.
Y agregaron: “Queremos transmitir la importancia de priorizar la transparencia en el uso de los fondos públicos en este contexto de crisis sanitaria, pero también de crisis económica y social. Muchos sectores se han visto perjudicados por las medidas de aislamiento y otros tantos vecinos motivados por la generosidad y solidaridad han realizado donaciones para contribuir con la contención de los sectores más vulnerables”.
Entre varios productos que –según la denuncia de la oposición- fueron comprados por el municipio con sobreprecios incluso del ciento por ciento con respecto al valor de referencia, figura el azúcar de 1 kilo, a 107,80 pesos, cuando el valor de referencia oscila entre los 50 y los 56 pesos, situación que arroja un sobreprecio de casi el 100%; o fideos secos, a 78,66 pesos, cuando el valor en las góndolas es de 48 pesos (un 63% más caro).
“Lamentamos además que ante el público conocimiento de las compras de alimentos con sobreprecios, la primera medida oficial haya sido quitar el acceso desde la página de transparencia a las órdenes de compra citadas, cercenando el derecho a la información pública”, afirmaron.
“Es necesario que con inmediata urgencia el intendente dé una explicación a la sociedad e inicie un proceso de investigación para identificar responsables y tomar las medidas adecuadas para subsanar el perjuicio cometido”, señalaron.
“Aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestro pedido histórico de poder acceder a la clave de RAFAM correspondiente para hacer uso de nuestra atribución de control de la cuentas públicas que nos confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, que ha sido imposibilitada desde hace 4 años”, dijeron.
Las explicaciones del municipio
En un comunicado de prensa, desde la Oficina de Compras comunal contestaron a las acusaciones: “La Orden de Compra número 2033 correspondiente a mercadería de asistencia alimentaria en jardines maternales con entrega en cada establecimiento (incluida en el precio) fue cancelada y anulada con fecha 7 de abril del corriente año por no cumplir justamente con los precios esperados, y por no poder ser ajustados por parte del proveedor ante solicitud de esta oficina”.
Y ampliaron: “Los datos reflejados en la web municipal, en el sistema de Gobierno Abierto, se actualizan automáticamente y ya reflejan que dicha orden de compra fue anulada”.
“Desde el área de compras se cumplen los debidos procesos de control para realizar las compras y servicios necesarios para dar cumplimiento a los desafíos que la gestión y la ciudadanía enfrenta a ante el Covid-19”, alegaron.
El caso de Nación
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aceptó la renuncia de los 14 funcionarios que dependían del secretario de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo, y que habían participado del proceso de autorización de compras de azúcar y aceite a valores por encima de los "precios testigo" fijados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), según confirmaron fuentes oficiales.
COMENTARIOS