El gobierno bonaerense reglamentó la ley que incorpora la “Licencia por Violencia de Género” en el ámbito de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, que ya entró en vigencia.
El decreto reglamenta la Ley 14.893, promulgada el 23 de enero de 2017, que estableció una “Licencia para Mujeres Víctimas de Violencia”, destinada a "todas las trabajadoras de la administración pública o sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria de la provincia de Buenos Aires, cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan”.
Democracia consultó a las concejales Carolina Echeverría, del Frente de Todos; Melina Fiel, de Juntos por el Cambio y la exconcejal Olga Prieto, actual miembro del área Género en la Delegación Junín de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, quienes dieron su opinión sobre el logro, aunque destacaron lo mucho que falta por hacer.
Un pequeño avance en la lucha
Entre los principales puntos, el decreto establece que la licencia podrá ser de hasta 35 días y exime el requisito que exigía la ley de presentar una denuncia penal.
Hasta ese momento las licencias por violencia de género quedaban registradas en los legajos de las empleadas del estado como “licencias psiquiátricas”.
Para Echeverría, “es un gran paso que se está dando, que permite una flexibilidad ya sea en los horarios laborales como tener días también para lo que implica un tipo de procedimiento cuando existe violencia y que habla de un plazo de 35 días por año”.
“Es un pequeño avance en la materia, con esto no es que se logra todo pero comienza a tratar la problemática, a tenerla en cuenta, a reglamentarla, a regularla. Si no tenemos el marco legal es difícil aplicarlo porque no hay una concientización social de lo que implica la violencia, entonces tener una reglamentación te permite aplicar la ley y la rigurosidad de la ley”, explicó la concejal.
Olga Prieto también consideró que “es un gran avance y lo enmarcó en la lucha que hace muchos años venimos librando las mujeres y disidencias y que se ha visibilizado masivamente en las calles a partir del 2015”.
A su vez destacó que “es importante que el estado y la sociedad reconozcan la violencia de género como un flagelo social que debe ser atendido, no ocultado como “problemas psicológicos” de las que lo padecen. El mandato patriarcal debe ser reconocido para ser combatido y erradicado como una calamidad que nos afecta a todas y todos”.
Por su parte, Melina Fiel destacó que “en esta Argentina 2020 estos temas tan importantes y necesarios deben seguir marcando agenda y ser puestos en práctica de manera urgente. Lamentablemente en lo que va del año son 68 los femicidios. Una mujer muere cada 23 horas en nuestro país. Es necesario seguir avanzando en políticas de género concretas. Y educar en pos del respeto al otro como ser humano”.
Echeverría recordó que “esta es la reglamentación de una ley que se trabajó mucho y la verdad es que se llegó a ella por la cantidad de femicidios y violencia existentes hacia la mujer, no solo física sino psíquica y también económica que es la que más cantidad de casos hay y poco se conocen, como la psíquica. No se ve el golpe, no está la muerte, pero realmente es tan grave como la otra”.
El estado, actor clave
“Los vientos de esperanza no nos ocultan la devastadora tragedia de los femicidios, las violencias y la falta de respuesta, e indiferencia de áreas del estado”, cuestionó Prieto.
“Es como si el drama diario de muchas y muchos fuera por un carril y la maquinaria estatal por otro. Este es el gran desafío de los jóvenes ministerios y el compromiso expresado tanto por el Presidente Alberto Fernandez como por el Gobernador Axel Kicillof, a lo que se suma la demanda de miles en las calles”.
Por su parte, Fiel destacó que “en Junín, la semana pasada se abordó un caso desde la dirección de Violencia del municipio teniendo en cuenta esta reglamentación y fue suficiente un certificado de esta misma área para que se le otorgara la licencia”.
A su vez indicó que “desde 2016 cuando se firmó el convenio colectivo de trabajo en el municipio de Junín, en el Artículo 36 de Licencias y Permisos, se contempla por razones de violencia de género”.
“Lo que queda es seguir trabajando en un mundo sin violencia y educar a las nuevas generaciones en perspectiva de género. Acompañado de políticas públicas reales. Y Ojalá ninguna mujer tenga que hacer uso de esta licencia en el futuro”, aseguró Fiel.
“Falta mucho más que lo hecho, las consignas del 8M fueron como las del 2019, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Los cientos de miles de mujeres y disidencias que se volcaron a las calles reclamando que dejen de matarnos, también decían que la deuda es con nosotras y las políticas económicas son más mujeres pobres, menos viviendas, menos jubiladas, menos salud, menos salas de primera infancia. Entonces queda por hacer fundamentalmente una nación con todas y todos adentro. Una nación donde las mujeres no seamos ciudadanas de segunda, sino decisoras de políticas, donde los trabajos de cuidado sean reconocidos como valiosos y con valor monetario para la sociedad y el estado”, aseguró Prieto.
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