El 27 de diciembre pasado, último día hábil judicial de 2019, se llevó a cabo una reunión en la que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires convocaron a los jueces del fuero penal de todo el ámbito bonaerense –incluido los de Junín, por supuesto– con el objetivo de analizar la situación de las personas privadas de libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario.
Allí, el presidente del Tribunal, Eduardo de Lázzari calificó como “insostenible” el panorama intramuros en toda la jurisdicción provincial y, luego del análisis de estadísticas, se intercambiaron ideas con los magistrados asistentes y con vistas a establecer un programa de abordaje urgente a la problemática existente.
El encuentro se produjo días después de que el gobernador, Axel Kicillof, tuviera que enfrentar a poco de asumir, una huelga de hambre que involucraba a más de 11 mil internos que protestaban por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran y que pedían, además, que se instrumenten medidas de morigeración de condenas y de otorgamiento de prisiones domiciliarias en determinados casos.
Y ante este escenario de crisis penitenciaria y superpoblación carcelaria –que también se da en las unidades de nuestra ciudad– la Suprema Corte pidió a jueces bonaerenses que disminuyan el uso de la prisión preventiva.
Un elemento más que se suma al debate sobre qué hacer con los detenidos, sobre todo los que no tienen sentencia firme.
Entonces, mientras buena parte de la sociedad reclama mayor dureza en las penas y que sean de cumplimiento efectivo, la crisis en el sistema penitenciario obliga a los responsables de la Justicia bonaerense a buscar medidas para evitar que las condiciones de detención sigan empeorando.
Qué pasa en Junín
Como quedó dicho, y tal como ya publicó este medio en otras oportunidades, en el complejo carcelario ubicado en Junín se observan los mismos inconvenientes que en el resto de la provincia: la sobrepoblación es una realidad desde hace años aquí.
Ya lo había confirmado un informe del año 2018 del Juzgado Correccional N°2 de La Plata que, a partir de un análisis de lo que sucede en todas las cárceles de la Provincia, indicaba que la 49 es la más superpoblada de todo el territorio bonaerense. Y lejos de solucionarse, la situación es cada vez más compleja. Hoy esa unidad, que tiene 450 plazas, cuenta con unos 1065 internos. “Hay catorce internos en una celda que es para cinco”, graficaba un penitenciario a Democracia esta semana.
El escenario también es preocupante la Unidad Penitenciaria 13. Aunque en sus celdas hay espacio para no más de 650 personas (por algunas reformas se estima que esa capacidad podría ser aún menor), hoy son 1198 los presos en esa cárcel. “En celdas para uno conviven cuatro”, ejemplifica otra fuente. Esto quiere decir que, en conjunto, las dos prisiones tienen el doble de presos de los que están habilitadas para albergar.
En tanto, la Unidad Penitenciaria 16 alberga a 165 internos. Hay que decir que esta cárcel cuenta con un régimen semiabierto con sus respectivas modalidades: amplia y limitada, y un régimen abierto.
En total, entonces, el complejo carcelario de Junín tiene hoy 2432 internos en sus tres unidades. Mucho más de su capacidad.
>Superpoblación carcelaria
Regímenes morigerados
Ante este panorama, la Suprema Corte bonaerense les pidió a los más de 200 jueces penales que asistieron a la reunión del 27 de diciembre que hicieran un uso excepcional de la prisión preventiva con el fin de descomprimir la situación de hacinamiento carcelario.
El doctor Esteban Melilli, titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 del Departamento Judicial Junín, que estuvo presente en la reunión, explicó a este medio que en aquel encuentro no hubo una imposición de los ministros de la Corte, sino que “recordaron que hay otras alternativas al encierro liso y llano en la prisión, como podrían serlo los arrestos domiciliarios con o sin pulseras de monitoreo, excarcelaciones con control del Patronado de Liberados y demás.
En ese marco, Democracia tuvo acceso a un informe que esta semana le envió el TOC N°1 al presidente del tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Ricardo Borinsky, sobre las personas privadas de su libertad a disposición del tribunal. Según el detalle de ese documento, el órgano tiene 185 personas detenidas –todas procesadas– de las cuales, 178 son hombres y 7 mujeres.
La minuta redactada por el TOC N°1 también consigna que, en el listado de sus detenidos, 62 cuentan con sentencia no firme y otros 116 están sin sentencia.
Asimismo, se detalla que hay 133 procesados que están detenidos en unidades penitenciarias y otros 50 que tienen arrestos domiciliarios o en comunidades terapéuticas.
Respecto de este último dato, Melilli señala que “esto no varió en el último tiempo, pero también es cierto que acá no hay detenidos ociosamente”.
Es importante mencionar que este tribunal tiene competencia en delitos que tienen una pena prevista mayor a seis años de prisión: robos calificados por el uso de armas o escalamiento, abusos sexuales agravados, homicidios o tentativas, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, entre otros, son las causas más comunes aquí. Aquellos delitos que no tienen penas privativas de la libertad o, aun teniéndolas, no superan los seis años de prisión, son competencia del fuero correccional.
“Nosotros recibimos las causas, en general, con la persona ya detenida –explica Melilli– por lo que la sugerencia de la Corte, que no fue para nada una imposición, está dirigida más bien a los jueces de garantía”. Y sobre el mensaje del máximo órgano judicial de la provincia, agrega: “Lo que más se exhortó allí es a que no se tengan detenidas personas que pueden estar en alguna condición que no corresponda, por ejemplo, nos preguntaban cuántas mujeres puérperas o parturientas teníamos detenidas, y la verdad es que ésa no es una cuestión que nosotros tengamos acá, desconozco qué es lo que sucede en otros departamentos judiciales”.
Para el titular del TOC N°1, en los casos en los que no se requiere un régimen especial –como podría ser por temas de salud, discapacidad, adicciones, entre otros– sería difícil que se considere la morigeración de la pena en una instancia como la que él se desempeña: “Es importante señalar que, si un tribunal condena a alguien por algún delito que merece una pena de prisión, por más que la sentencia no esté firme, sería muy raro que ese cuerpo lo deje en libertad hasta que tenga una sentencia firme porque fueron esos tres jueces los que lo consideraron culpable”.
>Detenidos a disposición del TOC Nº1
Pulseras
El otro tema de debate que se plantea en medio de este panorama es el del uso de las pulseras de monitoreo para los que deben cumplir condenas fuera del sistema penitenciario. Aquí uno de los puntos centrales tiene que ver, no solo con elegir bien a quién se le da este beneficio, sino también con la escasez de estos dispositivos.
En el TOC N°1, por ejemplo, se dispuso el arresto domiciliario con control electrónico para uno de los detenidos que están investigando, pero les hicieron saber que, para incorporarlo a este sistema, que depende directamente del Servicio Penitenciario, hay una lista de espera con 187 aspirantes. Es decir que el detenido deberá permanecer en una unidad carcelaria hasta que se consiga la pulsera, o el tribunal podrá disponer –si lo cree pertinente– el beneficio sin el monitoreo electrónico.
Esta semana las autoridades municipales quisieron saber cuál es la cantidad de personas que cuentan con este beneficio en Junín. La respuesta de as autoridades provinciales es que son apenas tres personas las que tienen pulsera monitoreadas por el Servicio Penitenciario bonaerense junto con el municipio –una acción que comenzó a realizarse a partir de un convenio que se firmó el año pasado– y otras once que son controladas solamente por el SPB, desde su centro en La Plata.
Reclamos en las cárceles
La superpoblación es un tema que se viene denunciando desde hace tiempo en el sistema penitenciario, en general, y en el complejo carcelario de Junín, en particular. Según informaron fuentes de las unidades locales, este escenario hace que, hoy en día, en celdas que están habilitadas para cuatro internos haya doce o catorce.
“Ahora, con el calor, se siente aún más ese amontonamiento”, explican a Democracia desde el complejo penitenciario local.
A esto hay que agregarle las quejas por la escasez de la comida, lo que hace que esto ya sea una suerte de cóctel explosivo. Si bien hubo épocas en las que había conformidad con los insumos que se proveían, en el último tiempo se empezó a notar la baja en la calidad y cantidad de alimento que se provee. “Cuando se atrasan con los pagos, los proveedores bajan a otra calidad de mercadería o te entregan menos, ¿qué les vas a decir si le deben desde hace meses?”, señala un penitenciario que prefiere mantener su nombre en reserva.
Además: en algunas unidades, como la 13, se ven deterioros en las instalaciones. “La falta de inversión es evidente”, afirman.
Finalmente, el contexto político también termina influyendo en estos temas. Es que el debate por los presos políticos y las excarcelaciones hacen que se multipliquen las protestas, sobre todo de los detenidos sin sentencia firme, para que les otorguen beneficios como las prisiones domiciliarias.
COMENTARIOS