Ferroviarios, sindicatos, dirigentes políticos y vecinos de Junín realizaron ayer un abrazo solidario al predio de nuestra ciudad donde funcionan los talleres, cooperativas, la estación de tren, la playa de maniobras y de estacionamiento.
Esta reunión se dio a raíz del traspaso de las 28 hectáreas de esas tierras al Municipio, que continúa siendo un tema de debate y búsqueda de consenso, especialmente respecto del destino que se le dé al área cedida.
“Estos terrenos que le están entregando a la gestión de Pablo Petrecca, que todavía no tiene definido qué va hacer, supuestamente un polo textil, obstaculiza la posibilidad de recuperar los talleres”, afirmó Martín Magán, de la Agrupación Bases Ferroviarias, ante las decenas de oyentes que se acercaron a la puerta de ingreso de calle Rivadavia.
“No podemos permitir perder los terrenos y que caigan en manos de negocios inmobiliarios como estamos sospechando que va a pasar acá. Y la realidad es que es muy grande el desconocimiento que hay detrás de todo esto”, subrayó.
“Estamos de nuevo en un gobierno nacional y popular y todas las políticas que se van a dar van en dirección a la inclusión de los talleres ferroviarios y la recuperación de todos los espacios de trabajo que hoy están abandonados. Si se dan estos proyectos de ley que se van a manejar, va a ser muy difícil instalarlo donde ya hay algo funcionando”, manifestó.
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“Si se tiene que transformar en un polo industrial, tiene que ser ferroviario porque este es un predio ferroviario. Cualquier empresa que llegue a Junín, tiene su lugar en el Parque Industrial”, apuntó.
“Esta cesión, creemos que es bochornosa en el contexto que se dio cinco días del cambio de gobierno nacional, a la que llamamos una usurpación legal; la firma se llevó a cabo con alguien que está imputado judicialmente por una denuncia penal por la entrega de terrenos en Capital Federal y en el puerto para negocios inmobiliarios”, señaló Magán.
“El ferrocarril tiene que ser para la industria ferroviaria y tenemos que trabajar en conjunto con las organizaciones sindicales y sociales para armar un polo ferroviario que fue fundamental para la creación de nuestra ciudad”, recordó.
Un caso similar en Buenos Aires
La indignación creció con la aprobación de otro proyecto similar: un convenio entre el Ministerio de Transporte de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la transferencia de playas ferroviarias, a cinco días del cambio de gobierno. La propuesta contempla el paso de manos de terrenos en los barrios de Palermo, Colegiales, Urquiza, Retiro y Caballito.
En la norma, los declara innecesarios para la gestión del gobierno porteño, solicita su “disposición” y manifiesta que los ingresos que resultaran de lo producido serán destinadas al financiamiento de “obras de infraestructura de salud y educación, transporte y servicios, equipamiento social, espacios públicos, soluciones hidráulicas, vivienda social, promoción del alquiler social y reurbanización de barrios vulnerables”.
El abogado urbanista Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), elaboró un análisis conceptual de los proyectos de ley que ingresaron en la última sesión ordinaria de la Legislatura Porteña. Lo describe como una política de privatización de terrenos de dominio público orientada a negocios inmobiliarios en desmedro de soluciones para problemáticas urgentes como la emergencia ambiental y habitacional.
“Frente a la situación de que Mauricio Macri y la Agencia de Administración de Bienes del Estado no van a poder seguir vendiendo tierras públicas nacionales porque no fueron reelectos, y para no perder la oportunidad de negocios inmobiliarios, decidieron transferir las tierras de los talleres ferroviarios más grandes de la ciudad al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que sea éste el que continúe con los negocios inmobiliarios y la venta de tierras públicas”, estimó en relación al proyecto de ley que autorizó la cesión de playones ferroviarios de barrios porteños.
“Lo que está ocurriendo es de gravedad institucional. Cuestionamos que Macri tenga facultades para transferir tierras públicas nacionales sin la autorización del Congreso y consideramos que no corresponde que un gobierno saliente tome medidas para transferir tierras públicas nacionales a favor de la especulación inmobiliaria”, advirtió.
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