La ordenanza 6425 establece una “Franja Verde” o franja de amortiguamiento de 500 metros desde la zona urbanizada, en donde  solamente se pueden utilizar productos de “Banda verde”.
La ordenanza 6425 establece una “Franja Verde” o franja de amortiguamiento de 500 metros desde la zona urbanizada, en donde solamente se pueden utilizar productos de “Banda verde”.
FUMIGACIONES EN LOS MÁRGENES DEL EJIDO URBANO

Se reabre el debate por la aplicación de agroquímicos cerca de la ciudad

La detención de tres personas en Pergamino por no respetar la franja de exclusión de fitosanitarios, renueva la discusión. En nuestra ciudad, el municipio sostiene que se están realizando los controles necesarios para que se cumpla la ordenanza vigente. Mientras los ecologistas alertan por las consecuencias del uso de estos productos, desde el ámbito agropecuario afirman que hay una “demonización” del glifosato.

Esta semana ocurrió un hecho inédito: por orden del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, efectivos del departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvieron al dueño de un campo de Pergamino, un ingeniero agrónomo y un aplicador de agroquímicos acusados de no respetar la ordenanza municipal sobre el “manejo responsable de productos fitosanitarios”. Lo inusual del asunto no es que se haya incumplido la norma que establece una franja verde en donde no se permiten herbicidas, sino que lo extraordinario es que los acusados hayan sido aprehendidos.
La información señala que tenían todos los permisos necesarios, pero vulneraron las normas al aplicar el producto a 90 metros de zonas pobladas, cuando se debería haber dejado un espacio de cien metros sin fumigar.
Esta decisión sin precedentes vuelve a poner en el centro del debate la aplicación de agroquímicos en las zonas cercanas a las ciudades. Respecto de este tema, hace seis años que Junín cuenta con una normativa de “franja verde” y en estos años hubo numerosas denuncias por incumplimiento de la ordenanza 6425.
No obstante, en el último tiempo bajó el número de reclamos y desde el municipio aseguran que se están realizando los controles necesarios para que se cumpla la ordenanza vigente.

Fumigaciones en Junín
La ordenanza 6425 establece una “Franja Verde” o franja de amortiguamiento de 500 metros desde la zona urbanizada o desde las escuelas rurales, y para los cursos y espejos de agua, a partir de 25 metros hasta 500 metros. Esto quiere decir que en esas zonas solamente se pueden utilizar productos denominados de “Banda verde”, y deben ser aplicados por personas que estén inscriptas en registro de aplicadores del municipio. Además, antes de hacerlo debe informar la fecha de aplicación, el número de receta agronómica (autorizada por profesional matriculado) y la parcela donde se va a trabajar.
Jorgelina Meccia, titular de la oficina de Asuntos Agrarios del municipio, explica que en esa dependencia suelen recibir denuncias por eventuales incumplimientos a la ordenanza municipal, pero que en el último tiempo bajó el número de presentaciones. “La cantidad tiene que ver con la época, en algunas temporadas de aplicaciones tenemos muchas y en otras no. Ahora son pocas las denuncias”, señala la funcionaria.
En el mismo sentido se manifestó ante este medio Nora Serafino, responsable del Juzgado de Faltas N°1 de Junín: “En el último tiempo no tenemos nuevas denuncias que hayan ingresado. Sí hemos tenido varias causas que se resolvieron, mayormente, con multas y prohibición de realizar la aplicación”.
Sobre esto, la ordenanza explicita que la infracción “hará pasible solidariamente al titular del predio, aplicador ó quien explote el fundo (causante del perjuicio ambiental de la franja verde en la que se desarrolle la actividad) de una multa equivalente a 5 módulos, representando cada módulo el sueldo mínimo vigente escalafonario del personal municipal al tiempo del pago de la multa”. En la actualidad, esos cinco módulos alcanzan unos 60 mil pesos.
Los lugares desde donde se reciben más reclamos son del Camino al Balneario, los alrededores de la laguna El Carpincho, de Fortín Tiburcio e, inclusive, del barrio San Ignacio, ubicado en la Ruta 188, camino a Agustín Roca. En este último caso, el barrio no figura en una zona urbana, no obstante, desde el municipio informan que les piden a los aplicadores que vayan a ese sector, que tengan los mismos recaudos que toman en las zonas con franja verde.
Las denuncias se reciben tanto en el número telefónico 147 como en la Secretaría de Producción del municipio. “Siempre decimos que todos los vecinos tienen el derecho de hacer las denuncias y ante eso debemos actuar”, advierte Macchia, para luego ampliar: “Tratamos de seguir de cerca el tema y estamos en contacto permanente con los aplicadores. Y aun cuando se piden las autorizaciones, controlamos que se estén haciendo las cosas como corresponde. Se hace control y seguimiento de la aplicación. En algunos casos hemos notado irregularidades y, cuando corresponde, se hace el acta de comprobación que se envía al Juzgado de Faltas para que se sancione”.
En ese sentido, la funcionaria municipal recuerda que en el Camino al Balneario hay un lugar conflictivo, ya que en un campo lindero a una zona de quintas se aplicaba de manera incorrecta los herbicidas y debieron sancionar y cobrar varias multas a los responsables de estas acciones. Pero, según dice, a partir de este control, “ahora se están haciendo las cosas como corresponde”.

>Plano de la zona de amortiguación en Junín

“Demonización” del glifosato
Respecto de la polémica en torno a los agroquímicos, el ingeniero agrónomo Carlos Senigagliesi, ex coordinador de la carrera de Agronomía de la Unnoba, sostiene que “los fitosanitarios, como todo producto químico, tienen algún componente que podría llegar a ser tóxico, pero siempre depende de la cantidad de ingesta o de la exposición”.
Según su análisis, estos herbicidas “hay que usarlos con precaución, deben aplicarse bien, responsablemente y con las buenas prácticas que se requieren”. Y aclara que “una cosa es eso y otra no utilizarlos, porque son estratégicos y si no se aplican, los cultivos pierden mucho rendimiento”.
Senigagliesi, que es de Pergamino y actualmente coordina la Cátedra Libre sobre Sistemas de Producción Agropecuarios Sustentables en la Unnoba, hace hincapié en que los agroquímicos están categorizados en cuanto a su toxicidad, “y el glifosato, que es el más demonizado, es uno de los menos tóxicos”. Además, destaca que “es un producto que se utiliza masivamente en el mundo, y hasta la Comunidad Económica Europea, que es la más exigente en este tipo de cosas, no lo rechaza”.
Por todo esto, el ingeniero Senigagliesi cree que hay temas de fondo en los cuestionamientos: “Lo que pasa es que, atrás de todo esto, hay una tendencia mundial que pone en duda a los fitosanitarios, pero en términos generales esto es totalmente exagerado. No hay que desconocer que hay un movimiento ecológico extremista que busca prohibirlos. Y, dentro de todos esos productos, el glifosato, de Monsanto, está demonizado. Hay acá cuestiones ecológicas, económicas y políticas”.

¿Fitosanitarios o agrotóxicos?
En la vereda de enfrente se ubica el ingeniero agrónomo y educador en agroecología Damián Pettovello. “Yo no hablo de fitosanitarios porque son agrotóxicos –aclara de entrada–, el de fitosanitarios es un eufemismo para que quede bien y suene lindo, porque no dan sanidad a las plantas (que es lo que significa fitosanitario) sino que matan plantas y otras especies”.
Pettovello, estudioso de los agroquímicos y sus consecuencias y militante de la agroecología, sostiene que las normativas que establecen franjas verdes “son necesarias”, pero esto “no alcanza”. Y profundiza: “Nos quieren hacer creer que, en determinadas condiciones de temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, las aplicaciones no estarían mal, entonces pasaría a ser riesgoso solo si no están aplicadas bajo estas condiciones, y se le traslada al aplicador la responsabilidad de algo que, liberado al ambiente, no funciona como el agua”.
En su explicación, Pottovello observa que las aplicaciones se hacen con el herbicida diluido para que el agua funcione como un vehículo que lo lleve al lugar donde debe ser aplicado, “pero son gotas muy pequeñas y no llega todo al suelo, gran parte sale por deriva”. Se supone que trabajar con determinadas características de viento, humedad y temperaturas hace que la aplicación esté controlada. “Esa es otra mentira –enfatiza Pottovello– porque eso mide la deriva primaria, y como lo que se aplica no llega todo al suelo, hay derivas secundarias y terciarias. En definitiva, están liberando al ambiente un producto de una molécula orgánica que no responde a parámetros como el agua”.
El otro gran cuestionamiento que hace el ingeniero oriundo de Lincoln es sobre la denominación de banda verde para algunos herbicidas: “Los productos están clasificados por algo que se llama DL50, es decir, la dosis letal media. Y ahí está la trampa: hoy los problemas que estamos teniendo por cronicidad, por una sumatoria de exposición a productos. La dosis letal media establece cuántos miligramos de principio activo tiene que recibir alguien, en forma inmediata, por kilo de peso vivo, para que sea tóxico. Pero uno no se toma un litro de glifosato todo junto, aunque sí lo va recibiendo a lo largo del año por derivas y esa es la cronicidad que estamos cuestionando y que no se está teniendo en cuenta. Se llama banda verde porque la toxicidad ‘aguda’ es menor. Pero esa acumulación que se va produciendo, es incontrolable, y es lo que está generando las neo enfermedades”.

Normativa
Uno de los déficits principales en este tema es que no hay una legislación nacional para la aplicación de agroquímicos. Hay normativas provinciales, ordenanzas municipales, fallos de la Justicia, pero no una Ley nacional que permita poner un marco regulatorio general.
Así lo analiza el abogado Marcos Villalba, docente de Derecho Ambiental en la Unnoba. Y destaca un fallo del 30 de agosto pasado, en la causa “Cortese, Fernando Esteban; y otros S/Infracción art. 55 de la ley 24051 y 200 del Código Penal”, en donde el juez Villafuerte Ruzo ordenó “la suspensión provisional de las pulverizaciones y/o fumigaciones” y “hacer extensiva dicha prohibición a la totalidad de la ciudad de Pergamino, fijándose un límite restrictivo y de exclusión de 1095 metros para las aplicaciones terrestres y de 3000 metros para las aéreas”.
Villalba también recuerda un caso en el municipio de Alberti “en donde la Justicia dispuso un radio de exclusión de 800 y mil metros para aplicaciones terrestres y aéreas, y cuando el caso llegó a la corte provincial, ordenó que se amplíe ese radio de mil metros a dos mil metros, basándose en el decreto reglamentario 499, de la Ley provincial 10699 de agroquímicos”.
También observa que Chacabuco tiene la ordenanza 4252 que establece mil metros de radio urbano como zona buffer, o que Rojas tiene la ordenanza 3283 del 2012 que tiene una zona de exclusión de tres kilómetros de los centros urbanos y poblados.
Finalmente, Villalba hace hincapié en un fallo muy conocido que suele dar en su materia en la universidad, que es “Peralta Viviana c/ Municipalidad de San Jorge y otros s/ amparo contra la Municipalidad de San Jorge”, en donde la justicia sentenció: “No existen agroquímicos inocuos. Todas las sustancias de uso fitosanitario, entre las que se incluye el glifosato, presentan toxicidad y por ende algún grado de peligrosidad tanto respecto a la exposición aguda como crónica. El mayor o menor riesgo para las personas y el ambiente está relacionado con el conjunto de medidas y precauciones a todo nivel que se toman para minimizarlo o mantenerlo bajo condiciones aceptables para la salud y la preservación del ambiente”
Y teniendo en cuenta esta decisión judicial, el abogado y docente de la Unnoba concluye: “Esto quiere decir que hay que tomar determinadas medidas precautorias en mérito a los principios del derecho ambiental, para minimizar los riesgos y daños que se derivan de esa actividad. Para mí es clave este fallo, ningún producto es inocuo. Hay más o menos riesgosos, por eso las medidas para su aplicación deben ser claras y tender a la prevención”.

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