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EN EL MARCO DE UNA CALDEADA SESION

Por mayoría el Concejo rechazó el convenio entre municipio, Liga Agrícola y La Anónima

Por su parte, el secretario de Gobierno comunal, doctor Adrián Feldman afirmó que «estamos ante una oposición retrógrada» y que «esta mayoría que desde el año pasado está en el Concejo Deliberante cumplió su pequeño objetivo de impedir que un emprendimiento importante para la ciudad de Junín se concretara».

En una caldeada sesión del Concejo Deliberante desarrollada en el aula magna de la Universidad Nacional del Noroeste en la mañana de ayer, debido a la imposibilidad de hacerlo en el Salón Rojo del municipio, ya que se está desarrollando en ese lugar el operativo del ANSES y la comuna local de jubilaciones, fue rechazado, por mayoría la homologación del convenio suscripto entre el municipio, La Anónima y la Liga Agrícola Ganadera.

Por el tema había dos despachos, uno por mayoría y otro por minoría, y el asunto dio pie a un debate de aproximadamente una hora y media de duración donde los concejales dejaron expresada su posición a favor y en contra.

La sesión se desarrolló con un marco de público importante, conformada por representantes de los dos sectores, tanto de quienes se oponían a la radicación en Pellegrini y Rivadavia de una sucursal de La Anónima, como también de representantes y directivos de la Liga Agrícola Ganadera.

Al someterse a votación, el despacho fue rechazado por ocho votos contra seis y tres abstenciones.

Afirmativamente (a favor de la homologación del convenio) votaron Laura Esper, Alejandro Franco, Luciana Gómez Panizza, Gladys Hilgert, Pablo Petraglia, Pablo Torres.

Negativamente votaron (en contra de la homologación) José Luis Catuzzo, Ismael De Luca, Tomás Kiernan, Teresa Lawler, Jorge Meza, Ricardo Petraglia, Cristina Tejo, Gustavo Traverso.

Los concejales que se abstuvieron fueron Andrés Rosa, Gabriela Troilo y Gustavo Ratto.

Franco: «El mercado debe regular, no podemos hacer proteccionismo»

Alejandro Franco (Frente para la Victoria- Hacer por Buenos Aires) votó favorablemente por la homologación. Señaló que uno de los principales objetivos fue despolitizar esta cuestión, para luego presentarse dos ejes: un eje jurídico y otro de convicciones. Yo voy a proceder a votar por el eje de las convicciones, porque en lo jurídico entiendo que hay dos bibliotecas y son totalmente respetables y no estoy demasiado autorizado».

Tras aclarar que el Concejo Deliberante no tenía la facultad de habilitar, lo que correspondía exclusivamente al Departamento Ejecutivo, afirmó que «sí dicta ordenanzas que fijan requisitos generales de habilitación, cuya reglamentación y aplicación es privativa del Dto. Ejecutivo».

«Nuestro código establece un cuadro de usos generales de suelo en el capítulo 7, pero en ningún momento prohíbe la instalación de un determinado uso en nuestra ciudad, ello con el criterio flexible con que el mismo fue elaborado. Es así que en virtud de este espíritu se establecen mecanismos y herramientas dentro del código que permiten adaptar los usos y zonas conforme las necesidades y planificación que la ciudad requiera», expresó el edil.

«El Código Urbano surge de una delegación legislativa provincial, la ley 8.902, reservándose su homologación por decreto del Poder Ejecutivo provincial, que en nuestro caso está dado por el decreto 2.665. En paralelo, la ley 12573, que regula el tema de las grandes superficies comerciales y cadenas de distribución como de los hipermercados, establece los recaudos para el funcionamiento e instalación de esas explotaciones, pero fuera de los casos de los excesos en la medida de la superficie que fija la ley, no establece requisito para el uso del suelo, es decir, para el lugar de radicación, lo cual queda liberado a los criterios municipales, es decir a sus códigos», apuntó

«Voto la homologación porque creo que está dentro de la ley, sé que esta es una circunstancia que nos compromete o nos expone a ver qué modelo de ciudad queremos. Creo que el mercado debe regular, no podemos hacer proteccionismo. Por otra parte, humildemente quiero decir que en el pulso social los vecinos entienden que esta competencia va a favorecer primariamente a ellos», expresó.

Gladys Hilgert (UCR) fundamentó su voto por la afirmativa «con el convencimiento que estamos dando un paso dentro del procedimiento que se ajusta a normas legales y a derecho, pero sobre todo por el interés general que supone recuperar un edificio emblemático para nuestra ciudad que permanecía ocioso, como si se tratara de un cementerio inerte dentro de una zona urbana, y ayudar a una institución como la Liga Agrícola, que tanto a contribuido al desarrollo y crecimiento de la ciudad».

«Muchas veces se ha criticado la ausencia de inversiones en nuestra ciudad. No seamos los concejales los que obstruyamos el progreso, o terminemos siendo quienes legislemos a espalda de la gente, es decir nuestros vecinos», apuntó la edil.

Petraglia: «Junín es la capital del no»

El Dr. Pablo Petraglia (UCR) manifestó: «en esta banca llevo la música del pueblo juninense y lo expreso con la voz en el sentido de quien quiere tener una opción más de compra, que quieren ser ciudadanos, que quieren ser consumidores, por lo tanto recogido ese reclamo de la ciudadanía y convencido de la legalidad, la oportunidad, el mérito, la conveniencia, la necesidad económica y la justificación social», señaló para luego fundamentar su voto por la afirmativa.

«Junín es la capital del no, decimos no a todo. Todavía mi abuela recuerda la posibilidad que tuvo de estar la Coca Cola acá en Junín. No al Bingo y así las consecuencias que tenemos. Siempre no ¿Cuándo vamos a ir por la positiva? ¿Cuándo vamos a ir por el sí?», se preguntó.

«Somos progresistas, no somos sectarios, no somos corporativistas. Pensamos en los vecinos de Junín. Irreflexivamente se han dado fundamentos económicos, no sé de dónde han sacado los datos, los únicos datos verdaderos son los que obran en el informe de la Universidad Nacional del Sur, que dice que a diez cuadras de este emprendimiento, el 40 por ciento de los jefes de hogar son jubilados o estudiantes. Señores, pensemos en nuestros vecinos, a esos son a los que tenemos que responder y no a los intereses sectarios», afirmó.

Kiernan: «Hay imposibilidad legal»

Por su parte Tomás Kiernan (Frente para la Victoria- Hacer por Buenos Aires) expresó que en su opinión hay imposibilidad legal para la instalación de una sucursal de La Anónima. Se preguntó si existía una necesidad manifiesta de los consumidores, que por una mayor demanda requieran dentro del área centro se instale una cadena nacional de distribución, y dijo que no. ¿Alguien determinó cuánto mayor es el beneficio que se obtiene frente a los perjuicios sociales, económicos y ambientales que se producirán con la autorización de esta instalación?, expresó e hizo referencia al cierre de supermercado San Cayetano ocurrido años atrás y el despido de su personal».

Según indicó Kiernan, la pérdida estimada afectará no sólo a los comercios de la zona céntrica y los linderos, sino a la economía regional, que a través de sus proveedores locales y zonales abastecen a los mismos. Según sus cálculos, las pérdidas serían de aproximadamente 440.000 pesos mensuales, y 5.350.000 pesos anuales.

«Aquellos que avalen con su voto afirmativo no estarán dando nacimiento a un monopolio comercial en vista de condiciones desiguales de comercialización que afectán a la gran mayoría de los comercios de esta zona. Es natural suponer que esto trae una menor recaudación de las tasas municipales por las menores ventas y cierre de comercios.

Autorizar la habilitación e instalación de este supermercado no sólo representa la violación de normas municipales y de leyes provinciales, sino que esto sentará precedente que se usarán como jurisprudencia para solucitud de excepciones», sentenció.

«Cómo podemos pretender que las empresas de capital juninense que invierten su ganancia en esta ciudad crezcan, se innoven cuando deben competir con grandes cadenas comerciales, con ventaja de capital y mejores condiciones de comercialización?», señaló Kiernan.

De Luca: «Hoy estamos todos confrontados por resoluciones de gobierno que no interpretan la voluntad de la gente»


Por su parte el Dr. Ismael De Luca opinó que existían factores políticos, sociales y económicos, que se interrelacionan.

Señaló que si los intereses sociales se ven amenazados, como lo manifiestan disconformes empleados de comercio e innumerables firmas locales, comerciantes minoristas y mayoristas, que ven peligrar su fuente de trabajo y en otros casos su permanencia al frente de comercio que hoy deben absorber fuertes gastos fijos y la posible pérdida de ventas calculadas entre el 10 y el 30 por ciento, que generaría despidos de 120 a 150 personas y eventuales cierres de 100 comercios de Junín.

Se comienza a vislumbrar de esta manera un quiebre del equilibrio económico y social con las inseguridades que genera en numerosas familias de Junín la pérdida de su fuentes de trabajo y a muchos de su propio capital.

«No se han hecho evaluaciones sobre la repercusión económica, ni encuestas ni sondeos de opinión, ni acto de gobierno coherente con el legado que le otorga la ciudadanía. Hoy estamos todos confrontados por resoluciones de gobierno que no interpretan la voluntad de la gente y que muchas veces se pierden en enfrentamientos estériles por fallar el sentido común al desarrollar la tarea de gobierno que le ha sido delegada», sostuvo el Dr. de Luca.

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