A partir de un habeas corpus presentado ante la Justicia, hace algunos meses el Juzgado N°2 de La Plata realizó un estudio sobre todas las unidades del Servicio Penitenciario bonaerense y concluyó en que la N°49, de Junín, es la más superpoblada de todo el sistema.
Pasado el tiempo, lejos de haber mejorado, la situación se agravó, ya que, en cuanto a su población, dos de las tres unidades del complejo penitenciario de nuestra ciudad superan ampliamente el número de alojados para las que fueron habilitadas.
Por un lado, la 49 tiene un cupo para unas 450 personas y hoy en día tiene entre sus muros 1080 internos, lo que da una sobrepoblación de dos veces y media de su capacidad. En tanto, la UP13, que debería estar albergando a no más de 650 presos, hoy cuenta con 1084 detenidos, es decir, 1,7 personas por cada plaza.
“Lo que pasa en Junín no escapa a lo que se vive en el régimen provincial y federal” explica el concejal Andrés Rosa, presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante y asiduo visitante del complejo penitenciario local, dada su preocupación por el tema. “Aquí también se observa un cuadro de superpoblación –agrega Rosa–, hay fallos que reprochan esta situación, la ONU hizo visitas y la cantidad de emergencias que se han dictado no han mejorado nada de esto. Ya hace tiempo, la Corte de la Provincia le ordenó al Tribunal de Casación que convoque a una mesa de diálogo interinstitucional para abordar la grave situación carcelaria, también hay otras decisiones, como el fallo Verbitsky, del año 2006, pero no hubo políticas en el sistema penitenciario que tiendan a modificar este tema, muy por el contrario, lo que estamos haciendo es agravando el panorama”.
En el llamado “Fallo Verbitsky” la Corte reconoció al Centro de Estudios Legales y Sociales legitimación colectiva para interponer un habeas corpus correctivo y colectivo a favor de las personas detenidas en las comisarías bonaerenses y ordenó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que revirtiera las condiciones inhumanas de confinamiento existentes.
Realidad intramuros
Rosa es contundente: “El estado, adentro de la cárcel, es un estado delincuente, porque allí adentro se roba, se viola, hay violencia, se venden drogas, entonces, todo lo que se reprocha afuera, allí adentro, sus propios operadores deben convivir con esto. Y cuando salen y reinciden, nos quejamos. Mientras tanto, la solución que se propone es que estén cada vez más adentro, y aprobamos leyes más duras y los resultados son estos”.
Según su análisis, lo que se observa dentro de las unidades penitenciarias “es lamentable”, ya que “en espacios donde debería haber seis personas, hay veinte”. Y añade: “La sociedad es bastante hipócrita en esta materia y opta por reprochar ciertas conductas a través del castigo y manifestar esa sanción con la prisión, y me parece que hay que discutir si esto verdaderamente se justifica y si realmente se están cumpliendo las expectativas que tenemos con el sistema penitenciario. Cuando yo hablo de que hay hipocresía en la sociedad que exige más penas y más encierro, es porque nosotros no tenemos pena de muerte y el que ingresa en algún momento va a salir, por lo tanto, hay que resocializarlo”.
Para Rosa, este escenario contradice, entonces, al lugar común que indica que nadie va preso o que entran por una puerta y salen por la otra: “La puerta giratoria en el sistema carcelario es un mito. Las cárceles están llenas de gente joven, de entre 18 y 29 años. Nosotros tenemos un sistema penal selectivo, en las cárceles están los jóvenes pobres. Si yo cometo un delito tengo muchas más posibilidades, por mi condición, que me permite tener otro asesoramiento, de tener beneficios a los que otros no acceden y esta es una realidad. El 75% de los que están encerrados son jefes de familia”.
El edil de Compromiso por Junín considera que este es un tema “incómodo” para su abordaje. No obstante, considera que desde que está Gustavo Ferrari como ministro de Justicia, hay un pequeño cambio. “El diagnóstico lo conoce”, dice Rosa.
Aunque enfatiza que la violencia y otras situaciones intramuros “muchas veces están invisibilizadas”, cuestiones que también afectan al trabajador del servicio penitenciario: “Cada vez que voy, como saben que tengo relación con el director, me llenan de reclamos, agentes que se capacitan, que han hecho cursos y después no obtienen los ascensos que les corresponderían, entonces es todo un sistema dañino, para los internos y también para sus efectores, esto se lleva puestos a todos”.
Este combo hace que los directores estén “sentados en una silla eléctrica”, como lo define Rosa: “Porque cuando te hacen una radiografía de su realidad, ves los problemas que tienen, las dificultades, la falta de servicios, que se corta la luz y no tienen generadores entonces deben poner sus autos iluminando para que se vea algo, las carencias en salud, en la logística. Entonces uno piensa que no se sabe por qué no explota, pero algún día va a estallar y ahí sí nos vamos a rasgar las vestiduras”.
Posibles abordajes
En este panorama, los posibles abordajes que plantea el concejal Rosa pasan por dos alternativas: la creación de más cárceles o la disminución de la población penitenciaria.
“En cuanto a la primera idea –analiza– más allá de que la criminología la critica, no parece ser posible, de hecho, la Provincia a duras penas está terminando una alcaidía en Lomas de Zamora, ampliando otra cárcel en San Martín e inauguró hace poco una prisión en Campana para jóvenes de 18 a 21 años. Entonces yo entiendo que la solución más atendible y realista –nos guste o no– es la de disminuir la población penitenciaria. Esto es algo que se hace permanentemente en Estados Unidos y otros lugares del mundo”.
Para esto habría dos opciones. Una sería externando a las personas que se encuentran en condiciones de tener salidas. Para Rosa, en Junín hay “un grave problema” en esto: “Hace dos años que no tenemos designado juez de ejecución penal –que es el encargado de ir a la cárcel y monitorear que se cumplan las condenas– entonces hay magistrados que van subrogando por turnos, a lo que hay que agregarle los problemas del servicio penitenciario, sin recursos, con Internet que anda mal, hasta faltan hojas y se demoran los informes, entonces todo esto va generando que a aquellos que podrían tener beneficios de salidas no se los dan”.
La otra alternativa “es la de dejar de encarcelar indiscriminadamente”. Y ejemplifica: “Eso se ve claramente con la ley de estupefacientes, tenemos una norma que ataca las drogas que es de hace 30 años, en el medio salió el fallo Arriola que señalaba que era inconstitucional detener aquel que tuviera sustancias para consumo personal, y en los últimos años las cárceles han explotado por el tema del narcomenudeo, es decir que estamos llevando mucha gente a prisión por consumo personal. Estas son las cuestiones que tenemos que debatir, más la posibilidad de implementar en más casos las pulseras y herramientas de monitoreo, porque muchos estarían en condiciones de que se les apliquen”.
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