En la Región Sanitaria III explica que en los últimos ocho o diez años no hubo casos de abortos por violación.
En la Región Sanitaria III explica que en los últimos ocho o diez años no hubo casos de abortos por violación.
UNA PROBLEMÁTICA QUE CRECE

El aborto es una práctica que se da con frecuencia en Junín y la Región

En la red de mujeres socorristas aseguran que en esta zona “cada vez hay más casos” de interrupciones voluntarias del embarazo. Dentro de la Salud Pública, las atenciones son excepcionales y en la última década no hubo ninguna vinculada a una violación. Señalan la importancia de darles a las mujeres toda la información. También apuntan a la capacitación de los equipos profesionales de la Salud.

Tal como sucede en muchas partes del país, en nuestra región hay una red de socorristas que asisten a mujeres que quieren interrumpir su embarazo de manera voluntaria.
Estas agrupaciones tienen representantes, no solo en Junín, sino también en otras ciudades, como Los Toldos, Nueve de Julio, Alem, Vedia, Chivilcoy, Chacabuco, 25 de Mayo, quienes trabajan, precisamente, en red.
En diálogo con Democracia, referentes de este colectivo aseguran que el aborto es una práctica frecuente en la Región. “Cada vez hay más casos –afirma una de sus referentes–, no alcanzamos a juntar el dinero para realizar un tratamiento que ya nos sale otro, y otro, y otro más. En muchos casos se pueden auto sustentar, pero en otros hacemos actividades como para comprar el kit”.
Según dicen, todas las semanas reciben llamados de mujeres de algunas de estas ciudades de la zona, que las contactan a través de redes sociales o por el boca en boca. “Hay días que tenemos dos o tres casos y en otros no pasa nada”, agregan. En varias oportunidades, se trata de chicas de 16 o 17 años, que se comunican a través de sus mamás. “Inclusive, algunas madres de pañuelo celeste han venido a nosotros porque, en la desesperación, comprenden cuál es la situación de ilegalidad que vivimos quienes ayudamos a abortar y lo duro que es la estigmatización, conseguir las pastillas, pedir ayuda y que, al mismo tiempo, el tema quede en pocas personas, y es como que nadie zafa de eso”, analizan desde la agrupación.
El tratamiento con el que asisten a las mujeres que acuden pidiendo una interrupción voluntaria del embarazo que no encuadra en las causales permitidas por la ley, es con las pastillas de misoprostol, cuyo blíster de doce unidades tienen un costo, sin receta, de unos $6000. “Es muy difícil conseguirlas y ese es un precio caprichoso, porque nos las han vendido a más de eso”, señala una de las socorristas, y puntualiza que este método puede emplearse hasta la semana catorce de embarazo.
Una de las militantes por el aborto legal seguro y gratuito señala a este medio que “hay muchísima desinformación sobre misoprostol”. Y añade: “Nosotros contamos con el manual de las socorristas en red, que fue hecho por médicas, psicólogas y otras profesionales, que tiene el paso a paso que es muy fácil de seguir. Sinceramente, las chicas que recurren a nosotras no tienen la menor idea y si la tienen, suele ser errónea, por ejemplo, creen que con cuatro pastillas ya pueden hacerlo, o intercambian procedimientos vía oral y vaginal, algo que no se puede hacer. Hay un gran mito en torno al misoprostol, es algo fácil y seguro, sobre todo si se hacen los controles posteriores. De todas maneras, estamos armando una red del noroeste en la que hay médicos que nos dan una mano”.

La Salud Pública
En la esfera de la Salud Pública, el panorama es bien distinto. Es que en los hospitales solo se pueden efectuar estas prácticas si se dan algunas de las causales contempladas en la ley: si el embarazo representa un riesgo para la vida de la persona gestante, o si es producto de una violación.
La doctora Mercedes Luna, referente de Salud Sexual y Reproductiva de la Región Sanitaria III, explica que en los últimos ocho o diez años, en los que se viene trabajando fuertemente en el tema, no hubo casos de abortos por violación y “han sido muy pocas” las interrupciones legales por riesgo en la salud o de vida de la madre.
Lo que sí llega a su área de la Región Sanitaria II, son los llamados que hace la población de Junín o de otras localidades vecinas al 0800 de Salud Sexual por consultas por interrupción legal del embarazo o necesidad de algún método anticonceptivo de larga duración, como vasectomía, ligadura de trompas, colocación de dispositivo intra uterino (DIU) o de implantes subdérmicos. “Cuando eso sucede –agrega Luna–, hablamos con la persona que se comunicó a ese número gratuito e intentamos acompañarlo en sus decisiones. Y trabajamos coordinadamente con en el primer nivel de atención, como el hospital provincial, los hospitales municipales y los CAPS”.
Respecto de lo que sucede en el ámbito clandestino, solo se podrían contabilizar oficialmente aquellos casos que terminan en el hospital “y sobre eso no hay demasiada información”, señala Luna, “porque eso hay que buscarlo específicamente para poder saber si hubiera alguna paciente que haya tenido una complicación en una interrupción del embarazo no contemplada dentro de las causales de la ley”.
Si hubiera inconvenientes en un aborto hecho en condiciones que no son las adecuadas, seguramente terminaría en una internación o atención en una institución pública, como puede ser el hospital. No obstante, este tipo de atención no figura dentro de las estadísticas oficiales vinculados a las interrupciones de los embarazos porque estas no están contabilizadas de acuerdo a la causa original –en este caso las complicaciones por un aborto– sino la dolencia en la que derivó esa práctica mal hecha. Traducido: La historia clínica no dirá que el diagnóstico es “aborto mal hecho” sino que allí figurará la lesión orgánica con la que ingresó la paciente.
Sobre esto, Luna agrega: “No hemos tenido información sobre estos hechos de los hospitales municipales de la región, como del HIGA. No tuvimos mujeres internadas en terapia intensiva por aborto séptico. Tampoco hemos tenido muertes por esta causa como sí aparecen en otros municipios de la provincia. Quizás porque es una región mucho más pequeña, o porque reciben información más rápido, y parte de la información que damos es que los abortos en el circuito clandestino ponen en riesgo la vida de la mujer, y eso se lo decimos claramente a las que pueden acercarse a preguntar esto”.
Si bien la existencia de agrupaciones que acompañan a quienes quieren llevar a cabo esas interrupciones con medicación hizo que baje muchísimo la posibilidad de un aborto séptico, éste sigue siendo la causa principal de mortalidad materna en Argentina. Sobre esto, Luna considera que no es llamativo que en esta zona no se hayan producido este tipo de muertes en los últimos años: “Porque esta es una región sanitaria que tiene muy pocas muertes maternas. Hemos venido con cero muertes maternas desde hace muchos años. La últimas que hemos tenido han sido relacionadas a enfermedades preexistentes de estas mujeres. Con el equipo de salud hemos trabajado y hemos podido analizar las causales. Somos una región en la que se trabaja muy bien, donde hay mucha capacitación, conocimientos científicos y técnicos, tanto en la parte privada como en la pública”.

Información
La doctora Luna, que también es referente de Maternidad e Infancia de la Región Sanitaria III, hace hincapié en la importancia de que la mujer pueda contar con toda la información necesaria. En ese sentido, sostiene que “el acceso a los métodos anticonceptivos, probablemente, han bajado la posibilidad de un embarazo no deseado o no planificado”.
Y en relación a esto, añade: “En el año 2012, la Corte Suprema de Justicia saca una resolución, que es el fallo F.A.L., que aclara la interpretación del artículo 86 del Código Penal. Allí se dice que todas las pacientes que soliciten la interrupción del embarazo deben recibir la información correcta. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con esa interrupción, aún en las cuestiones de causales, uno debe dar la información para evitar la posibilidad de una muerte por un aborto inseguro”.
En ese debate también aparece el tema de las malformaciones congénitas incompatibles con la vida, que no lo contempla la ley original, porque en 1921 no había ecografías, pero hoy se sabe que hay anomalías congénitas que no van a permitir que ese feto llegue a ser un niño. “Esto no aparecía y sí es necesario plantearlo en estas circunstancias –explica Luna–, porque puede venir una señora embarazada que lleve un feto con, por ejemplo, una agenesia del sistema nervioso central, anencefalia, que se sabe que va a morir en el momento del nacimiento, y que quiere interrumpir, o aquella otra que con el mismo diagnóstico quiere seguir adelante, pero esa es una decisión de la mujer no lo resuelve el equipo de salud. Estas cuestiones son las que todavía tenemos que debatir”.

Capacitación
En todo este proceso, lo que resulta evidente es la necesidad de que haya capacitaciones y actualizaciones constantes para los profesionales que abordan esta temática.
Un tema central es respetar la ley y aplicarla ante los casos concretos. El Código Penal tiene contemplada la no punibilidad del aborto en aquellos casos que presenten un riesgo para la salud o la vida de la mujer, y los que son productos de una violación. Luna recuerda un episodio que en el año 2010 fue clave para darle perspectiva al tema: “Fue un caso bastante duro de la provincia de Santa Fe en donde una paciente solicitó una interrupción legal porque se le había descubierto un cáncer de mandíbula; en ese caso el equipo de Salud no se aceptó la interrupción legal, por lo que ella no pudo recibir tratamiento oncológico, y terminó falleciendo la paciente, con una cesárea de urgencia, y muriendo su hijo también. Entonces se hizo una presentación judicial, por parte de la familia que había pedido esta interrupción y a la que le asistía el derecho de hacerla porque había riesgo de vida, y a partir de ahí, esas cuestiones, que nos parecían tan lejanas, empezaron a trabajarse por si nos llegaba a tocar”.
Uno de los objetivos de las capacitaciones es el de evitar el descrédito al médico que ejecuta estas prácticas aún dentro del marco normativo. Luna señala que se busca “dejar de llamar ‘abortero’ al profesional que hace una interrupción legal del embarazo, porque esto lo hace sentirse estigmatizado”.
La última capacitación se realizó el 30 de mayo, con la idea de pensar “qué pasa cuando nos pasa”, cuenta Luna: “Cuando nos llega un caso, cómo nos armamos y cómo lo trabajamos. No hemos tenido casos de violaciones, pero sí tuvimos de malformación congénita incompatible con la vida y, por lo general, llegan un poco más avanzados, porque el diagnóstico es más tardío. Para eso es necesario prepararse, y también para acompañar a la madre que decide no abortar, pero uno le tiene que dar la información correcta y poder decir que ese feto que se está gestando no va a poder ser un hijo. Pero también hay otras malformaciones que son compatibles con la vida y esas no entrarían dentro de la legalidad”.
Lo que se busca, en definitiva, es que todos los equipos de salud puedan manejar un discurso horizontal, que trabajen sobre la misma información, aun los que no están de acuerdo con la interrupción, por cuestiones personales o religiosas.
Finalmente, Luna comenta que a la capacitación del 30 de mayo concurrieron dos mujeres que forman parte de una agrupación socorrista: “Es la primera vez que las veo. Quedamos conectadas para que ellas se lleven folletería para que puedan trabajar en métodos de larga duración, que son los anticonceptivos que no dependen de la búsqueda mensual de las pastillas o los inyectables, y que cubren la posibilidad de un embarazo no planificado”.

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