El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó en la legislatura provincial, un proyecto de ley que modifica el Código Contravencional de la Provincia para incorporar nuevas formas de vandalismo al código de faltas e incluir nuevas sanciones para quienes cometan esta contravención.
En lo que va de este año, solo hasta marzo, ya hubo 117 hechos de robo y vandalismo en establecimientos educativos de la provincia, que costarán al menos $100 millones. Un total de 248, entre 2018 y 2019.
El objetivo es proteger al alumno, al docente y a la comunidad educativa en general y asegurar la prestación del servicio educativo. Y aplica a establecimientos educativos de educación pública y privada.
Bases del proyecto
Algunas de las bases y fundamentos del proyecto presentado tienen que ver con que cada hecho de vandalismo en una escuela afecta no solo la calidad de las condiciones educativas, sino que también en algunos casos comprometen las clases de los chicos y la seguridad de quienes integran toda la comunidad educativa.
Sumado a esto, los bonaerenses terminan pagando estos hechos, cuando, aseguran, es dinero que podría ser utilizado para mejorar otras escuelas.
Arreglar los actos de vandalismo realizados en 2018 y 2019 en los establecimientos educativos le está costando a los bonaerenses $205 millones.
En 2018, se registraron en la provincia 131 hechos de robo y ataques de vandalismo contra escuelas de distintos distritos, que le costaron a la Provincia más de $105 millones.
Este gasto equivale a la construcción de 66 aulas nuevas de jardín, siendo que cada aula de 40m2 tiene un valor de $1,6 millones.
Asimismo, en lo que va de este año, solo hasta marzo, ya hubo 117 hechos de robo y
vandalismo, que costarán al menos otros $100 millones.
Nuevas formas de vandalismo
El proyecto modifica el artículo N°74 del Código Contravencional de la PBA (decreto-ley n°8031), del capítulo 4 “Contra la tranquilidad y el orden público”.
Incorpora nuevas formas de vandalismo al código de faltas y prevé nuevas sanciones, con la intención de proteger al alumno, al docente y a la comunidad educativa en general y asegurar la prestación del servicio educativo.
Las sanciones podrán incluir arresto de cinco a treinta días o multas para quien “coloque, introduzca o arroje sustancias insalubres o cosas capaces de producir lesiones, dentro de un establecimiento educativo de gestión pública o privada, o en las inmediaciones del mismo”.
Las mismas sanciones se aplicarán a quien “manche o ensucie bienes muebles o inmuebles destinados y/o afectados al servicio de educación, o cualquiera de las instalaciones de un establecimiento educativo de gestión pública o privada”.
Asimismo, el Juez podrá reemplazar las sanciones de arresto o multa, por la imposición al contraventor de dos a diez días de trabajos de utilidad pública.
Los mismos se deberán realizar en establecimientos públicos, como ser escuelas, hospitales, u otras instituciones dependientes del Estado Provincial, o sobre sus bienes de dominio público.
Se podrán reemplazar las sanciones de arresto o multa por cursos de enseñanza, capacitación, programa individual o grupal dictado en organismos públicos o privados y que le permita modificar los comportamientos que hayan incidido en la comisión de la contravención o que de hecho, repare el daño causado.
Sanción a padres
El proyecto propone además que cuando se verifique la participación de un menor de edad en alguna de las contravenciones, determinará si corresponde sanción a los padres o tutores, con arresto o multa.
En los casos de reiteración contravencional por parte del menor de edad, la sanción a los padres se elevará al doble, pudiendo además imponérseles el cumplimiento de una terapia familiar, a cumplir en el lugar que especifique el Juez en su sentencia”.
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