A pocas semanas de que se habilitara en Jujuy el primer centro para el cultivo de cannabis del país, el Gobierno nacional reglamentó esta semana las condiciones para la producción y manejo de plantas para aceite medicinal en invernáculos y predios de seguridad.
La resolución 59/2019 publicada en el Boletín Oficial -dictada por la Secretaría de Agroindustria de la Nación- obliga a contar con autorización de Instituto Nacional de Semillas (Inase), someterse a controles de ese organismo en todos los ciclos del cultivo y tener un técnico como responsable de la producción.
Además, en el anexo I prevé que se deberá asignar un “responsable técnico a cargo de la producción del cultivo, movimientos y guarda de semillas dentro del predio”.
Muchas de las organizaciones civiles, que impulsaron en su momento la ley 27.350 de cannabis medicinal, recibieron con malestar la noticia, ya que entienden que la medida vuelve a postergar su principal reclamo: que las familias que requieren aceite para tratar diversas patologías puedan acceder a él sin dificultad.
“Está orientada a la producción industrial”, pero “lo que se necesita de forma urgente no es eso sino que se permita a las familias el autocultivo para que puedan acceder al uso de aceite medicinal”, sostuvo Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, una ONG que impulsa el uso de esa sustancia para tratar enfermedades o aliviar algunos de sus síntomas.
Para Salech, madre de un nene con autismo, el permiso de autocultivo “es mucho más importante y urgente para la ciudadanía” que sufre patologías como Parkinson, esclerosis múltiple y epilepsia refractaria, entre otras afecciones, que establecer los requisitos para llevar adelante un cultivo a nivel industrial con inversión extranjera, como en Jujuy”.
“Seguimos reclamando que se atiendan las consecuencias de no haber implementado todavía una ley sancionada hace casi dos años. No podemos seguir sufriendo detenciones, miedo y persecución por la falta de respuesta del Estado a lo que constituye una demanda de salud”, señaló.
Y enfatizó que lo que se necesita es “que se implemente la ley” para que se “deje de penalizar a quienes cultivan ante la falta de respuesta del Estado”, y que ese permiso es “mucho más importante y urgente para la ciudadanía”.
Hoy, en Argentina, la obtención del aceite está regulada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que solo admite el producto importado de países como Estados Unidos, con receta médica. Esto genera que haya una producción nacional de manera artesanal o “ilegal”, por personas que cultivan en sus hogares.
“El autocultivo, en algún punto, viene a ser un proceso de salvataje en el "mientras tanto". Nosotros, desde Cameda consideramos que hay una realidad social construida, pero debemos ir hacia una seguridad en lo que se recibe con calidad. Por eso pedimos un Estado presente con productos de calidad y seguridad”, explicó a Democracia la presidenta de la asociación civil Cannabis Medicinal Argentina (Cameda), Ana García Nicora.
“No sabés lo que estás recibiendo, ya que no tiene estudios bacteriológicos, microbiológicos y de metales pesados. Y además se pueden generar hongos que producen toxinas que a su vez producen cáncer”, alertó.
Como indica la legislación, el aceite solo puede ser usado para el tratamiento de epilepsia refractaria. “Ese fue otro de los puntos que nosotros debatimos, ya que pedimos la ampliación a otras patologías y también lo dialogamos en el Anmat”, afirmó.
“La disposición está, pero lo cierto es que se habla por las acciones y todavía eso no está sucediendo. Y la realidad es que no solo los pacientes lo piden, sino que hay médicos que también lo solicitan para sus pacientes. Por lo que la necesidad es aún mayor”, remarcó.
“Da mucha bronca que nos sigan postergando a los que más necesitamos el respaldo legal para cultivar. Está claro que lo hacen en defensa del negocio de la industria farmacéutica más que para cuidar de nuestra salud. Mi hijo, que requería medicamentos que salían 3 mil pesos por mes, hoy está mucho mejor y no consume ninguna droga gracias al aceite de cannabis. Lamentablemente, para las farmacéuticas, un paciente curado es un paciente perdido; es obvio que no quieran que se nos permita autocultivar”, dijo Ana Martínez Vaget desde Cultivo en Familia, una asociación civil de La Plata.
“La ley, un ensayo clínico”
El Gobierno había autorizado al INTA y Conicet, a cultivar las plantas para ser investigadas por un equipo dirigido por un médico especialista en psiquiatría y psicología médica sobre sus derivados y tratamientos no convencionales
Este proceso se reglamentó en forma parcial con la ley 27.350, mediante la resolución que lleva el número 1537-E/2017, que había sido sancionada por unanimidad en el senado, el 29 de marzo de 2017.
La legislación describió tres categorías que alcanzan a los pacientes que ya están en tratamiento; los que son incorporados a protocolos de investigación; y los familiares, en ambos casos.
En ese marco, la Anmat recibe la documentación requerida para solicitar la inscripción al Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (Recann) que posteriormente enviará al programa para su evaluación y recibir el producto gratuito.
Sin el Recann, el trámite podrá realizarlo el paciente u otra persona que designe, a través de la función de apoderamiento que permite la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). No obstante, el paciente o su representante legal deberán aceptar en forma virtual el Consentimiento Informado, sin excepción.
“Hay una parte de la ley que indica que la elaboración tiene que ser realizada por laboratorios públicos de medicamentos, porque se prevé un registro nacional de pacientes en tratamientos, que es voluntario que te da la opción de entrar en un ensayo clínico y recibir el aceite de manera gratuita”, subrayó García Nicora.
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