El Gobierno nacional aprobó el “Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de Género” en la Administración Pública Nacional, según se publicó días atrás en el Boletín Oficial.
El protocolo tiene como objetivo “brindar acompañamiento a quien sufra violencia intrafamiliar y/o doméstica, y está destinado a todo el personal encuadrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional”.
La concejal Olga Prieto, de Unidad Ciudadana destacó que “es un avance importante. Es el lento reconocimiento del distintas estructuras del Estado (en este caso Nacional) de las responsabilidades que tiene para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tal lo dice la Ley Nacional de Protección Integral. Es un avance en un escenario 2019 en el que han ocurrido en pocos días varios femicidios. Es un paso en un escenario muy complejo porque justamente el estado -expresión de la sociedad- es muy patriarcal”.
Aún así, destacó, “faltan ahora los recursos para implementarla, porque hay que tener claro que también se tienen que implementar las capacitaciones que indica la ley Micaela recientemente sancionada, implementar la ley Brisa (brindar asistencia a las familias de las víctimas), la ley de Educación Sexual Integral que no se implementa sistemáticamente en las escuelas”.
Para Prieto, lo que está impulsando el cambio “creo que es la fuerza del movimiento de mujeres que cala y permea en amplios sectores sociales, y ha ingresado a las familias en las que también se discuten temas de género y en distintos ámbitos, eso es muy potente”.
Cómo es el protocolo
Según indica el protocolo, podrán hacer uso de la licencia “los agentes de la Administración Pública Nacional, que se encuentren bajo relación de dependencia laboral con las jurisdicciones u organismos comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional y que sufran violencia de género”.
“No se requiere un mínimo de antigüedad en la relación de dependencia laboral”, indica el texto y establece en el punto tercero que los responsables de administrar la licencia “serán los Directores Generales de Recursos Humanos de cada jurisdicción o ente descentralizado,
debiendo notificar a todo el personal el circuito para recibir las solicitudes y los datos de contacto pertinentes”.
Además, las áreas de recursos humanos deberán capacitar a su personal en el abordaje de esta temática, para que puedan brindar contención y asistir al denunciante, orientándolo hacia los organismos de atención competentes.
Asimismo, el punto cuatro del protocolo dice que la persona solicitante deberá notificar su voluntad de usufructuar la licencia, que tendrá vigencia a partir de la fecha que contenga la denuncia, y para el caso que la persona solicitante requiera prorrogarla, deberá hacer la solicitud al Director General de Recursos Humanos y acreditar mediante nota la persistencia del motivo que justificó su otorgamiento, con información y/o documentación actualizada.
Toda la información contenida en la documentación labrada para la tramitación de este tipo de licencia tendrá carácter de confidencial.
En 2016, la Provincia aprobó una ley que establece la “Licencia para Mujeres Víctimas de Violencia” destinada a todas las trabajadoras de la Administración Pública o sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria, cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan.
En su artículo tercero, la norma establece que la licencia tendrá carácter especial, podrá ser solicitada por las trabajadoras a través de cualquier medio, contando con un plazo de cinco (5) días hábiles desde la solicitud para acompañar la constancia de haber realizado la correspondiente denuncia, debiendo el organismo empleador preservar el derecho a la intimidad de la víctima.
También dispone que al solicitarse la Licencia para Mujeres Víctimas de Violencia” la autoridad administrativa del lugar en el que preste servicios la víctima, dispondrá medidas y acciones para el acompañamiento, seguimiento, información y abordaje integral a través de los organismos competentes dentro de su estructura orgánica y funcional.
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