Hace dos meses, el Juzgado Correccional N°2 de La Plata a cargo de juez Eduardo Eskenazi dio a conocer un informe sobre la situación carcelaria en la provincia y concluyó en que la Unidad Penitenciaria N°49, de nuestra ciudad, tiene los índices más altos de superpoblación de todas las cárceles bonaerenses. Según este relevamiento, el edificio, que cuenta con 407 plazas disponibles, tenía en junio 958 detenidos, por lo que su sobreocupación era del 135,38 por ciento.
Desde entonces, la situación –lejos de mejorar– se agravó, ya que en la actualidad la Unidad 49 tiene 1030 presos alojados, lo que elevó la tasa de superpoblación a un 153,07%.
Estos datos fueron proporcionados por la Dirección del centro penitenciario a una comitiva de concejales juninenses que realizaron una visita al lugar.
Andrés Rosa, presidente de la Comisión de Seguridad del HCD pudo ver que “en celdas que están preparadas para que duerman tres personas, hay doce”. Y agrega con preocupación: “Que todavía no haya sucesos complicados de violencia, que las autoridades manifiesten que no hay hechos graves de indisciplina, es un milagro. Todos sabemos que la consecuencia de estas condiciones de hacinamiento es la violencia”.
La edil de Unidad Ciudadana Olga Prieto, que también participó de la visita –al igual que el oficialista Javier Prandi– observa que “en la población de la Unidad 49 hay un aumento importante, el año pasado eran 700 internos y ahora hay más de mil, cuando la capacidad es de 400; se ve que el sistema está desbordado”.
Más datos
El informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena del año 2017 señala que, por segundo año consecutivo, en las cárceles de nuestro país hay un 50% de condenados y otro tanto con prisión preventiva. Esta relación no se da de la misma manera en la provincia de Buenos Aires, y tampoco en la Unidad 49, ya que los penados en la penitenciaría de nuestra ciudad alcanzan a un 40%, mientras que el 60% restante corresponden a detenidos procesados y sin prisión preventiva.
Además, aquí también se presentan dificultades a la hora de brindar posibilidades de estudio o capacitaciones en materia laboral. “El sistema penal es selectivo y apresa a los eslabones más débiles de la sociedad, entonces uno se encuentra allí con una población en donde la mayoría de la gente no terminó su escolaridad, y en muchos casos tampoco se les puede dar la posibilidad intramuros de que se eduque o se forme en algún oficio”, explica Rosa.
Hoy, en la Unidad 49 hay 84 internos haciendo la primaria y 40 en lista de espera, y otros 175 en la secundaria, con 49 esperando un lugar.
Asimismo, hay apenas 13 reclusos que trabajan bajo la Ley 11046 y otros 31 que lo hacen en mantenimiento.
“Vimos que la escuela, que es un lugar en el que se pueden armar proyectos, tiene una larga lista de espera de internos que quieren ingresar y no pueden porque no hay vacantes. Esto también es histórico, porque no hay aulas o docentes y demás”, enumera Prieto.
En este punto la situación es prácticamente imposible de modificar porque las aulas funcionan en lugares ganados a los pabellones. No hay espacios en construcción.
“En el tema del trabajo no hay muchos trabajando, no porque no quieran, sino porque no hay oportunidades, materiales, espacios físicos para que puedan hacer algo –agrega Rosa–, y la educación es el arma más poderosa que tenemos en democracia para pacificar estos espacios y para que esta gente, cuando salga, tenga alguna oportunidad. Tampoco hay suficientes programas de reinserción ni educativo laborales, entonces tenemos esta superpoblación, sin posibilidades que se eduquen o trabajen”.
Personal
Este escenario es más espinoso aún si se tiene en cuenta, como dice Prieto, que hay “muchos internos y poco personal para atenderlos”, porque el plantel de recursos humanos es el mismo que el del año pasado, pero hay 300 personas más alojadas, “por eso la situación es compleja”.
En ese contexto, las autoridades “hacen lo que pueden” y los trabajadores “dan lo mejor, dentro de ese contexto”.
Por su parte, Rosa añade: “La fuerza es una formación vertical y no hay quejas. Para estos 1030 internos hay unos 300 empleados, entre los que hay administrativos, trabajadoras sociales, psicólogos, médicos, divididos en turnos, entonces el número de efectivos que controla los pabellones, es poco”.
Desde hace dos semanas se empezó a trabajar en la actividad física de los penitenciarios y también se creó un cargo nuevo en el que se designó a una persona para evaluar cómo está el personal y sus necesidades, a través de encuestas y talleres.
“Esto era necesario porque al personal hay que darle herramientas”, asevera Rosa, para luego ejemplificar: “En el último tiempo apareció el narco como un actor nuevo dentro de los penales, que maneja un dinero que no tiene un preso común, y con eso compra voluntades, de los mismos compañeros internos pero también de los agentes del Servicio Penitenciario. Para esto hay que capacitar a los efectivos y darles herramientas para abordar el ingreso de drogas y el manejo del dinero dentro de la unidad”.
Panorama crítico
En sus recorridas en el sistema penitenciario, los concejales buscan sumarle un análisis cualitativo a los datos cuantitativos que recogen.
“Uno ve que el contacto con los internos es poco –analiza Rosa–, ni hablar cuando son defensores oficiales, porque la gran mayoría son de otros departamentos judiciales, los jueces de Ejecución tienen la obligación de visitar los penales y no lo hacen, mandan a los secretarios, y cuando se encuentran todas estas debilidades del sistema, nosotros podemos cumplir un rol”.
Para Prieto, “hay mucho que tiene que ver con la Justicia, porque hay jóvenes detenidos que tendrían que tener la posibilidad de tener salidas transitorias, pero no lo pueden hacer porque se deberían agilizar los trámites y no consiguen que los atiendan, o que sus situaciones tengan receptividad por parte de las autoridades para que puedan, de alguna manera, reinsertarse social y laboralmente. Y eso los hunde más en la desesperación. Hay situaciones que son de mucha angustia”.
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