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POSICIONES ENCONTRADAS EN UNA DISCUSIÓN QUE REGRESA

Se reaviva el debate sobre la regulación de la pirotecnia en Junín

Ante el fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la normativa para Miramar, corresponde determinar si la de referida a nuestra ciudad correrá la misma suerte. La posición de la cámara de la actividad y de los concejales locales.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aries declaró inconstitucional una ordenanza municipal que prohibía el uso de pirotecnia en el partido de General Alvarado, sancionada en 2015 en Miramar, la cual penaba tanto la comercialización como el uso de fuegos artificiales. 
De esta manera, la sentencia de la Suprema Corte hizo lugar a un planteo de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA), amparándose en la Ley Nacional 20.429 que regula la fabricación, la venta y el uso de pirotecnia.
Ante el panorama, corresponderá evaluar cómo afecta esa decisión judicial a la regulación de nuestra ciudad. Recordemos que en Junín, la ordenanza sobre pirotecnia fue aprobada por unanimidad el 19 de septiembre de 2017, prohibiendo el uso, la venta y el almacenamiento de los artefactos sonoros. 
Así, Democracia consultó las posiciones de empresarios y ediles, quienes mostraron posturas discordantes. 
Por un lado, Gustavo Consoli, vicepresidente de CAEFA, indicó para el sector la normativa dictada en nuestra ciudad tiene que revisarse. “Al momento de reunirnos en Junín dijimos que era inconstitucional. La cuestión se estaba tramitando hace tiempo en la Justicia y la semana pasada se dio el fallo de la Suprema Corte, que dimos a conocer a todos los medios de la provincia de Buenos Aires”, explicó.
Además, el empresario dijo que, por lo pronto, iban a notificar de dicha resolución judicial a todos los Municipios que tuvieran ordenanzas con prohibiciones o restricciones en lo que es pirotecnia. 
“En principio queremos revisión de lo que han hecho, que retrotraigan la norma a la ordenanza que estaba vigente anteriormente y poder buscar un consenso que nos contenga a todos. Si esa voluntad no se interpreta, si siguen en una postura intransigente, nos vamos a ver obligados a hacer una demanda en lo particular. La sentencia ya está dictada, es cuestión de tiempo nada más”, advirtió Consoli.
“La postura de la Cámara no es ir en contra de un municipio. La realidad es lo que dijimos desde la primera reunión con los ediles de Junín: buscar el consenso. Esperemos que el Concejo Deliberante, en su conjunto, tenga la voluntad de convocarnos, charlar y buscar algo que contenga toda la sociedad”, concluyó.

La voz de los concejales
Al ser consultada por Democracia, la concejal Olga Prieto (Unidad Ciudadana), integrante del bloque que ya había propuesto una ordenanza regulatoria de la pirotecnia en el 2015 y no fue aprobada por entonces,  manifestó que si había una declaración de inconstitucionalidad, el Ejecutivo iba a tener que rever la misma.
“Nosotros ya teníamos una posición tomada desde el 2015. Nos parece que el uso de la pirotecnia es dañoso y agresivo para las personas y también para los animales. Después de mucho tratamiento salió una ordenanza en septiembre de 2017 y ahora surge este fallo de la Suprema Corte que obliga a revisarla. Desde el Concejo Deliberante no tenemos una posición tomada aún porque tenemos que ver qué decisión toma el Ejecutivo, a cargo de la implementación de la norma”, explicó.
Por su parte, el concejal Hugo Talani (Frente Renovador) recordó que la ordenanza regulatoria del uso y venta de pirotecnia apuntaba más bien a lo sonoro y no a lo lumínico, beneficiando a las personas que tenían trastornos de espectro autista y síndrome de Asperger que sufrían por eventos de pirotecnia sonora.
“Con este fallo de la Suprema Corte no sé qué pasará – dijo Talani a Democracia-. El caso fue de Miramar pero hay 15 municipios de la Provincia que tienen este tipo de ordenanza con respecto a la pirotecnia, algunas completamente prohibitivas que no dejan que ocurran eventos sonoros ni lumínicos y otras como la de Junín que permite los espectáculos lumínicos. De todas formas, no sé qué ocurrirá de ahora en más porque depende de la Justicia”.
Respecto a esta resolución judicial, el presidente del Concejo Deliberante, Gabriel D’Andrea (Cambiemos), al ser consultado por este medio, consideró que la ordenanza declarada inconstitucional era prohibitiva, en cambio la de Junín es regulatoria. “Nuestra ordenanza no prohíbe – destacó- sino regula el tipo de pirotecnia”. “La pirotecnia tiene distintos usos hasta científicos incluso, no solamente se usa por diversión sino en distintas actividades. Nuestra ordenanza contempla esas posibilidades, no las prohíbe. Hace una regulación sobre la pirotecnia de estruendo, las sonoras, por lo cual entiendo que ese fallo no aplica a nuestra ordenanza”, señaló el edil. 
Recordó que el tratamiento de esta ordenanza aprobada por unanimidad en el 2017 fue iniciado por la inquietud particular de grupos de proteccionistas de animales y padres de niños con Asperger o autistas, asimismo Veteranos de Malvinas. “Nosotros atendimos ese pedido”, afirmó.

Otras repercusiones
“Este fallo lleva un poco de tranquilidad a las miles de familias que viven de la industria de la pirotecnia. Es un haz de luz que esperemos siente precedente en todos los distritos del país. Prohibir no es nunca una solución”, aseguró Clay Jara Toledo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (Soeifepva).
El fallo toma relevancia ya que podría hacerse extensivo a todos aquellos municipios que ya dictaron ordenanzas similares, y que ponen en riesgo directa e indirectamente miles de puestos de empleo de la industria fosforera y de la pirotecnia.
Desde el gremio del fósforo señalaron la necesidad de avanzar en una legislación que contemple el abanico completo de problemáticas y que dé respuestas concretas a los reclamos sobre la materia efectuados por movimientos ambientalistas, animalistas y familias que conviven con personas con trastornos del espectro autista, entre otros.
En ese marco, aclararon que “la intención del sindicato es llegar a un consenso y caminar juntos en una ley nacional que configure soluciones para todos los actores involucrados, siempre sosteniendo los puestos de trabajo”.

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