Finalmente se conoció cual será el aumento promedio en las tarifas de gas, que comenzará a reflejarse en las facturas que lleguen a los usuarios en el mes de noviembre y diciembre.
Según indicó Pablo Torres, director del Grupo Servicios Junín en nuestra ciudad la suba promedio será del 34% y los aumentos irán del 16% al 60%.
Desde Enargas esperan "equiparar el costo del metro cúbico de gas, más allá de las categorías".
“Se busca que todos los usuarios paguen igual el metro cúbico, sin importar la categoría, es decir que se pague en base al consumo”, indicó.
El sistema de categorías imponía un precio de metro cúbico y ahora con estos aumentos diferenciales, “se busca equiparar y que se abone en base al consumo y no por categoría”.
Según aclaró Torres, “las categorías dependían del consumo anual. Ese consumo al año fijaba un precio por metro cúbico y ahora la Secretaria de Energía busca que todos paguen el mismo precio por el metro cúbico”.
Es importante que la gente comprenda que nosotros, como subdistribuidoras, no retenemos ese aumento sino que se entrega a los distribuidores, dijo Torres sobre el monto extra que se cobrará por la deuda de Camuzzi.
El aumento comenzó a regir a partir del 1º de octubre pero se entiende que impactará en las facturas de noviembre y diciembre.
“Se va a notar menos el aumento porque ya va a haber menos consumo”, estimó Torres, pero aclaró que “el aumento va a estar”.
Si bien continúa existiendo “esa categoría de castigo a quien más consumía” la idea es “de a poco tratar de que todos paguen lo mismo”, aseguró.
Deuda de Camuzzi
Consultado sobre la polémica respecto al pago de la deuda de CAMUZZI GAS PAMPEANA con las productoras y que será incorporado a la factura de los usuarios a partir del 1º de enero de 2019 en 24 cuotas, Torres aclaró algunas cuestiones.
Cabe destacar que el fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía Javier Iguacel (ver página 12) para que se suspendan esas subas que serían de entre $90 y $100.
“Hay contratos que firmaron las distribuidoras como Camuzzi, por ejemplo, con los productores, contratos incluso desde antes de este gobierno que están firmados en dólares”, explicó Torres.
“Con el aumento del dólar, las distribuidoras tienen que pagar a los productores en dólares pero lo están cobrando en pesos, entonces ese otro monto es para que las distribuidoras les paguen a los productores. Pero es importante que la gente comprenda que nosotros, que somos subdistribuidoras, no retenemos ese aumento sino que se entrega a los distribuidores”.
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Rechazo y acción de amparo
Por su parte, el Gobierno ratificó el plan que busca compensar a las distribuidoras por la suba del dólar y ratificó que la medida está prevista en los contratos y en la ley.
El secretario de Energía, Javier Iguacel aseguró que "con todo gusto" se presentará ante la Justicia para explicar las razones por las que los usuarios deberán pagar los efectos de la devaluación, en una medida que generó rechazos de asociaciones de consumidores y Municipios.
El Centro de estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) presentó ayer ante la Justicia Federal de La Plata una acción de amparo colectivo de alcance nacional contra lo que denominó un “tarifazo de gas extra, en 24 cuotas, impuesto por el Gobierno al conjunto de los usuarios de ese servicio público”.
La acción interpuesta por Cepis pide la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, por el que todos los usuarios del servicio de gas natural deberán pagar en 24 cuotas y con interés la diferencia del precio del gas registrada entre abril y septiembre de 2018 generada por la devaluación.
Según el escrito presentado ante el juez Adolfo Ziulu, “el aumento del gas se produce por la decisión gubernamental de devaluar el peso y, por tanto, las consecuencias no pueden soportarlas exclusivamente los usuarios del servicio. La diferencia que existe entre el precio de las tarifas para los usuarios establecido en audiencias públicas y el costo del gas previsto en los contratos no puede ser afrontado por los ciudadanos porque de ese modo estarían asumiendo riesgos y costos que no han sido generados por ellos”.
Además, agrega que la resolución "establece tasas de interés que se deben cargar a las cuotas para la devolución del diferencial por la devaluación. La aplicación de tasas de interés constituye un cargo que es completamente ilegal".
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