La Cámara de Apelaciones en lo Penal tratará el pedido de excarcelación del ex intendente de Lincoln

La jueza  de Garantías Dra Marisa Muñoz Saggese  desestimó  el jueves último,  en el marco de la IPP 04-00-007452-16-01 que se investigan 39 presuntos hechos de corrupción, el pedido de excarcelación del ex jefe comunal de Lincoln abogado Jorge Fernández, del ex contador Walter Daniel  Fernández, del ex tesorero municipal Marcelo Roberto Porto y del ex Secretario de Gobierno Mario Enrique Ruiz. 
Los cuatro masculinos imputados en la causa caratulada “asociación ilícita, malversación de caudales públicos, adulteración de documentos y uso de esos documentos para cometer ilícitos” siguen en calidad de detenidos. Quien recuperó su libertad fue Silvia Cristina Mazaitis,  sin perjuicio de la continuación de las actuaciones. 
Los abogados defensores de los detenidos y el fiscal Javier Ochoaizpuro respecto a Silvia Cristina Mazaitis, tienen 48 horas para apelar  desde que quedó firme la resolución de la Jueza de Garantías a cargo del Juzgado Nro 2 de Junín. 
Los pasos procesales continuarán con la elevación de la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, la que una vez que recepte el expediente lo tendrá por recibido y deberá esperar que quede firme ese proveído. De no mediar recusaciones de alguno de los integrantes del cuerpo colegiado, los mismos se abocaran al estudio de la causa. Es probable que a fines de febrero emitan su sentencia sobre los temas puestos a su consideración.
 Por su parte el fiscal Javier Ochoaizpuro cuenta con un plazo de 15 días para solicitar la prisión preventiva, desde que  los imputados fueron citados a declarar conforme lo previsto en el artículo 308 del Código Procesal Penal. Ese lapso es prorrogable por otros 15 días cuando la complejidad de las actuaciones así lo ameriten.
“Falsos proveedores”
Según la investigación del fiscal Ochaizpuro   “las maniobras consistían en la utilización de falsos proveedores, a los cuales mediante la falsificación ideológica de instrumentos públicos (órdenes de compra, órdenes de pago, falsificación de endosos, entre otros) se le adjudicaba una inexistente provisión de bienes y con ello, se desviaba la contraprestación, la cual era percibida por empleados y funcionarios municipales”.