Ayer a la mañana hubo una reunión entre la doctora Elizabeth Schutz, representante local de la Defensoría del Pueblo, y directivos del grupo Servicios Junín (Gas Junín), el abogado Pablo Torres (director) y el contador Daniel Ratto (gerente comercial).
El motivo del encuentro fue el reclamo de pago de alquiler que hace el kinesiólogo Alejandro Flores a Gas Junín, después de la explosión que hubo en su casa y consultorio, ubicada en Primera Junta 259, el martes 25 de octubre de 2016.
Cabe recordar que en ese sitio hubo una tremenda explosión e incendio que habrían sido desencadenados por un escape de gas natural, que provocó serios daños materiales y provocó la muerte de Carlos Martínez (paciente del kinesiólogo), quien tenía gran parte de su cuerpo quemado y falleció días después del hecho. También la explosión ocasionó lesiones de consideración al ciudadano alemán Thomás Roggenkamp, también paciente de Flores, y al mismo kinesiólogo, quien estuvo un tiempo sin trabajar, recuperándose de las heridas.
El profesional, tras el siniestro, alquiló una casa, donde reside con su familia y allí también instaló su consultorio, para atender a sus pacientes. El monto del alquiler rondaría los 18.000 pesos por mes, cuyo pago reclama a Gas Junín.
Negativa
Al término de la reunión, la doctora Elizabeth Schutz, delegada local de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, dialogó con Democracia sobre la solicitud de Flores, en cuanto al pago de alquileres por parte de Servicio Junín.
Tras aclarar que la audiencia formal de mediación entre las partes será el 8 de febrero próximo, en el Centro de Mediación de La Plata, la abogada aclaró que la audiencia de ayer fue pedida por ella a la empresa distribuidora de gas en Junín, atento al reclamo de Flores en la Defensoría del Pueblo con asiento en La Plata, repartición que derivó el caso en la Delegación local.
Consultada sobre qué reclamaba Flores en esta oportunidad, explicó que solicita el pago de los alquileres del lugar donde reside con su familia y atiende como profesional, a la empresa Gas Junín.
“Tras la explosión, como todos sabemos, él tuvo que afrontar un alquiler, sacar dinero de donde no tiene y entonces pide si Gas Junín puede pagarle un alquiler. La reunión que yo tuve con Gas Junín era para pedirles si se podían hacer cargo aunque sea de los gastos inmediatos en alquileres. Me respondieron que al no haber todavía una prueba formal sobre la culpabilidad, ellos no pueden sacar dinero de la empresa para este pago porque si no son observados por el Tribunal de Cuentas. Manifestaron que ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo y a hacer algo pero en tanto y en cuanto haya una resolución judicial, que todavía no la hay”, dijo.
Respecto al caso judicial, la doctora Schutz dijo que está siendo investigada por la UFI N° 2, a cargo del doctor Javier Ochoaizpuro.
La audiencia del 8 de febrero próximo se hará en Mediación, de La Plata. “La de hoy (por ayer) fue una charla preliminar para poder llegar a un acuerdo”, aclaró la abogada.
Sobre la honda preocupación que causó en la población de Junín este hecho y las posteriores llamadas que hubo a la empresa distribuidora de vecinos denunciando que sentían olor a gas en la vía pública, la doctora Schutz dijo: “personalmente creo que las conexiones de gas son muy viejas. En este caso, sé que Flores, la persona damnificada, había llamado con anterioridad a un gasista particular y a Grupo Junín porque sentían olor a gas”.
Consultas
Según lo manifestado por la delegada de la Defensoría del Pueblo, no ha recibido denuncias por olor a gas en las conexiones en Junín, aunque sí por tarifas. “Recibimos consultas por tarifa social, por aumento en los valores de las facturas de gas y estamos en juicio con Camuzzi Gas Pampeana y el Estado nacional por el tema del aumento de tarifas, pero no tiene que ver con esto”, manifestó.
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