A los aumentos previstos para los servicios energéticos se sumará uno nuevo gracias a la aplicación para el cobro de dos impuestos, que elevan hasta un 15,5 % el valor de la electricidad y que están aún en un proceso de disputa judicial.
Se trata de dos fondos especiales: el número 7290 denominado “Desarrollo Eléctrico” y el 9038 indicado como “Grandes Obras”.
A causa de una medida cautelar dictada en primera instancia, el cobro de dichos impuestos estaba suspendido desde 2016 pero tras una disputa judicial la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires falló a favor y los impuestos serán incluidos a partir de enero, en muchos casos.
Edea, Edes y Eden son las empresas autorizadas a cobrar el porcentaje de esos fondos, del mismo modo que las cooperativas de energía eléctrica bonaerense, que se sumarán al incremento previsto por el Gobierno nacional para el mes próximo.
"Son dos impuestos que ya no están vigentes, es otro aumento encubierto en la factura", dijeron desde la Defensoría del Pueblo de la provincia a cargo de Guido Lorenzino.
Los impuestos tienen como destino las arcas nacionales, bonaerenses y comunales y representan un 15,5 % sobre la facturación que paga el usuario.
En disputa desde 2016
El litigio por los impuestos comenzó en mayo de 2016, cuando un fallo firmado por el juez en lo Contencioso Administrativo Luciano Savignano hizo lugar al planteo de dos concejales del radicalismo de Pergamino contra el cobro de sendas tasas creadas en 1967 y 1978.
Los concejales, Carlos Elizalde y Ramiro Llan de Rosos, consideraron en su presentación que "si bien la recaudación obtenida por esas disposiciones debía asignarse a obras, estudios y proyectos relacionados con la infraestructura eléctrica, los fondos iban indefectiblemente a parar a rentas generales".
La resolución judicial lograda generó que la suspensión del cobro, que era solo para los demandantes, se extendiera a todo el territorio bonaerense a partir de una gestión de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, liderada entonces por Marcelo Honores.
Pero en noviembre pasado la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás hizo lugar al reclamo de la Provincia para retomar los cobros.
La Defensoría del Pueblo apeló a la Suprema Corte bonaerense, pero el alto tribunal avaló a la Cámara, permitiendo que los gravámenes volvieran a incorporarse en la facturación.
Según fuentes de una de las empresas beneficiadas , "los dos fondos son conceptos tributarios sobre los que la concesionaria eléctrica actúa solo como agente de percepción, es decir que los incorpora en las facturas que emite a sus usuarios y los deposita periódicamente a la Dirección Provincial de Energía y al Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba)".
El titular de la Defensoría del Pueblo remarcó que dicho organismo va a seguir la causa “para que la Justicia resuelva la cuestión de fondo a favor de los bonaerenses, es decir, la eliminación de estos dos impuestos extras en las boletas de luz, porque entendemos que existe una vulneración de los derechos económicos de los usuarios".
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