En tiempos donde se discute la reincidencia en el delito y las posibilidades de reinserción social, el Patronato de Liberados es una institución clave en este tema, ya que es la encargada de supervisar a las personas condenadas por algún delito penal que consiguieron la libertad.
En la actualidad hay más de 48 mil personas en esa situación en la provincia de Buenos Aires. En la delegación Junín del Patronato de Liberados –que además incluye a General Arenales y General Viamonte– hay bajo supervisión 734 personas. Se trata de gente que, cuando obtiene la libertad o cuando se les aplica una condena que puede ser cumplida sin pasar por la prisión, son asistidas por la delegación del domicilio que tiene esa persona. Es decir que estas 734 supervisados son vecinos de Junín, Arenales y Viamonte.
Para atender esa población, la delegación local cuenta con doce trabajadores, una cifra que no solo resulta insuficiente, sino que es menor a la que la Ley dispone. Así lo reconoce el director de Estrategias Comunicacionales del Patronato de Liberados, Néstor Juliano: “Nunca son suficientes. La legislación establece que como número de referencia debe haber una persona cada 30 supervisados. O sea que acá no se estaría cumpliendo con eso, pero también tiene que ver con la realidad de cada municipio. Está claro que no es lo mismo una ciudad del interior de la provincia que La Matanza, no sólo en cuanto a la cantidad de su población sino por la realidad socioeconómica de cada lugar. En el caso de Junín estaríamos un poco lejos”.
Cómo es el trabajo
El Patronato de Liberados trabaja con personas que están en conflicto con la ley penal y que, por disposición judicial, son derivadas para la supervisión de este organismo. Algunas de esas personas son post penitenciarios, es decir que han pasado por unidades carcelarias y han cumplido condenas en prisiones de la provincia de Buenos Aires o de otros lugares del país, mientras que otras nunca han pasado por el sistema carcelario.
Todos son derivados por la Justicia. Juliano señala que “los post penitenciarios son, generalmente, personas que cumplieron parte de su condena y, si cumplen ciertos requisitos, pueden cumplir el último tercio en libertad. Además, hay otras que fueron juzgadas por delitos menores o que tienen ‘probation’ y en esos casos en que los jueces entendieron que no había que prisionalizarlos, también forman parte de la población a la que atendemos”.
En cada municipio de la provincia hay una delegación del Patronato “para que la gente que está supervisada no tenga que estar viajando y para facilitar la tarea”.
En esa labor, se desarrollan programas propios del organismo y, además, se articula con otras áreas del estado a nivel municipal, provincial y nacional.
“Nosotros tenemos un programa básico inicial que es el Pospe –explica Juliano–, que otorga una suma de dinero a los post penitenciarios que salen de la cárcel durante seis meses que permite colaborar con ese primer tiempo que es el más complicado. Tenemos otro programa que se llama Madres que apunta a las mujeres que salen de la cárcel o están con arresto domiciliario, y el Fortalecer que apunta más a becas de estudios y para arrancar a microemprendimientos”.
Al mismo tiempo, se articula con los programas del Ministerio de Trabajo provincial o nacional, que apuntan, principalmente, a la capacitación y el empleo.
Juliano cuenta que, en la actualidad, en Junín se está coordinando con la Uocra para dar talleres de formación: “Con el trabajo social que se hace en el territorio han detectado que hay una demanda de mano de obra en la construcción, por lo que están tratando de cerrar un convenio de capacitación con la Uocra para poder ofrecer esos cursos a las personas supervisadas y esto le permite insertarse en el mercado laboral. Eso depende de las características de cada municipio”.
Seguimiento
Las reglas de seguimiento de los supervisados por el Patronato de Liberados las establecen los jueces. Hay algunas normas generales que suelen repetirse y, en todo caso, podría haber algunas particulares para casos especiales.
Cuando una persona recupera la libertad o recibe una condena que puede cumplir sin ir a la cárcel, el magistrado establece que tiene que presentarse regularmente en la delegación del Patronato que le corresponde, algo que normalmente es cada 30 días. Para eso se manda un oficio dando información a la delegación. Juliano detalla que el supervisado “después tiene que cumplir otras reglas de conductas elementales, como no consumir estupefacientes ni alcohol, por supuesto no volver a delinquir, en algún caso se establece retomar o completar los estudios, entre otras reglas básicas que debe cumplir durante el tiempo que le quede de condena”.
Hay seguimiento por parte de las trabajadoras sociales y en la delegación de Junín hay una psicóloga que atiende a las personas supervisadas que lo necesiten.
Salida laboral
Dentro de la etapa de reinserción social, la búsqueda de un trabajo estable es la parte más compleja. Para eso, desde el Patronato se busca estimular a que se tomen empleados supervisados.
Actualmente fueron incluidas 2500 personas que están supervisadas en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo de la Provincia, donde muchas empresas van a buscar empleados. Asimismo, desde el Patronato están tomando contacto con las empresas para ofrecerles o comunicarles algunos beneficios que cuentan si toman a un supervisado. “Por ejemplo, una firma que toma como empleado a alguna persona supervisada obtiene hasta un 50 por ciento de lo que pague en sueldos para descontarlo de Ingresos Brutos”, comenta Juliano.
Inclusive, la legislación obliga a algunas compañías a hacerlo, por ejemplo, las contratistas o prestadoras del estado tienen la obligación de tener un 3% de su planta con personas supervisadas, “lo que pasa es que esto nunca se ha exigido y las empresas no lo tienen en cuenta”. Por tal motivo, se trabaja en una suerte de campaña de concientización sobre esto “para involucrar a las empresas y a los municipios, para entender que la reinserción de una persona no es solamente una tarea del Patronato, porque si no, estamos condenados a no lograrlo”.
El director de Estrategias Comunicacionales del Patronato de Liberados remarca que esta tarea “muchas veces es muy compleja porque estas personas suelen cargar con una gran estigmatización, sobre todo los post penitenciarios”. Y ejemplifica: “A veces lo difícil no es conseguir un trabajo sino mantenerlo, porque cuando el empleador se entera de que pasó por la prisión, o viene la policía y se los ‘marca’ y les dice ‘vos sabés que este estuvo en la cárcel’, suelen decidir desprenderse de estos empleados, entonces ahí se complica porque estas personas no han hecho nada malo en su trabajo como para que sean despedidos”.
Cambio de paradigma
El Patronato sufrió una variación en su estructura hace varios meses que significó un cambio de paradigma respecto del abordaje que allí se hace.
En efecto, anteriormente esta dependencia pertenecía al Ministerio de Justicia y luego pasó a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que implicó un cambio en la mirada que se tenía sobre esta área: se pasó de un enfoque tutelar, con el que siempre habían trabajado, a uno en el que se apunta a la recuperación de derechos para que las personas ganen autonomía. “Entonces se trata de trabajar con ellos en lo que muestren predisposición, porque acá hay una cuestión de voluntad de las personas, y así se puede trabajar en capacitaciones que les permitan dar oportunidades laborales, principalmente, y a partir de ahí poder empezar a torcer el rumbo de su vida para no volver a caer en la delincuencia”, profundiza Juliano.
El objetivo, entonces, pasa por romper el círculo de la reincidencia: “En ese sentido, nosotros empezamos a trabajar con unos dispositivos que se llaman Centros Integrales para la Inclusión Social –en Junín no funciona ninguno todavía pero ya hemos abierto 23 en la Provincia–, que son lugares en donde las personas pueden ir a tomar cursos que se gestiona a través de los trabajadores de cada delegación en base a las opciones que tienen. En algún lugar funciona un cine, en otros recuperación de adictos, o cursos de capacitaciones en oficios, asesoramiento jurídico, es decir, son centros en los que se trata que las personas se vayan enganchando para ir buscando y generando otras posibilidades de inserción porque un programa como el Pospe no les va a solucionar la vida, es una ayuda que dura solo seis meses”.
Resultados
Desde el Patronato aseguran que “en líneas generales, en toda la provincia los supervisados cumplen con las reglas de conducta que se les imponen”. Es que, de acuerdo a su análisis, “este es un tema que está muy ligado a la seguridad”, un tema socialmente muy sensible. Así lo explica Juliano: “Cuando sucede que una persona que está bajo supervisión del patronato reincide, y a veces lo hace en hechos graves como el que tuvimos en La Plata (en referencia al asesinato de Abril Bogado, la niña de 12 años muerta de un disparo en la cabeza durante un robo), ahí parece que fuera todo un gran desastre, pero nosotros tenemos 48 mil personas bajo supervisión y no sucede que la mayoría reincida, o que no haya predisposición de estas personas para romper este círculo del delito, pero cuando hay un caso la repercusión es enorme. Diría que, en general, la gran mayoría cumple las condiciones impuestas por el juez”.
Por otro lado, los no penitenciarios, que nunca estuvieron en una cárcel, “no tienen nada de ganas de caer, y hay 35 mil personas en esa condición, que si incumplen lo pautado el juez va a disponer su encarcelamiento”.
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