Las escuelas bonaerenses públicas o privadas de todos los niveles educativos no podrán negarse a inscribir a un niño o adolescente con discapacidad, según una resolución firmada hoy por las autoridades educativas de la provincia, que además garantizaron que su titulación será en igualdad de oportunidades.
La medida se adoptó mediante la resolución 1664/17 de "Educación Inclusiva de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y jóvenes-adultos con discapacidad en la provincia de Buenos Aires”, firmada ayer por el ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny.
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La norma fija un nuevo marco legal para la incorporación de alumnos con discapacidad, fue aprobada por el Consejo General de Educación y está dirigida a fortalecer, sostener y promover la construcción de prácticas inclusivas en las escuelas iniciales, primarias, secundarias y de nivel superior.
En la actualidad hay 92.247 alumnos en la modalidad especial, de los cuales 39.519 ya están incorporados a escuelas de nivel primario o secundario.
Las autoridades señalaron en el texto de la Resolución que la presencia de un chico o un adolescente con discapacidad no puede constituir un motivo para rechazar su inscripción en cualquier escuela primaria o secundaria, sea de gestión estatal o privada.
Además, se garantiza que la titulación y la certificación de finalización de estudios sean en igualdad de oportunidades.
La norma menciona la necesidad de contemplar las distintas identidades, características, estilos de aprendizajes, potencialidades, necesidades y contextos de cada alumno, por lo que el que presenta una discapacidad no podrá tener una currícula paralela ni una reducción de los contenidos.
Según sus características y otras circunstancias relacionadas con el contexto del aula, se deberán poner en prácticas distintas estrategias didácticas y, cuando sea necesario, la escuela pedirá la intervención de los equipos de orientación escolar o de educación especial.
En la reglamentación se aclara que para la inscripción en el secundario, los alumnos con discapacidades pueden presentar una certificación emitida por una escuela de nivel primario, de modalidad de adulto o bien de educación especial.
La nueva normativa incluye también la formación inicial de los docentes, ya que serán incorporados nuevos contenidos que tienen que ver con esta nueva perspectiva.
Llevar a cabo prácticas educativas inclusivas implica que las escuelas propicien el desarrollo de contenidos transversales como la igualdad de derechos, la convivencia y el respeto por las diferencias, a fin de fortalecer el trabajo colaborativo en los ámbitos de aprendizaje, consigna el texto.
Además, supone una mirada de la enseñanza superadora de modelos didácticos tradicionales y de escenarios áulicos o formatos rígidos de paradigmas históricos.
En este sentido, considera a la educación inclusiva no sólo la que incorpora a los estudiantes con discapacidades sino que reconoce las particulares necesidades de cada uno de los alumnos.
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