Críticas al proyecto que impulsa una nueva ley de alquileres para la Provincia

Fuerte polémica y reacción originó un proyecto que busca replicar en la provincia de Buenos Aires la reforma a la ley de alquileres que se sancionó para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual propone que gastos administrativos y de gestión sean afrontados por los propietarios.
Desde el Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, las críticas no se hicieron esperar y dijeron que el proyecto que impulsa el cambio, está fuera de lugar, porque en la jurisdicción bonaerense casi no hay conflictividad que lo justifique.
“Este Colegio Profesional se ve en la obligación de clarificar la especie, habida cuenta de las erróneas interpretaciones realizadas en distintos medios periodísticos por algunas denominadas ‘Asociaciones de Inquilinos’ que confunden y llevan a situaciones de confrontación entre locadores, locatarios y profesionales”, expresa un comunicado emitido por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Junín, presidido por Daniel Di Palma.
En diálogo con Democracia, Di Palma explicó: “Días pasados la Legislatura de Capital Federal aprobó una ley por la cual los honorarios en un contrato de locación (de alquiler) los gastos de la intervención de martilleros y corredores públicos, los debe pagar el locador (propietario del inmueble)”.
“Para el ámbito de la provincia de Buenos Aires la realidad de este momento es que nos regimos por el Código Civil y Comercial nuevo, que establece y regula los contratos de alquiler de propiedades para vivienda, ajustadas a un mes de depósito por cada año de contrato, los honorarios de martillero o corredor público se abonan según leyes vigentes. Por lo general es del  4 por ciento, que lo paga el locatario (inquilino) y el locador paga la administración del inmueble”, dijo el martillero y corredor público.
 “Hay que aclarar que no todas las locaciones se manejan de la misma forma, todos los contratos se pactan entre las partes. La legislación vigente estipula qué se puede y qué no se puede cobrar”, apuntó.

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“Sinsentido”
El dirigente local dijo que a nivel provincial los martilleros se reunieron el miércoles pasado con el vicegobernador Daniel Salvador, para hacerle saber que era algo sin sentido esta discusión referente a los honorarios de los martilleros y corredores públicos.
“Si ocurre lo mismo que en Capital, donde ha sido promulgada esta norma, quizá por motivos eleccionarios, con una liviandad muy grande en su tratamiento, lo que se hará es disminuir el problema de la falta de inmuebles para habitar que tiene la Argentina, o de la falta de poder adquisitivo de la sociedad, en un mero hecho de un honorario profesional”, apuntó.
“En la provincia de Buenos Aires, con las leyes hoy vigentes, no hemos tenido inconvenientes y en todo caso, están los colegios profesionales para recepcionar los reclamos existentes entre partes, cumpliendo su función como mediadores. En general, los porcentuales de conflictividad han sido muy mínimos en el transcurso de todos estos años”, dijo.
“Este es un tema mucho más profundo. Opino que las autoridades deberán convocar a todas las partes, incluyéndonos, para resolver la problemática. No se trata de dictar una ley para que pague la comisión uno u otro”, manifestó Di Palma.

Consecuencias
Por su parte desde la inmobiliaria Bonaterra, opinaron lo siguiente: “Por el contacto que tenemos con colegas de Capital, se supone que lo único que puede hacer la nueva norma es incrementar el monto de los alquileres. Los dueños no van a pagar los honorarios”.
“No va a solucionar nada. Seguramente harán un arreglo interno con el dueño del inmueble, aumentarán el alquiler y ya está. Y si el martillero asesora al inquilino, igualmente le cobrará, no honorarios sino asesoramiento. Para el caso, va a hacer lo mismo”, opinó.
“En Junín, si se aplica esta norma capitalina, también va a aumentar los alquileres. Si quieren favorecer a un inquilino, sea en Capital, sea en Provincia, me parece más puntual que bajen los costos de mantenimiento del inmueble como la tasa por el servicio de agua, el impuesto inmobiliario, etc.”, opinó Bonaterra.

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Los inquilinos
Según estimaciones de la Asociación Platense de Inquilinos, desde donde se redactó el proyecto que lleva la firma del diputado Walter Abarca (FpV/PJ), en la ciudad de La Plata esos costos equivalen a unos cuatro meses de renta. “Para un alquiler de 4.500 pesos, llegan a ascender a unos 20 mil pesos”, detallan.
La iniciativa provincial plantea en su artículo primero que el arrendamiento en zonas urbanas con destino a vivienda será “del 2 al 4 por ciento a cargo del locador, no pudiéndose cargar al locatario honorarios ni gastos de gestiones vinculados al corretaje”. El párrafo hace referencia al depósito, a la comisión inmobiliaria y a los gastos administrativos como averiguación de garantías e informe de dominio.
Con este proyecto, se intentará entonces trasladar los costos de honorarios a los dueños, anular los gastos de gestoría a los inquilinos y que el informe de dominio que cobra el Registro de la Propiedad sea gratuito.
Según las estimaciones de los impulsores de la norma, de sancionarse los gastos que hoy enfrentan los inquilinos bonaerenses a la hora de alquilar una propiedad se reducirían en un 50 por ciento.