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COMENZARON LOS ALEGATOS EN EL JUICIO AL EX INTENDENTE

Para el fiscal y el abogado del damnificado, no hay dudas: Miguel se enriqueció ilícitamente

Quidiello se basó en los peritos oficiales y el patrimonio final del acusado. Gutiérrez comparó ingresos. También creen probado el delito de "omisión maliciosa de declaraciones juradas patrimoniales".

Mientras crece la expectativa por la cercanía con el desenlace, ayer comenzaron los alegatos en el juicio contra el ex intendente Abel Miguel, que no estuvo presente por sus compromisos políticos.    
En otra jornada extensa y engorrosa para el público, el fiscal Angel Quidiello y Manuel Martín Gutiérrez, abogado del particular damnificado, fueron los encargados de explicar su posición.
Ambos sostuvieron que Miguel se enriqueció ilícitamente y omitió declaraciones juradas patrimoniales, dos de los delitos con los que se acusa al ex intendente.
Quidiello fue el primero en hablar. Comenzó con una larga lista de los hechos que se acreditaron en el juicio para concluir que encontraba un patrimonio de más de un millón doscientos mil pesos al cierre de la gestión de Miguel como intendente.
Para ello se basó en las pericias oficiales, a las que consideró fundamentales para probar el supuesto "aumento desmesurado" entre 1994 y 1998. "Si bien (Pablo) Bolognesi y (Héctor) Bentorino trabajaron con métodos distintos, llegaron a resultados similares, sólo separados por la transacción de un campo. Las sumas no justificadas acreditan el delito", dijo en un momento.
"No hay justificaciones para algunos aumentos. Las sumas no justificadas acreditan el delito", sostuvo también. De acuerdo con el fiscal, la falta de documentación también fue importante para probar el ilícito.
"No hubo voluntad. La información fue retaceada, segmentada y fragmentada. La falta de documentación no es por causas externas al agente", agregó. En su exposición también descalificó la declaración del contador de parte, Héctor Mooney.
Sostuvo que en algún momento la justificación que hizo fue "absurda" y pidió que el Tribunal no contemplara su testimonio como prueba.
También sostuvo que está probado el delito de "omisión maliciosa de declaraciones juradas patrimoniales".  
     
El alegato de Gutiérrez

Tras el cuarto intermedio establecido al término de la exposición del fiscal Quidiello, hizo lo propio el abogado del particular damnificado Carlos Benítez, doctor Manuel Gutiérrez, quien hizo un extensísimo alegato, que duró un total de una hora cincuenta y tres minutos ocasionando que -cuando llevaba  una hora y media de exposición- la presidenta del Tribunal Karina Piegari le pidiera brevedad en función de la hora (ya eran pasadas las 13.30).
Entre muchos conceptos, el abogado dijo que el ex intendente Abel Miguel tuvo "reticencia y retaceo permanente de medios", es decir de elementos para el desarrollo de la justificación de sus ingresos.
También consideró que "se dan todas las condiciones" para sostener la acusación de "enriquecimiento ilícito de enriquecimiento ilícito de funcionario y empleados" ya que "se incrementó su patrimonio en forma desproporcionada comparándose con los ingresos percibidos en ese período", es decir entre 1983 y 2003 a la vez que "hay toda una cantidad de pruebas integradas por lectura que dan pauta de un movimiento económico-financiero importante y que no tenía relación por los ingresos en los períodos que se fueron auscultando, que no se pudieron justificar en debida forma, cumpliéndose todos los pasos para que lo hiciera", temas acreditas por lo pericial y por las declaraciones testimoniales.
"Con toda esta carga que aparece a partir del artículo 36 de la Constitución Nacional, donde se establece que los actos de corrupción o los que incurrieran en delitos dolosos contra el Estado, atentan contra el sistema democrática, aparece como petición especial de esta parte, una fuerte necesidad de la sanción, no por la sanción en sí ni mucho menos por lo ejemplificador, sino como con correlato necesario y coherente de castigar aquello que impiden la posibilidad de la reproducción de cada uno de nosotros como individuos sociales o con responsabilidad hacia el resto", argumentó.
Anticipó "un pedido de condena y un alto grado de rigurosidad en cuanto a la pena" a la vez que consideró que "un dato objetivo de la consumación está dado en la misma omisión de la presentación en tiempo y forma de la declaración jurada".
"Hay obligaciones que por el mero hecho de ostentar el cargo de funcionario público aparecen como inexcusables, de obligado cumplimiento", señaló más adelante, destacando que "por el hecho de ser funcionario público, debe conocer que tiene la obligación legal de esa declaración jurada".
Tras su alocución se dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 28 a las 9.30,  cuando se escuchará el alegato de la defensa.

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