En el marco del juicio a Abel Miguel, revisan el trabajo realizado por peritos oficiales

Continuó ayer el debate entre los contadores oficiales y el de parte, en el juicio oral y público al ex intendente municipal Abel Miguel, en el marco de una causa caratulada como “Enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
A las 9.50 dio comienzo la audiencia presidida por el Tribunal en lo Criminal Nº 1, compuesto por los jueces Karina Piegari (presidente), Andrés Francisco Ortiz (vicepresidente) y Miguel Angel Vilaseca (vocal).
En el transcurso de la audiencia de ayer, expuso principalmente el contador Héctor Miguel Mooney, perito de la defensa, respecto al movimiento patrimonial de Miguel y los supuestos errores en el estudio hecho por los peritos oficiales, Héctor Bentorino y Pablo Andrés Bolognesi, entre 1994 y 1998, período del cual afirmaron días atrás haber detectado un “acumulado no justificado” de más de 200 mil pesos/ dólares.

Inicio de la audiencia

El fiscal doctor Angel Quidiello presentó en primer término la contestación del oficio enviado a la DGI enviado la semana pasada  y que el organismo respondió el lunes último. El escrito indica que en el Sistema Registral de la AFIP, Abel Miguel está inscripto en IVA desde el 1º de septiembre de 1994 y que no hay presentaciones de IVA anteriores.
Según lo informado por el organismo estatal, tampoco hay normativa alguna que obligue al contribuyente a llevar los libros de IVA antes de dicha fecha.
Respecto a la compra de un automóvil por parte de Miguel, en enero de 1994, el documento original, con el sello de la AFIP, fue presentado por el abogado defensor de Miguel, el doctor Darío De Ciervo, ya que esta compra también hacía al movimiento de fondos.
Ante esto, Quidiello propuso que peritos calígrafos verificaran la autenticidad del sello de la AFIP, a lo cual la doctora Piegari señaló que esto sería materia de otro proceso.

Contradicciones

Avanzando un poco más en el juicio, el contador Mooney, perito de parte de Miguel, hizo referencia a errores en el estudio de los peritos oficiales Héctor Ben-torino y Pablo Bolognesi, entre 1994 y 1998, señalando que 96.000 pesos fueron asentados en dos ocasiones en la declaración jurada de los libros de IVA: una vez en los costos de las actividades agrícolas de 1996 y otra vez como incremento del stock de cereal al cierre del período ´96. El perito de parte apuntó que este error si bien fue cometido por Bolognesi fue porque estaba equivocada la declaración jurada que estuvo evaluando.
Por su parte, Bolognesi apuntó: “La veracidad del libro de IVA Compras era contrastable con las declaraciones juradas”.

Entre el Débito y
el Crédito Fiscal

Al parecer de los peritos oficiales, según los resúmenes de los libros del IVA del ´96, habría más débito fiscal. A favor de la AFIP habría unos 26.000 pesos, cuando las declaraciones juradas ante la AFIP indicarían en cambio que habría 9.220,86 pesos a favor del cliente, resultando ello una contradicción.
Teniendo en cuenta las revisiones de Mooney en esta causa, habría más créditos fiscales que el informado en los libros, según lo admitió ayer el contador Bolognese.
A todo esto, Bentorino se preguntó por qué no presentó en el juicio la declaración jurada de enero del ´97 para hacer una correcta evaluación. También la jueza consideró que era necesario contar con la misma.
Mooney dijo que esta declaración, junto a otra documentación comercial del año ´96,  podía ponerse en el expediente. Ante esto el fiscal señaló estar de acuerdo siempre que esa documentación comercial se pudiera constatar.
Bentorino destacó la importancia de contar con estas declaraciones juradas, hechas en su momento por el contribuyente, cuando todavía éste no sabía que iba a suceder este proceso judicial, es decir un juicio en su contra.

Aparecen retenciones

Tras el receso dispuesto por el Tribunal, para acceder a la declaración jurada que estaba en poder el contador de Miguel, Mooney la presentó en el juicio.
Explicó que la misma tenía un saldo a favor del contribuyente pero también demostraba que había retenciones por 35.000 pesos, que no habían sido tenidas en cuenta por los peritos oficiales. “Esto demuestra que nosotros teníamos razón”, dijo.
Ante esto Bolognese manifestó que esta declaración podía ser constatada por la DGI, aunque ello no variaría demasiado su conclusión: “No sabríamos si esta diferencia fue consumida o ahorrada por el contribuyente. Para mí fue consumida porque no está en la declaración jurada como efectivo”, dijo.
Mooney sugirió que podría no ser así, y que esa diferencia estuviera ahorrada o “en los bolsillos de Miguel”, ante lo cual la jueza Piegari señaló que ambos contadores estaban haciendo hipótesis ya que no tenían documentación que certificara tal o cual cosa.
En este punto del debate, el contador Bentorino propuso contar con dos o tres días para reparar en las nuevas pruebas que se incorporaban al debate, y revisar estas diferencias de apreciaciones. La presidenta del Tribunal comunicó que esa cuestión sería abordada mañana viernes, en una nueva audiencia, pero que mientras tanto se continuaría con los otros puntos.
Ante esta determinación, el contador Mooney manifestó que otra de las revisiones  hechas en las conclusiones de los peritos oficiales, era que no habían tenido en cuenta la amortización de un vehículo marca Isuzu, que en el ’98 era de 5.000 pesos. “Si bien esto no tiene demasiada entidad, porque es poco el monto, hace al todo, al flujo de fondos”, asunto que sí interesa al debate.
“Corresponde sacarlo del costo de actividades”, concluyó Mooney. Por su parte, Bentorino admitió no haberlo considerado y coincidió en que a los 5.000 pesos había que “sacarlos de ese ejercicio” y de todos los otros siguientes hasta agotar el valor de la camioneta.
Otro de los puntos referidos por el contador de parte del imputado, fue el referido al valor del campo en Villa Saboya,  comprado por Miguel en 1998 y que en la escritura del mismo figuraba con un valor de 834.874 pesos. Esta cifra también está en el Ejercicio de 1998 que presentó el ex intendente.
Mooney aclaró que “parte del valor del campo” era una deuda por Impuesto Inmobiliario de unos 57.316 pesos. Dijo que esta plata no se pagó íntegramente ese año, sino unos 11.804 pesos, y el resto (45.511 pesos) en un Plan de Pagos de 48 cuotas.
 
Continuación

El juicio continuará mañana, a las 9.30, con las declaraciones de los peritos de oficio y el de parte, según lo determinó el Tribunal Oral Nº 1.