De acuerdo a sus atribuciones, un Juzgado de Paz aborda problemáticas vinculadas con temas de familia, como divorcios, alimentos, visitas a hijos, además de otros asuntos que podrían ser catalogados –esquemáticamente– como menores dentro del derecho civil y comercial.
Por otra parte, un Juzgado de Familia trata diferentes cuestiones sobre divorcios, alimentos, comunicación con los hijos –el antiguo régimen de visitas–, la tenencia, capacidad restringida –antes llamadas insanias–, y adopciones, entre otras.
Aún con esta amplia competencia descripta, en la actualidad, en los ocho juzgados de Paz del Departamento Judicial Junín y en el de Familia de nuestra ciudad, más de la mitad de las causas tienen que ver con hechos violencia familiar o doméstica.
El dato surge del proyecto Mapa Judicial, que está realizando la provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Justicia, del que participa el Colegio de Abogados de nuestra ciudad.
El titular del Colegio, Lisandro Benito, señala a este diario que “esta problemática, de que más de la mitad de las causas de los juzgados de paz y de familia sean por violencia doméstica, se da en toda la provincia, y se ve replicado claramente en Junín y las localidades que integran nuestro departamento judicial”, que son Chacabuco, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Leandro N. Alem, Lincoln y Rojas.
Causas
Las causas que explican esta coyuntura tienen diferentes aristas.
En primer lugar, hay que decir que el tema de la violencia doméstica no es nuevo. “Es una constante que se da, yo diría, en los últimos cinco años”, explica Benito.
Lo cierto es que el tema, en la actualidad, tiene otra visibilidad, como describe el titular del Colegio de Abogados local: “Hay una mayor cultura de la denuncia. Antes, tal vez por cuestiones sociales o de posicionamiento de la mujer en la comunidad, esto no se daba, por eso no es casual la aparición de colectivos como #NiUnaMenos, porque son los que han favorecido a que la mujer se anime a alzar su voz frente a situaciones de violencia doméstica. Tiempo atrás eran hechos que estaban mucho más naturalizados”.
Además, el Estado no disponía de las herramientas que tiene hoy para facilitar la denuncia, como la Comisaría de la Mujer y la Familia, con atención constante, que “es una herramienta importante”. Además, continúa Benito, todos los municipios cuentan con un Servicio Local del Menor y la Familia, en donde se atiende esta temática: “La Municipalidad de Junín implementó desde hace mucho tiempo, en Bienestar Social, un área que atendía la violencia familiar, porque se advertía como una problemática en crecimiento”.
En ese marco, Benito también advierte que, en ocasiones, “hay un aprovechamiento de la denuncia y una utilización de la misma como para obtener algún rédito, y si bien está claro que no es ésa la generalidad, en algún caso se ha observado que se usa una acusación como para obtener una tenencia, para presionar, o cuestiones similares”.
No obstante, más allá de esos casos puntuales, es evidente que el de la violencia es un tema recurrente en la sociedad, tanto que las estadísticas muestran que más del 50 por ciento de las causas en los juzgados de Paz y de Familia tienen que ver con estas situaciones. “En eso, ni el Estado ni la Justicia pueden mirar para otro lado”, advierte Benito. Por ello reclama una mirada completa y exhaustiva en el trabajo de la prevención y en la atención posterior, una vez que el hecho está judicializado: “La policía solamente no puede ser una respuesta, no alcanza sólo con las medidas cautelares o precautorias de exclusión del hogar, hay que atender con equipos técnicos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, es decir, hacer un abordaje integral”.
Perspectiva de género
Un capítulo en sí mismo es el de la violencia de género, que está estrechamente vinculado a las agresiones domésticas o familiares, aunque no se agota allí, sino que es más abarcativa aún porque incluye otros tipos de violencia, desde la simbólica y el acoso callejero hasta los femicidios.
La concejal Olga Prieto, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Concejo Deliberante, afirma que “hay muchos obstáculos y barreras para el acceso a la justicia” para las mujeres que pasan por situaciones de violencia.
En su análisis, la edil cuenta que en esos casos el circuito comienza en la Comisaría de la mujer y suele continuar en el Juzgado de Familia o en la fiscalía tematizada en temas de violencia, que interviene cuando se trata de delitos penales.
“Estas mujeres –señala Prieto– encuentran dificultades para pasar por estos lugares, no tanto en la Comisaría de la Mujer donde hay un acceso más fácil, pero el trámite en el Juzgado de Familia es sumamente engorroso, suelen esperar horas para que las escuchen, y la atención no es lo cuidada que debería ser, porque se demoran los trámites y es muy complicado, de manera que las mujeres que están tratando de denunciar un hecho de estas características son revictimizadas por estas situaciones”.
La concejal del Frente para la Victoria recuerda que algunas semanas atrás fueron presentados en la Unnoba los datos correspondientes a Junín del Índice de Violencia Machista, un trabajo realizado por el colectivo #NiUnaMenos: “Ahí queda patentizado que las mujeres en nuestra viven las situaciones de violencia y la problemática más común es el acoso callejero, que tiene una gran violencia simbólica. Esto requiere de políticas urgentes de prevención y de cuidado, por eso se necesita que esté funcionando en todos los niveles de la educación el programa de educación sexual integral. También se requiere que el municipio asigne más recursos, por ejemplo, a las necesidades más urgentes que tienen las mujeres y que deben ser prioridad en políticas habitacionales y laborales”.
Prieto, que además es trabajadora social, agrega que el juzgado “está desbordado, tiene muchísimas causas, el personal no da abasto, y esto impacta fuertemente en el acceso a la justicia que deberían tener” las mujeres que se animan a hacer las denuncias. Sobre todo, si se tiene en cuenta que muchas veces se requieren acciones urgentes, como la declaración de una restricción perimetral que le ponga un límite al violento.
Por su parte, Benito coincide en que “en Junín hay un Juzgado de Familia que está colapsado”, y si bien remarca que ya se dispuso la creación de un segundo juzgado de esta competencia para nuestra ciudad, todavía faltan cuestiones administrativas que demoran su puesta en funcionamiento, pendiente desde hace meses.
Coordinación y recursos
Para el presidente del Colegio de Abogados es necesario trabajar mejor en la coordinación de tareas, dado que el Estado –en las instancias nacional, provincial y municipal– “reacciona ante la problemática con la generación de diferentes ámbitos”, como lo son el Servicio Local, la Comisaría de la Mujer, el Juzgado de Familia, Dirección de la Mujer, la Oficina de Asistencia a la Víctima (un espacio similar al que ya existía en el ámbito del Ministerio Público Fiscal), lo que termina en una sucesión de lugares “y falta el trabajo en red y la optimización de recursos”.
En tal sentido, la Mesa de Violencia que se reúne regularmente en Junín –como en la mayoría de los municipios de la Provincia–, involucra a todos los actores sociales y estatales vinculados en la problemática “para no desperdiciar recursos, que siempre son escasos”.
Finalmente, Prieto remarca la importancia de la asignación de fondos para desarrollar políticas que apunten al tratamiento de esta problemática: “Esto requiere más recursos por parte del Poder Judicial, más presupuesto. Es necesario que haya otro tribunal de familia funcionando con fondos destinados y recursos humanos formados en perspectiva de género, porque esta es otra de las grandes debilidades que nos encontramos. Las situaciones de violencia se sostienen porque es una problemática acuciante”.
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