Un testigo aseguró haber escuchado que algunas multas se pagaban con sobrefacturación de viáticos

En la mañana de ayer, continuó el juicio oral y público al ex intendente municipal Abel Miguel, imputado en una causa caratulada "enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos", iniciada por una denuncia de Carlos Benítez, empleado municipal durante parte de la gestión de Miguel.
El Tribunal Oral Nº 1 del Departamento Judicial Junín, compuesto por los jueces Karina Piegari (presidente), Andrés Francisco Ortiz (vicepresidente) y Miguel Angel Vilaseca (vocal) escuchó las declaraciones de los tres testigos que pasaron ante el estrado.

Gandulfo

El primer testigo que declaró ayer fue el periodista Rubén Gandulfo, quien se refirió a los dichos del gremialista Héctor Azil, en su programa radial, sobre el tema de los viáticos de personal municipal y el pago de las multas al Tribunal de Cuentas por parte de funcionarios de la intendencia durante la crisis del 2001-2002.
Cabe mencionar que Azil era en ese momento representante de la CGT Regional y miembro del Comité de Crisis formado en aquella época.
A la pregunta si esos funcionarios estaban o no en condiciones de afrontar estas multas, Gandulfo dijo que estimaba que sí, que los montos podían ser $ 4.000, $2.500, o "400.000 pesos en un paquete".
El periodista manifestó que los dichos de Azil fueron de dominio público y que por entonces era común hablar sobre eso con referentes de la comunidad, como lo era Osvaldo Giapor, reconocido fomentista, también presente en la mentada reunión de Comité de Crisis.
Concretamente, el testigo dijo que el gremialista había hablado sobre Miguel y sus dichos referidos a que con "la sobrefacturación de viáticos de funcionarios se pagaban las multas" impuestas por el Tribunal de Cuentas. Y que esto mismo se lo había escuchado decir a Giapor y a otros, que le habían dicho oportunamente que no mencionaran sus nombres, es decir lo que en periodismo se llama "off de record", no revelar quién es la fuente de información.
Respecto al acta de la reu-nión del Comité de Crisis, donde se habría ventilado este punto, Gandulfo dijo que llevaba la firma de la ex concejal socialista Laura Tortoriello, aunque no sabía quién la había redactado.
Sobre Giapor, el testigo expresó: "El manifestó haberlo escuchado, pero le dio poca entidad. Como que lo que decía por aquel entonces Azil era cierto pero 'tampoco había que ser tan purista'. Una cosa más o menos así".
A la pregunta del doctor De Ciervo si el testigo conocía sobre las cuestiones que eran reveladas por Azil o por Giapor, Gandulfo respondió que su tarea como periodista era entrevistar a las personas.
Ante una inminente discusión entre el testigo y el defensor, la doctora Karina Piegari señaló que ya se había entendido que las declaraciones de Gandulfo se basaban en trascendidos periodísticos.

Otros

A continuación declaró Javier Alezo, de Pergamino, sobre la relación de negocios que mantenía Abel Miguel con su padre y la compra de campos.
Dijo que su padre (ya fallecido) y el ex intendente habían comprado un campo en Leguizamón de 130 hectáreas y otro cerca de Rufino, de 180.
"Mi padre se quedó con el campo más grande y luego lo vendió a Bonda. Posteriormente le compró a Miguel 215 hectáreas de campo cerca de Villa Saboya, en 1995. Este último campo, el único que nos queda, es de mis hermanos y mío. Lo trabaja el contratista Julio Rugieri", expresó.
Preguntado si estas tierras eran productivas, el testigo respondió que generalmente se trabajaba con agricultura. En cuanto a si alguna vez estuvo inundado, recordó que sí, que posiblemente en el 2001 lo estaba, aunque no recordaba qué cosecha.
A todo esto, el defensor le preguntó al testigo cuántos años tenía, qué actividad desarrollaba, si había estudiado, a los efectos de determinar si lo que estaba diciendo era lo que recordaba de su padre y su relación con el entonces intendente de Junín.
Finalmente pasó ante el estrado, el vicepresidente de la Unión Mercantil La Cesira, Fernando Raúl Cabodevila, quien reconoció a un documento (Anexo por venta de cereal, años ´96, ´97 y ´98) como perteneciente a su empresa, viendo las firmas que tenía el mismo.
Este documento estaba incluido a la causa que se ventila y fue mostrado al testigo ante la presencia del doctor De Ciervo, el fiscal Quidiello y el doctor Manuel Gutiérrez, abogado del particular damnificado.
Cabodevila afirmó que Abel Miguel fue y es cliente de la Unión Mercantil.
Sobre el reconocimiento del documento, cabe mencionar que tanto el fiscal como el abogado del particular damnificado se oponían al mismo, pero igualmente fue permitido por el Tribunal.
"Una copia de esto va a la ONCCA, es una metodología de este organismo. Son reportes semanales y mensuales. Una queda en la empresa, otra al cliente, otra a la ONCCA y una más a la AFIP", acotó el testigo.

Continuación

Desistidos el resto de los testigos previstos para ayer, el Tribunal dispuso que el juicio continuará el 18 de septiembre con las declaraciones de Cano Vázquez y Cademartori, y que el 21 del mismo mes se escuchará a los peritos contables y al contador Bassagaisteguy. Probablemente también este último día se presenten los alegatos de las partes. La audiencia prevista para el 15 de septiembre fue cancelada.