Miguel compró a través de un préstamo un campo por más de 800 mil pesos en 1998

Con la declaración de varios especialistas en tasación, funcionarios del Ministerio de Asuntos Agrarios, martille-ros y vecinos se realizó ayer la cuarta jornada del juicio oral y público al ex intendente Abel Miguel, procesado en una causa caratulada "enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".
La causa que se inició por la denuncia de Carlos Benítez, empleado municipal durante un período de la gestión del procesado, continuará mañana.

Testigos

El primero en atestiguar ante el tribunal, integrado por los jueces Karina Piegari (presidente), Andrés F. Ortiz y Miguel A. Vilaseca, fue Walter Miguel, ex empleado administrativo de Asuntos Agrarios bonaerense, que trabajó en los tiempos que muchos campos de la provincia de Buenos Aires estaban inundados o anegados, y sus propietarios pedían que se los incluyera en la Emergencia Agropecuaria -años 2000- 2001- con la presentación de declaraciones juradas. El ex funcionario reconoció su firma en la documentación de la causa que se ventila.
A continuación declaró el abogado Conrado Hugo Storani (radicado en Río Cuarto), quien fuera abogado del ex intendente en la autorización de una venta de un campo ubicado en Villa Saboya, partido de General Villegas.
Se refirió entre otras cosas al contrato de arrendamiento de dicho campo -de 522 hectáreas- por parte del ex intendente como parte de pago del costo total del mismo.
Según lo manifestado por el testigo, dicho contrato se hizo en septiembre de 1997, por un valor de 250.000 pesos. De aquellos, unos  205.000 fueron destinados al pago de la hipoteca por un juicio que tenía la familia vendedora. El resto,  45.000 pesos, quedaron para la familia.
Acotó que la escritura de la venta de esas tierras se hizo en julio de 1998, y el valor total del campo fue de 834.000 pesos. "El ingeniero Miguel tomó un crédito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires en julio de 1998 para esa compra", explicó el testigo.
"El campo se adquirió por un valor total de 836.295 pesos. En ese acto de compra-venta no se vio un solo peso en efectivo, todo se hizo con cheques", acotó.
Luego pasó ante el Tribunal Juan Carlos Bonda, quien dijo que el 14 de agosto de 1994  había comprado a un hombre de apellido Alezo, una propiedad de 187 hectáreas, al norte de Rufino, y que por ellas pagó 150.000 pesos.
Consultado si esa propiedad era de Abel Miguel, respondió que siempre se contactó con Alezo, con quien hizo la transacción, y que a Miguel no lo conocía. Aunque había escuchado comentarios de que Alezo y Miguel eran socios.
Antes de pasar a un cuarto intermedio, en tanto, declaró el vecino de Junín Martín Agosti (ver aparte).
Luego de un cuarto intermedio declaró el doctor Eduardo Minervino, quien fue durante la extensa gestión de Abel Miguel secretario de Hacienda, luego concejal y, por último, secretario de Gobierno.
En cuanto a si llevó adelante un legajo respecto a la presentación de declaraciones juradas y un retraso de la misma por parte del ex Intendente, respondió que no lo recordaba.

Tasadores

El ingeniero agrónomo Javier Peracca, trabajador del Departamento de Tasación del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre 1993 y 2006, atestiguó que en 2001 tasó el campo de General Villegas, una extensión de 521 hectáreas, comprado por Abel Miguel en 1998.
Dijo que él hizo dos tasaciones, una en junio y otra en julio de 2001. En junio tasó el campo, parcialmente anegado, en 570.000 pesos (1.030 pesos la hectárea).
Apuntó que el 11 de julio del mismo año, hizo otra tasación aclarando que el precio dado por otro colega al mismo campo, pero en 1998, era superior al del 2001, por la inundación que cayó a principios del siglo XXI en la zona. "Si no hubiera tenido anegamiento podría llegar a valer el valor de plaza, que en 1998 era de 1.600 a 1.700 pesos la hectárea", afirmó.
El agrimensor Jorge Mario Ochoa declaró a continuación y manifestó que hizo la tasación del mencionado campo a pedido del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Dijo que cuando hizo esta tasación, dicho coeficiente fue aceptado por el Banco Provincia, y por ende su tasación también.
Aldo Aldabe, ingeniero agrónomo, dependiente del Banco Provincia, dijo ante el Tribunal que para las tasaciones no había método único, que se utilizaba el más conveniente según lo creía el perito que interviniera.
Otro de los testigos que declaró fue Fernando Carnelli, martillero público, quien corroboró la firma de una tasación incluida en los expedientes de la causa que se ventila.
También hizo lo mismo Norberto García, administrativo del Ministerio de Asuntos Agrarios, que firmó documentación referente a la declaración jurada de productores que tenían afectadas sus tierras por la emergencia agropecuaria.
Por su parte, Juan M. García dijo que en julio de 2002 era jefe de Catastro de la Municipalidad de General Villegas, secretario de la Comisión de Emergencia, y quien recibía las declaraciones juradas de los productores con campos anegados.
Señaló que estos trámites eran luego elevados a Asuntos Agrarios bonaerense. Coincidió con el testigo anterior en decir que la Comisión de Emergencia local constataba la afectación de campo, en cuanto a anega-mientos e inundación. Consultado sobre quiénes integraban las comisiones de emergencia, dijo que estaban representantes de los Bancos Provincia, Nación, y otras instituciones locales.

Declaración jurada

El último testigo fue José Erregue, policía local que firmó el acta de secuestro de documentación, referida a declaraciones juradas de Miguel, trámite efectuado en el 5º piso de Tribunales. Apuntó que esa documentación fue llevada a ese lugar por el entonces contador del intendente Abel Miguel, Aldo Basagaesteguy.