Un contador del Tribunal de Cuentas negó que Abel Miguel hubiera cometido algún delito

Ayer, otra vez con escaso público en la sala de audiencia del 4º piso de Tribunales –mucho más chica que la del 6º donde se desarrolló la primera sesión el jueves último–, prosiguió el juicio oral y público al ex intendente Abel Paulino Miguel.
La carátula de la causa es “Enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos” y el denunciante es Carlos A. Benítez, empleado municipal durante parte de la gestión del imputado.
El Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Junín, compuesto por los doctores Karina Piegari (presidente), Andrés Francisco Ortiz (vicepresidente) y Miguel Angel Vilaseca (vocal), escuchó atentamente en una jornada marcada por los testimonios que surgieron a partir de las preguntas del fiscal Angel Quidiello, del doctor Manuel Gutiérrez, abogado del denunciante, y del doctor Darío De Ciervo, letrado del acusado.
Prestó declaración el contador Daniel Caputo, quien fuera miembro del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires en la época en que Miguel era intendente y que ahora, desde hace seis años, está jubilado.
El testigo respondió sobre las sentencias para el pago de multas y cargos referidas al desempeño administrativo de Miguel como intendente de Junín. Señaló que la mayoría de las sentencias estaban firmes, aunque podían estar en revisión sobre algún punto.
Respecto a si el ex intendente había pagado las multas y cargos impuestos desde el 84´ hasta el 2003, Caputo dijo que si no lo hubiera hecho ahora tendría cédulas de notificación. Y agregó que Miguel cumplió con la mayoría de los importes correspondientes.
Acotó que si algunos expedientes habían pasado a Fiscalía o a la Suprema Corte de Justicia era porque quizás habría quedado alguna multa o cargo pendiente. Y sostuvo, ante una pregunta del doctor De Ciervo, que en principio no se descubrió delito alguno y para ello destacó un informe del doctor Giuliano, jefe de Asuntos Jurídicos del Tribunal de Cuentas.
Incluso se reveló que la intervención de Giuliano llegó a partir de una denuncia presentada por Benítez.

Otros

A continuación pasó ante el estrado Miguel Enecoiz, a quien se le preguntó si Abel Miguel integraba una sociedad comercial para la firma que él regenteaba. El testigo respondió que no, que él estaba en tres firmas comerciales –conocidas en Junín– y que en ninguna estaba integrando la sociedad el ex intendente.
Tras desistir de los testigos Hugo Tudisco y Claudio Camilo, tanto la parte acusatoria como el defensor, el Tribunal hizo pasar a Antonio Rodríguez Alvarez, tío y tutor de dos jovencitos que recibieron un campo de 522 hectáreas como herencia, que estaba a punto de ser rematado a causas de las deudas y fue vendido a Abel Miguel por 800.000 pesos en el año 1998.
Según lo explicado en la sala por el mencionado testigo, oriundo de Río Cuarto, provincia de Córdoba, dicho campo estaba en Villa Saboya, partido de General Villegas, provincia de Buenos Aires. Señaló que en aquella oportunidad hubo una negociación con Miguel, recibiendo como anticipo 250.000 pesos en diciembre de 1997, en forma de arrendamiento, por contrato ante escribano público.
Agregó que el resto del valor del campo se pagó en Buenos Aires, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Allí Miguel pagó en cheques. La escrituración del campo en Villa Saboya se hizo el 3 de julio de 1998.
Luego se presentó como testigo Juan Ponce, peón rural, analfabeto, que al ser preguntado por la acusación, dijo que había visto dos veces al ex intendente en un campo cercano a donde él trabajaba.
El peón manifestó que desde el ´96 al 2003, él había estado trabajando en el campo La Providencia, pero en la audiencia de la víspera, al menos, no pudo saberse dónde quedaba ese campo.

Tras el receso

Luego de un cuarto intermedio, declaró como testigo el inspector Víctor Canosa, quien trabajaba por entonces en la DDI de Junín, y fue interrogado sobre un allanamiento en la casa de Abel Miguel.
El policía dijo que en esa oportunidad la orden era retirar del domicilio unos títulos de propiedad de un campo y una casa.
A continuación atestiguó el gremialista Héctor Azil –actual presidente del partido Justicialista–, quien fue consultado sobre un episodio ocurrido en el 2001-2002, en plena crisis económica y financiera en nuestro país. Según el testimonio, Azil solicitó al entonces intendente que destinara parte de una partida presupuestaria al Comité de Crisis, a lo que Miguel se negó.
También brindaron sus testimonios el fomentista Osvaldo Giapor y la ex concejal socialista María Laura Tortoriello, que aparentemente estaban en la misma reunión donde Azil le hizo ese pedido al entonces intendente. Ante la requisitoria de la fiscalía y del abogado de Benítez, los dos nombrados manifestaron no recordar algunos detalles.
Esto originó una reacción en el doctor Gutiérrez y pidió procesarlos por falso testimonio, ocultamiento o reticencia a decir la verdad, que en esta etapa del juicio fue denegado por Tribunal.