La Provincia pagaría en dos veces la deuda con los transportistas escolares

Hoy a las 10 de la mañana se realizará una reunión convocada por el presidente del bloque de concejales "Tres Banderas", Andrés Rosa, con padres de alumnos de escuelas rurales, transportistas y consejeros escolares.
En la oportunidad será presentada una propuesta que recibió la secretaria general de SUTEBA, Susana Bogey, la que estará presente también en el encuentro de la mañana de hoy para comunicar las novedades a las partes interesadas.
De acuerdo a lo informado anoche a DEMOCRACIA por la misma dirigente sindical, se mantuvo un encuentro entre dirigentes de SUTEBA y el director de logística de la Dirección de Consejos Escolares, Gui-llermo Acebal.
Bogey comentó a este diario que en la oportunidad interesaron al funcionario acerca de la problemática de los propietarios de transportes escolares, que, no habiendo percibido ningún pago por sus servicios en el año en curso, debieron cortar sus prestaciones dejando a más de 150 alumnos  provenientes de comunidades rurales sin poder cumplir con la escolaridad obligatoria.
"Ante el reclamo -expresó la dirigente sindical-, el funcionario entrevistado prometió que en esta semana se estarían girando los fondos para el pago del mes de febrero, y en la primera quincena de junio los correspondientes al mes de marzo. Se aguarda con expectativa el cumplimiento del compromiso contraído", dijo Bogey a este diario.

Inquietud del diputado Abel Miguel

Por su parte, el diputado bonaerense Abel Miguel (radical en la Coalición Cívica) exigió que la Dirección General de Cultura y Educación regularice el sistema de transporte de alumnos en la provincia de Buenos Aires, y particularmente en Junín, al sostener, en un proyecto de solicitud de informes destinado a tal fin, que "no podemos poner en riesgo la asistencia de los alumnos a clase por falta de transporte, más aún cuando el dinero para abonar la deuda con los transportistas y que motivó la paralización del servicio, está presupuestado".
El legislador también inquirió sobre los motivos de la paralización de las obras en las escuelas de Arte "Xul Solar", la Nº 18 "Domingo Faustino Sarmiento" y del reinicio de las obras en la Media Nº 1 "Manuel Dorrego", todas de Junín.
Mediante un proyecto de solicitud de informes presentado este jueves en la Cámara Baja provincial, Miguel le pidió al Poder Ejecutivo que, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, informe "las razones por las cuales se suspendió el pago a transportistas que cubren el servicio en el traslado de alumnos de escuelas rurales, fecha de instrumentación de la medida y de la posible regularización, cantidad de alumnos afectados por la decisión, detallando las localidades comprendidas, si es cierto que en el partido de Junín los afectados serían 150 alumnos y que la deuda comprende los meses de febrero a mayo de este año", entre otros puntos.
El legislador sostuvo que "nos hacemos eco de la petición de decenas de padres y ejercemos nuestra obligación para que la gestión política educativa provincial explique las razones que motivaron a que desde el mes de febrero hasta el presente los empresarios del sector hayan dejado de percibir sus contratos, razón por la cual hoy no prestan el servicio".
"Vale recordar -sostuvo Miguel- que en muchos casos, como el de la Escuela Nº 7 de Junín, existía el compromiso de la cartera educativa de garantizar el transporte de alumnos en razón de los cambios curriculares que se fueron operando y las distancias entre los establecimientos".
Interesa conocer los motivos del no pago y la afectación al servicio educativo de la medida, pero además "la fecha de regularización que entendemos debe serlo a la brevedad, y qué destino se le dio al dinero ya presupuestado para ese fin".
Además, Miguel manifestó que "en estos tres establecimientos (mencionados anteriormente) las obras previstas se han dejado de ejecutar, con las consecuencias directas que ello tiene para el desarrollo normal de las actividades de los establecimientos educativos, y con el agravante que en sendos casos la ejecución lleva un prolongado período de tiempo que se ha excedido en los plazos originales en más de dos años".