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PRESIDENTE DEL CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS

Héctor Sauret: “Los dirigentes son quienes tienen que actualizar su vínculo con la sociedad”

El constitucionalista señaló que “los temas de honradez, de buena fe y transparencia son garantías de carácter global e internacional y la Argentina los ha asumido como consecuencia de la reforma constitucional de 1994”.

La “imprescriptibilidad de los delitos económicos en la administración pública” fue el tema central de la conferencia brindada por los especialistas Héctor Sauret y Juan Ovidio Zavala, en la inauguración el viernes de la cátedra libre Arturo Frondizi en la Unnoba.
Los oradores visitaron “Democracia” antes de la conferencia y fue entrevistado Héctor Sauret, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay y presidente de las Universidades Privadas.

-¿Qué motiva su visita a Junín?

-Estoy aquí por la puesta en marcha de la cátedra Frondizi en la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires. Se trata de una circunstancia muy importante, que habla de una universidad abierta, dialoguista, fundamental para el desarrollo de la vida del país.
El tema que yo trato, acompañando a un gran jurista como es Juan Ovidio Zavala, versa sobre la significación que adquieren en la vida política de la República los principios de honradez, transparencia administrativa y responsabilidad frente a la corrupción.
Acompañamos a Zavala en su trabajo sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad económica. Esto está respaldado en una tesis muy importante, apoyada sobre una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que declara la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, argumentando que son delitos constitucionales. Esta es una apreciación interesante, que ya había sido anticipada por Zavala en un estudio de derecho comparado muy valioso.
La cátedra Frondizi puede aportar soluciones muy valiosas a problemas que existen en el país hace más de 100 años. Arturo Frondizi se ha caracterizado por administrar con honradez y cuando fue cuestionado, por ejemplo, por los contratos petroleros firmados con compañías norteamericanas, se presenta ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que lo señalaba, para rendir cuentas. Un dato interesante es que Frondizi estuvo preso catorce veces, pero ninguna por temas de administración, sino como perseguido político.

-¿Cómo analiza el tema de la seguridad jurídica, que es clave para el derecho y su relación con la imprescriptibilidad de un delito económico? ¿Hay una valoración negativa de la Justicia por permitir que se extiendan en el tiempo las causas de corrupción?
- Arturo Frondizi nos enseñó a ver lo particular en lo general. La corrupción y la crisis de la Justicia nos preocupan, pero no podemos situarlas por fuera de una mirada global de la Nación y de la relación de la Nación con el resto del mundo.
Los temas de honradez, de buena fe y transparencia son garantías de carácter global e internacional y la Argentina los ha asumido como consecuencia de la reforma constitucional de 1994, que otorga un rango constitucional a los tratados internacionales, es decir, los reconoce como ley suprema de la Nación.
Esos tratados aparecen, entonces, como derecho positivo dentro del país. Estamos hablando de que, paradójicamente, habiendo leyes del Congreso que aprobaron las convenciones de la ONU y la OEA en contra de la corrupción, aún hoy nos encontramos con que hay jueces que están en condiciones de dictar una primera sentencia para condenar el delito, pero hay un Congreso en mora en lo que respecta a sancionar una ley que establezca las penas específicas.
En consecuencia, habría que buscar la respuesta a este problema en la debilidad de la condición humana de la dirigencia política. Los dirigentes son quienes tienen que actualizar su vínculo con la sociedad, porque son los ciudadanos los que ven frustradas sus expectativas con respecto a la dirigencia. El protagonismo de la sociedad es muy importante. Siempre lo fue, pero hoy, en esta Argentina de hipótesis de ballotage, lo es más que nunca.

-¿Qué opina de las evaluaciones Aprender que implementó el gobierno nacional?

-Estoy totalmente de acuerdo. Yo colaboro con el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, en el ámbito de las relaciones Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, acompañando al rector Guillermo Tamarit, que es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, y creemos que es muy importante que el sistema educativo argentino sea evaluado.
En 1995, el Congreso sancionó la Ley de Educación Superior, que establece la obligatoriedad de la evaluación y acreditación para la vida universitaria. La crisis central de la educación argentina no está situada en el nivel superior de la educación, sino en la base primaria y secundaria. Hay altas tasas de deserción y baja capacitación, que derivan en problemas serios de incomprensión, lectoescritura y de razonamiento, que determinan que cuando se llega a la universidad, una franja importante de los aspirantes tienen enormes dificultades para insertarse.
Entonces, esta debería ser una etapa de sinceramiento de la realidad y es un momento propicio para asumir las políticas necesarias para mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles. Hay que enfrentar de una vez por todas estas cuestiones.

-Guillermo Jaim Etcheverry, ex decano de la Facultad de Medicina de la UBA, dijo que el 25% de los mejores universitarios de Argentina están en un nivel académico inferior al del 25% inferior de al menos 30 países. ¿Qué reflexión le merece?
-La tesis de Jaim Etcheverry es compatible con el tema que plantea el ministro Bullrich, que desde que asumió, en diciembre pasado, viene sosteniendo que la Argentina muestra una alta tasa de deserción en la educación en todos sus niveles.
Y que, además, esa tasa de deserción se vuelve más contundente cuando hacemos una comparación de nuestros educandos con los de otros países del orden mundial.
Es necesario recordar que Domingo Faustino Sarmiento, poco tiempo después de asumir la Presidencia, ordenó un censo que mostró que la mayor proporción de la población argentina era analfabeta. Inmediatamente, Sarmiento resuelve un shock educativo y el país en dos décadas pasó del analfabetismo a la alfabetización.
Por supuesto, ese proceso, hoy, a 150 años de entonces, se debe repetir, pero debemos hablar ya de alfabetización tecnológica, porque el problema se ha complejizado. Estamos en un momento importante de la vida del país, muy complejo, muy contradictorio, pero con señales clave de cambio de paradigma y, en esa línea, el diálogo democrático debe mejorar.
La Argentina necesita hoy energía, pero también necesita moralidad en la función pública. La Argentina necesita hoy inversiones, pero también necesita trabajo. Y el trabajo calificado, a su vez, requiere de más educación.
Pero para una educación de calidad se necesita del esfuerzo de todas las partes: por un lado, para la formación de los cuadros docentes; por el otro, esfuerzo de parte de los alumnos, que deben dedicarse a estudiar y aprender.
Otro problema aparece cuando la escuela funciona como comedor. Si una escuela es un comedor, cumple funciones de comedor y no de una escuela. Este es un tema central en el debate de la inclusión. Las políticas inclusivas no se logran por decreto, sino que requieren del conocimiento de las nuevas generaciones.
Recuerdo ahora las palabras del gran pediatra argentino Abel Albino, según las cuales si un niño no recibe las proteínas necesarias para el desarrollo de su cerebro, entre su nacimiento y los primeros dos años de vida, ese cerebro se pierde. Y ese es el punto en el que se encuentra el país hoy, con más del 30% de sus habitantes por debajo de la línea de la pobreza. La pobreza extrema, no hay dudas, es la negación de la educación.

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