Agroquímicos: cada vez más municipios de la Provincia buscan regular su uso

La discusión por el uso de agroquímicos sigue ocupando un lugar central en la agenda política de la Provincia de Buenos Aires.
Cada vez son más las localidades del Interior bonaerense que avanzan en la sanción, a través de sus Concejos Deliberantes, de ordenanzas que fijan “superficies delimitadas de protección” dentro de las cuales se prohíbe aplicar productos para el tratamiento de cosechas, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son peligrosos para la salud de las personas que se exponen a ellos.
Junín figura entre los casi 70 distritos de la Provincia que cuentan con una reglamentación semejante. La Ordenanza Nº 6425, sancionada el 5 de noviembre de 2013 por el Concejo Deliberante de Junín, estableció una “Franja Verde”, o zona de protección, de unos 500 metros desde las áreas urbanizadas y los establecimientos educativos rurales para la aplicación de productos para el control de plagas sobre los cultivos.
Sin embargo, como informó Democracia en ediciones anteriores, se conocieron algunos casos de denuncias por presuntos incumplimientos de la normativa, que, según confiaron desde la Subsecretaría de Producción del municipio, ya ameritaron la aplicación de multas.  
Así como Junín, otras localidades transitan un camino similar. En Trenque Lauquen, por ejemplo, la organización Vecinos Autoconvocados por el Control de Agrotóxicos impulsa un proyecto de ordenanza para directamente prohibir en el distrito el uso y la comercialización de algunos herbicidas.
También en Tres Arroyos el tema está instalado desde hace algunos años, aunque sigue sin traducirse en un pronunciamiento concreto del Concejo.
En dicho distrito, la iniciativa pone el foco en el almacenamiento y el traslado de los bidones que contienen herbicidas y quedarán luego en desuso, pero se volverán residuos peligrosos para la comunidad.
“Actualmente, los municipios tienen la facultad de fijar sus propias zonas de protección, a través de sus respectivos Concejos Deliberantes, porque no existe a nivel nacional ni provincial una normativa marco, con presupuestos mínimos que definan estas cuestiones”, explicó a Democracia Marcos Villalba, abogado ambientalista y profesor de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Unnoba).
“Si recorremos cada uno de los municipios, encontraremos que cada uno estableció radios de aplicación diferentes. Algunos de 500 metros, otros de 800, otros de 1000. Sin embargo, no hay en realidad estudios que demuestren científicamente que a partir de tal o cual distancia los daños son menores o desparecen”, aclaró Villalba.
“En realidad, las zonas de aplicación deben definirse en base a criterios mucho más rigurosos que los actuales. No es sólo una cuestión de distancia, sino que también hay que tener en cuenta las condiciones climáticas, la humedad y el fenómeno de la deriva, es decir, el desplazamiento de los plaguicidas en el aire”, argumentó el letrado.

La solución pasa por la concientización
Para algunos activistas de las localidades que han registrado casos de enfermedades causadas presuntamente por intoxicación por agrotóxicos, la sanción de ordenanzas por sí sola no bastará para lograr un eficiente control de su aplicación.
“Lo único que podemos hacer es concientizar tanto a la población como a los contratistas rurales y los comerciantes sobre los graves riesgos a la salud que ocasionan los envases de residuos de agroquímicos”, expresó en diálogo con Democracia Marcela Torreblanca, doctora en educación en Ciencias y profesora de Biología de la localidad de O’Higgins.
Torreblanca viene advirtiendo desde hace varios años que hay un alto índice de casos de cáncer y otras enfermedades en la localidad, que tienen relación directa con la exposición de los pobladores a las fumigaciones con agroquímicos, muchas de ellas practicadas en campos que están a pocos metros de la zona habitada.    
“Una reglamentación que prohíba o limite su uso en realidad es muy difícil de aplicar, porque es casi imposible controlar en todos los campos de forma permanente que no haya envases de agroquímicos sueltos por ahí”, de argumentó Torreblanca.
Su visión coincide con la de Verónica Rosana, nutricionista y docente que participa en la elaboración de un proyecto de ordenanza para el municipio de Bragado, a partir de su experiencia en la localidad de O’Brien.
“En los cuarteles de los partidos es todavía más difícil llevar adelante un control sobre los radios de aplicación, porque los casos de incumplimientos rara vez toman estado público”, afirmó Rosana a Democracia. “En O’Brien al menos, que es el territorio que más conozco, se han visto a las máquinas con los envases paseándose por las calles del pueblo”, aseguró la docente.
Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sede Junín reconocen que el problema del destino de los residuos existe y que es necesario crear conciencia entre los productores agropecuarios sobre la necesidad de descontaminar los envases de agroquímicos, una vez que su contenido ha sido utilizado por completo.
“EL INTA recomienda particularmente el triple lavado, una técnica muy sencilla que consiste en llenar el recipiente luego de su aplicación con agua limpia hasta un cuarto de su capacidad, agitarlo vertical y horizontalmente y vaciarlo. Se debe repetir el proceso porque es habitual que después del uso el envase conserve un pequeño porcentaje del químico", explicó Cristian Cuervo, Técnico de Producciones Agropecuarias del INTA.
Asimismo, la entidad agropecuaria realiza periódicamente capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), destinadas a todos los actores que participan de la cadena de producción agropecuaria.
“Estas jornadas suelen realizarse en Junín una o dos veces al año, en coordinación con la Municipalidad y el Colegio de Ingenieros Agrónomos”, recordó Cristian Cuervo. “Lo que se busca es capacitar a empresas, productores y aplicadores para el lavado y reciclado de los envases luego de la utilización del producto”, agregó.
El organismo sostiene que a medida que avanza la industria se van desarrollando mecanismos de reciclaje, pero, al mismo tiempo, admite que “todavía falta mucho” para controlar completamente los riesgos de contaminación.