Piden políticas públicas que ataquen las causas que llevan a los menores a la criminalidad

Los concejales de la comisión de seguridad del Concejo Deliberante recibieron a funcionarios judiciales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quienes explicaron a los ediles detalles de funcionamiento de esta área de la Justicia en nuestra ciudad –que fue puesta en marcha el 28 de noviembre del año pasado- y la participación de menores en hechos delictivos.
Silvio Echarri, defensor oficial del fuero penal juvenil en nuestra ciudad -que calificó a la reunión como “positiva”-, comentó que a los concejales se les informó sobre las características del proceso penal juvenil, sus particularidades, a la vez que mencionó que “hubo aspectos relevantes de la reunión como la consulta con relación a estadísticas de participación en hechos de-lictivos de los menores”.
Echarri ponderó que con los concejales se hizo hincapié en profundizar la prevención que “redundará en una baja en la criminalidad y concretamente la delincuencia juvenil. Para ello se habló sobre la necesidad de ampliar los programas destinados a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad social, a través de la acción conjunta de los servicios locales de promoción y protección de los derechos del niño y del servicio zonal dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires”.
Consideró que “se debe tratar verdaderamente a la problemática de la niñez y la adolescencia como política de Estado, alejado de todo interés sectorial o espurio para darle una solución verdadera a este sector tan desvalido y desprotegido de nuestra sociedad”.

Debate en la sociedad y en el Congreso

En declaraciones radiales explicó que el fuero fue creado en la provincia de Buenos Aires por la ley 13.634, y “modifica una anterior legislación y la adapta a la normativa constitucional y los pactos internacionales. En algunos aspectos, esta legislación es discutida y debatida por la sociedad, sobre todo en lo relacionado con la franja de jóvenes menores de 16 años que, últimamente, ha cometido hechos delictivos de extrema gravedad con violencia”.
Echarri dijo que ante estos episodios se comenzó con el debate en el Congreso de la Nación de una nueva ley penal juvenil de alcance nacional, mencionando que “uno de los puntos más salientes es la baja de la imputabilidad legal de los menores, de 16 se reduciría a los 14 años, en un intento por responder a la demanda social de una mayor represión y tal vez una mayor mano dura”.
Opinó el funcionario judicial que “la ley es un mero instrumento y una herramienta que opera como ordenador y normatizador de las relaciones sociales pero que de ninguna manera, por sí sola brinda una respuesta directa a los problemas sociales que pueden llevar al delito”.
“Bienvenida sea esa legislación penal juvenil de alcance nacional que se está debatiendo en estos momentos, pero debe ir acompañada de políticas públicas activas, serias, comprometidas, firmes, alejadas de todo tipo de intereses espurios, sectoriales o especulativos y que ataquen las causas mediatas que llevan  a la criminalidad”, resaltó.
Asimismo bregó para que esas políticas demandadas “permitan incluir en el sistema a millones de compatriotas que tienen carencias económicas y básicas insatisfechas y concretamente, a millones de niños y adolescentes en esa situación, con el fin de que los mismos gocen de un nivel de vida digno con los derechos y garantías básicos satisfechos, conforme demanda nuestra Constitución Nacional”.

Participación en delitos

Al referirse a la participación delictual de menores, Echarri sostuvo que “si bien en el Departamento Judicial Junín no contamos con una estadística debido a que el fuero comenzó a funcionar hace cinco meses atrás, por lo que vemos a diario, puedo afirmar con total certeza que la incidencia de menores de edad en conflicto con la ley penal por hechos delictivos, es muy bajo”.
“Es baja su participación con relación a delitos de extrema gravedad o con empleo de gran violencia”, afirmó.