POLEMICA CON EL GOBIERNO PROVINCIAL

La lucha contra la droga en su peor momento: los C.P.A. denuncian una situación crítica

Los reclamos de las instituciones que tratan adictos de la región se basan en el retraso de hasta 5 meses en los pagos de honorarios, la imposibilidad de internar pacientes que lo necesitan y los diferentes criterios de abordaje entre el ejecutivo provincial y los profesionales.

Una nueva campaña publicitaria del Gobierno de la provincia de Buenos Aires explica detalladamente la cantidad de dosis de drogas secuestradas por las fuerzas de seguridad, el número de personas relacionadas con el narcotráfico que fueron detenidas y los operativos que se llevaron a cabo gracias a los llamados telefónicos al 911.
Mientras tanto, los entes encargados de la atención de adictos están en medio de una profunda crisis.
En los Centros Preventivos Asistenciales (CPA), organismos provinciales en los que se atienden a las personas con problemas de adicciones hay profesionales que están hasta 5 meses sin cobrar -por lo que llevaron a cabo una medida de fuerza durante la última semana-, hay problemas edi-licios -algunos hasta fueron cerrados por la falta de pago del alquiler- , y faltan lugares disponibles para pacientes que requieran una internación.
También las instituciones donde se internan a los pacientes que lo necesitan, ya sea las que dependen directamente de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones (SADA) o las privadas que tienen convenio firmado con el Estado provincial, atraviesan una situación conflictiva en la que reclaman el pago de becas que arrastran varios meses de atraso.

Falta de pago

"No permitiremos que la droga destruya el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y jóvenes", sostuvo el gobernador Daniel Scioli en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, hace un mes. Sin embargo, la actualidad de los CPA de su propia provincia, parecen desmentir tal afirmación.
El doctor Alberto Ghiorzi, abogado de todos los CPA de la Región Sanitaria Tercera, asegura que la situación es preocupante: "Los profesionales que le facturan honorarios a la SADA no están cobrando. En esta Región la mayoría de los empleados está en planta permanente, pero en otras regiones, principalmente en el Gran Buenos Aires, hay muchos profesionales que están bajo ese régimen y hace más o menos 4 ó 5 meses que no están cobrando nada, eso mismo ocurre con los profesionales de Junín".
Además, los inconvenientes también se dan en cuestiones edilicias: "Algunos alquilan los inmuebles, en el caso de Junín no porque es un edificio municipal. En los lugares donde se alquila, la Subsecretaría ha dejado de pagar los alquileres, y los que deben dar la cara son los profesionales. Es más, hay un CPA que no tiene agua potable".
En estas condiciones, la lucha contra la droga que propone Scioli se hace muy difícil. Por eso en la última semana se realizaron medidas de fuerza. "Hicimos un paro activo -cuenta Ghiorzi-, o sea que estuvimos en los lugares de trabajo y le explicamos esta situación a pacientes y familiares. El CPA no se cerró, pero en otras oportunidades en que se hizo paro sin venir a trabajar, hubo que reprogramar turnos".

Sin vacantes

En el discurso en la Legislatura provincial citado anteriormente, Scioli afirmó que escucha las voces de las madres de los jóvenes "esclavizados" por el consumo de droga, que le piden que "no afloje en esta pelea".
Los que dicen no ser escuchados son los que tienen que derivar a un paciente para internarlo en una institución, ya que las vacantes no están disponibles. Ghiorzi cuenta un caso que ilustra lo que ocurre en la actualidad: "Nosotros en otro día mandamos desde acá todos los papeles a la SADA para que desde La Plata se otorgue un lugar en alguna de las comunidades o en alguno de los lugares que puede ser de la Subsecretaría o que tengan convenio con la ella, pero nos devolvieron esos papeles y nos dijeron que solamente estaban internando cuando había una intimación judicial y si el paciente estaba en riesgo para sí mismo. Fue algo que nos sorprendió porque la persona encargada de la parte de internaciones, que es una psiquiatra, nos llamó muy preocupada, como desbordada, porque ahí se centralizan todos los pedidos de internaciones de todos los CPA de la Provincia. Estaba muy afligida porque decía que no tenía lugares de internación porque las becas que da la Subsecretaría no se estaban pagando".
No todos los pacientes son internados. Debe haber una evaluación de los profesionales del CPA que concluya que el lugar indicado para tratar su patología adictiva es en una institución que trabaje con modalidad de internación. El hecho que refiere Ghiorzi era el de una persona con criterio de internación, que no pudo ser alojado en ninguna comunidad.
Y no se trata de un caso aislado. Fuentes del CPA que pidieron reserva informaron que se calcula que hay unos 200 casos similares en toda la provincia que quedaron a la espera de una vacante para ser internados.
Los lugares no están disponibles porque el panorama en las comunidades terapéuticas no es mejor. Según un relevamiento que realizó el diario "Perfil" hace menos de un mes, "en las 25 entidades que reciben las becas de la SADA, se evidenció un retraso de cuatro, cinco y hasta seis meses en el pago de los montos" que les corresponde.
Otro ejemplo aportado por Ghiorzi permite entender cómo están estas instituciones: "En la comunidad terapéutica Santo Tomás, que está en Carlos Casares, en este momento hay muy pocos pacientes pero no saben cómo hacer para darles de comer porque no reciben dinero, inclusive los profesionales que atienden le facturan a la SADA, o sea que no están cobrando, así que los pacientes internados están a cargo de un solo operador".

Diferentes criterios

"La droga es la raíz del delito". Este slogan es el que cierra la nueva publicidad del Gobierno de la provincia. Es precisamente en esa frase donde radica la diferencia de criterios a la hora de abordar el tema de las adicciones, entre el Poder Ejecutivo bonaerense y muchos profesionales que trabajan en esta problemática.
Scioli ya adelantó que está evaluando una modificación en la estructura ministerial, en la que propondrá la creación una secretaría que se dedique al tema de las adicciones. Este punto es el que objetan desde el CPA.
Ghiorzi explica que "los profesionales del CPA de Junín y de la región no estamos de acuerdo porque la adicción es una patología y como tal creemos que debe seguir estando en el ámbito de la salud. El abordaje que hacemos es desde la enfermedad, osea que, si bien somos auxiliares de la Justicia y de la Policía, en realidad nuestro objetivo es tratar al adicto como una persona enferma. Aparte se vislumbra que el Gobernador no hace referencia a la red pública de atención a las adicciones, en general no habla de los CPA, cuando habla de adicciones habla de la persecución del narcotráfico. Al convertirse en secretaría pasaría a depender directamente de la gobernación y nosotros no tenemos que ver directamente con la persecución del narcotráfico. Nos preocupa que no se haga mención a la tarea que se realiza".
Algunas versiones indican que esta puja está dada por una disputa interna entre el ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, y la subsecretaria de Atención a las Adicciones, María Graciela García.
Mientras tanto, los que están en el medio del conflicto, los que sufren las consecuencias de estos problemas, son los adictos. Los "esclavizados" por el consumo, como los definió el Gobernador.

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