El “ciber gulag”: cómo el Kremlin vigila a los rusos

Incluso cuando Yekaterina Maksimova no puede llegar tarde, la periodista y activista evita tomar el  metro de Moscú, aunque probablemente sea la ruta más eficiente. 

Esto se debe a que, en el último  año, ha sido detenida cinco veces allí, gracias a un omnipresente sistema de cámaras de seguridad con  reconocimiento facial. Cuenta que  la policía le decía que las cámaras  simplemente “reaccionaban” a su  paso, activando un alerta, aunque a menudo los mismos agentes no  parecían entender el motivo y la  dejaban ir tras unas horas. 

“Parece que estoy en algún tipo de base de datos”, opina Maksimova, que antes había sido arrestada en dos ocasiones: en 2019 tras participar en una manifestación en  Moscú y un año más tarde por su  activismo medioambiental.  Para muchos rusos como ella,  cada vez es más difícil evitar el escrutinio de las autoridades, con el gobierno monitoreando de forma activa las cuentas en redes sociales y empleando cámaras de seguridad contra los activistas. 

Incluso una plataforma elogiada en su día por los usuarios por facilitar las tareas burocráticas está siendo empleada como una herramienta de control: las autoridades  planean utilizarla para entregar las notificaciones para reclutamiento, frustrando así una táctica popular entre quienes quieren esquivar el  llamado a filas, de evitar que se les entregue la documentación en persona. 

Los activistas sostienen que, bajo el mandato del presidente Vladímir Putin, Rusia ha aprovechado la tecnología digital para rastrear, censurar y controlar a la población,  construyendo lo que algunos llaman un “ciber gulag”, una oscura referencia a los campos de trabajo donde se encerraba a los prisioneros políticos en la época soviética. 

Es un territorio nuevo, incluso  para una nación con un largo historial de espionaje a sus ciudadanos. “El Kremlin se ha convertido de facto en el beneficiario de la digitalización y está utilizando toda oportunidad para la propaganda estatal, para vigilar a la población,  para romper el anonimato de los usuarios de internet”, afirma Sarkis Darbinyan, jefe legal de Roskomsvoboda, un grupo ruso de libertad en internet al que el Kremlin considera un “agente extranjero”.

Aumento de la censura 

La aparente indiferencia del  Kremlin hacia la vigilancia digital  pareció cambiar tras las protestas masivas de 2011 y 2012, que se coordinaron por internet, lo que llevó a las autoridades a endurecer sus  controles en línea. 

Algunas regulaciones les permitían bloquear páginas web y otras obligaban a los operadores de telefonía móvil e internet a almacenar  los registros de llamadas y mensajes, para compartir la información  con los servicios de seguridad si era necesario. Las autoridades presionaron en vano a empresas como  Google, Apple y Facebook para que guardaran los datos de sus usuarios en servidores rusos y anunciaron sus planes para construir un  “internet soberano” que, en caso de necesidad, se podría aislar del resto del mundo. 

En ese momento, muchos expertos calificaron estos esfuerzos de inútiles, y algunos siguen pareciendo ineficaces. Puede que las medidas rusas no parezcan más que una  simple cerca comparadas con el gran cerrojo chino, pero la represión online del Kremlin ha ganado impulso. 

Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la censura en línea y el procesamiento judicial por publicaciones y comentarios en redes sociales despuntaron de tal forma que batieron todos los récords existentes. 

Según Net Freedoms, un destacado grupo de defensa de los derechos en internet, más de 610.000 cibersitios fueron bloqueados o eliminados por las autoridades en  2022, el récord anual en 15 años, y 779 personas fueron acusadas por comentarios y publicaciones, otro  récord. 

Un factor importante fue la ley adoptada una semana después de la invasión que penaliza el sentimiento antibélico, advierte el presidente de Net Freedoms, Damir  Gainutdinov. Además, prohíbe la  “difusión de información falsa” o “desacreditar” el ejército, por lo que se utiliza contra quienes se oponen  públicamente a la guerra. 

Human Rights Watch citó otra  ley de 2022 que permite a las autoridades “cerrar extrajudicialmente medios de comunicación y bloquear  contenidos en internet por difundir ‘información falsa’ sobre la conducta de las Fuerzas Armadas de Rusia u otros organismos estatales en el extranjero o por propagar llamadas a sancionar a Rusia”. 

Las estrictas leyes contra el extremismo aprobadas en 2014 se centraron en las redes sociales y en los mensajes online, lo que derivó en  cientos de casos penales por publicar textos, compartirlos y expresar  apoyo. La mayoría afectaron a usuarios de la popular plataforma rusa  VKontakte, que supuestamente colabora con las autoridades. A medida que crecía la represión, las autoridades pusieron la vista también en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Casi una semana después de la invasión, Facebook, Instagram y Twitter fueron  bloqueados, pero sus usuarios seguían siendo denunciados.