El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó ayer la disolución de la Asamblea Nacional horas después de que el Parlamento le iniciara un proceso de juicio político, una decisión polémica que implica la celebración de nuevas elecciones generales en pocos meses y que, hasta entonces, lo habilita a gobernar por decreto.
La medida del impopular mandatario, a quien el Parlamento estaba enjuiciando por presunta corrupción, fue rechazada por el expresidente de izquierda y líder opositor Rafael Correa, que acusó a Lasso de “golpe de Estado”, y por el poderoso movimiento indígena ecuatoriano, que dijo que estudiará qué respuesta da a la decisión.
Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía avalaron rápidamente la legalidad de la mediada de Lasso en un video en el que advirtieron que actuarán con firmeza ante protestas, mientras que policías antimotines tomaron control del edificio de la Asamblea Nacional y los legisladores solo podían retirar sus pertenencias a través de un tercero.
En un mensaje a la Nación, Lasso dijo que, en virtud de una atribución constitucional conocida popularmente como “muerte cruzada”, firmó un decreto que disuelve la Asamblea Nacional y le da poderes para gobernar por decreto hasta las próximas elecciones, que, por ley, deberían celebrarse antes de octubre.
Lasso acusó al Parlamento de querer “desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado” y dijo que tomó la decisión “por grave crisis política y conmoción interna”, una de las causales contemplada para invocar el artículo 148 de la Constitución.
En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el aumento del costo de vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno de derecha y dar una oportunidad a la izquierda, que domina el Congreso, para recuperar fuerzas.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días, tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que comenzó en 2021 y termina en 2025. A su vez, la ley ecuatoriana indica que el plazo ordinario para que se realice un proceso electoral luego de su convocatoria es de 120 días, es decir cuatro meses.
Sin embargo, en el caso extraordinario de la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral puede disponer la realización de las elecciones en un plazo menor a 90 días, contados a partir de la convocatoria, con lo que los comicios no deben realizarse más allá de septiembre.
Correa tildó de “ilegal” y de “golpe de Estado” la decisión de Lasso, pero matizó que su decisión abría una “gran oportunidad” para deshacerse de su Gobierno y “recuperar la Patria”.
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